La propiedad privada es
sinónimo de posibilidad de decisión del ciudadano. Algo que cada día gusta
menos en las castas políticas.
Es lo que hay. Sólo se
escuchan proclamas por todos lados "en defensa de lo público",
mientras hay continuos ataques a la sanidad privada, a la educación privada y
al ahorro. A lo que pertenece, realmente, a la sociedad. Hurtándose posibilidad
de decisión al ciudadano, en favor de la casta política.
Ahora mismo, se está
debatiendo el cálculo del periodo para la pensión pública, y la filtración de
que puede incrementarse en 10 años enfureció al ministro Escrivá. Sea lo que
sea, parece claro que Bruselas nos va a imponer condicionalidad si queremos que
sigan financiándonos nuestra deuda, que es con la que pagamos nuestro gasto
público. No hay que ser un genio para verlo: las pensiones son más de 10.000
millones de euros al mes. La mayor partida de gasto (un 40% aproximado de los
Presupuestos), hasta más de 144.000 millones de euros, lo cual supone más del
11% sobre PIB, y el propio Escrivá prevé que llegará sin problemas al 15%.
Un dineral, complejo de
financiar en una economía en la que no se ven vectores de crecimiento pujantes.
Las empresas Ibex despiden a la gente y presentan resultados para llorar, el
paro sube, ¿qué recaudación fiscal puede esperarse a medio plazo? La pyme ni
está ni se le espera.
Pues, además de esto, se
baja la aportación máxima a los planes de pensiones privados hasta unos casi
testimoniales 2.000 euros, manteniendo la sanción al exceso del límite, dándose
la situación kafkiana de tener el sistema público de pensiones en entredicho
por su complicadísima financiación y a la vez se prohíbe de facto aportar más
de un pequeño límite a la previsión privada.
Mientras tanto, se siguen
escuchando proclamas de nacionalización como quien no quiere la cosa. Proclamas
muy gratuitas y desde el desconocimiento, algo habitual en la estructura podemita.
Si en el programa electoral el objetivo eran las eléctricas, ahora no dudan en
hablar de las empresas farmacéuticas. Así es: sostienen sin rubor que las
vacunas se han desarrollado gracias a la sanidad pública, y si hay problemas en
la distribución, habrá que expropiar. Por cierto, no hace falta aclarar que lo
público siempre tiene que ser de izquierdas., Si se construye un hospital
Zendal, hay que desprestigiarlo todo lo que se pueda, o boicotearlo.
Sanidad y ahorro, nunca
privados. Y con la educación no terminan de atreverse del todo, porque hasta el
político más inepto se da cuenta de que como se retiren los conciertos a la
escuela, la enseñanza pública colapsaría en el acto. Cuidado: lo mismo ocurre
con la sanidad, aunque haya voces obtusas que critiquen que los centros
privados hagan test Covid, etcétera.
Se realizan proclamas de
subidas de impuestos a los ricos, mientras se evita el debate de la asfixiante
fiscalidad en España, donde coexisten impuestos directos, indirectos y dobles
imposiciones por doquier. Meternos la mano en el bolsillo es la mejor manera de
retirarnos opciones de decisión. Amancio Ortega en un cortijero que hace
donaciones de señorito y los Gobiernos deben tener más resortes en la economía
para decidir sobre nosotros, según sostienen Iglesias y le secunda Irene
Montero.
Las apelaciones fiscales por
vía del patriotismo reflejan que los políticos son una casta dedicada a regir
nuestros destinos, en lugar de administrar un presupuesto bajo la rendición de
cuentas a la sociedad.
Claro que no es sólo en
España. Ese Foro de Davos que nos quiere acelerar una agenda que nadie les ha
solicitado o ese pool de gobernantes populistas en Latinoamérica tan del gusto
de Zapatero son sólo más ejemplos de las actuales tendencias, que buscan más
control político y menos de la sociedad, a quien hay que quitarles sus palancas
de decisión con impuestos y dádivas públicas.
