La Ley de Memoria Democrática reconocerá a etarras muertos o encarcelados como víctimas de la sociedad. Además tendrán que ser indemnizados y pensión máximo (2.800 euros/mes). Algunos socialistas van a votar en contra.
La semana que viene, tras el
Debate del estado de la Nación, el Congreso aprobará la ley de Memoria
Democrática, que sustituye a la ley de Memoria Histórica aprobada en 2007
durante el gobierno de Rodríguez Zapatero.
juanpardo15@gmail.com
https://blogdejuanpardo.blogspot.com/
Esta nueva ley se aprobará
con los votos en contra del PP, Vox y Ciudadanos. Es decir, que se trata de una
norma que carece de consenso político y que no cuenta con el respaldo de la
mitad de los ciudadanos (incluso de una mayoría si atendemos a las últimas
encuestas).
Para sacarla adelante ha
sido clave el apoyo de EH Bildu, partido que sigue sin condenar a ETA. La
condición que ha puesto el grupo liderado por Arnaldo Otegi para darle sus
votos a la propuesta del Gobierno es que la investigación de los crímenes del
franquismo se prolongue hasta el 31 de diciembre de 1983, fecha en la que ya se
había aprobado la Constitución (1978) y gobernaba en España Felipe González. El
asunto es meter a los GAL en el ajo. Hay que recordar que, por ejemplo, Segundo
Marey fue secuestrado en diciembre de ese año. Pero también hay que añadir que
el ex ministro del Interior, José Barrionuevo, y el ex secretario de Estado de
Seguridad, Rafael Vera, ya fueron condenados por ello.
Fuentes del Gobierno se han
apresurado a puntualizar que la investigación sobre esos hechos «no tendrá
consecuencias penales». Menos mal. Un poco más en la cesión a EH Bildu y vemos
sentado en el banquillo al mismísimo González.
La clave, no nos engañemos,
de este nuevo bodrio no es buscar criminales franquistas aún vivos, cosa que
rayaría lo sobrenatural, sino modificar, erradicar, la base política sobre la
que se edificó la Transición política. Es decir, establecer un nuevo relato en
el que se determina con claridad meridiana quiénes fueron los buenos y quiénes
los malos.
Lo dijo sin pelos en la
lengua Mertxe Aizpurua, portavoz de EH Bildu en el Congreso, en una entrevista
para Hamaika Telebista: «Hemos abierto un camino para poner en jaque el relato
de la Transición».
Este revisionismo histórico
tiene como objetivo colocar al centro derecha al otro lado de la legitimidad
democrática. Y eso no tiene que ver con el pasado, sino con el más grosero
presente.
La finalidad de esta ley no
es consensuar un relato de hechos, sino situar a la derecha lo más cerca
posible del dictador para deslegitimarla
El Gobierno (no olvidemos
que Félix Bolaños es, además de ministro de la Presidencia, ministro de Memoria
Democrática) ha negociado hasta el agotamiento con EH Bildu. E incluso con ERC,
que le ha negado su voto porque entre sus pretensiones estaba la de borrar de
un plumazo la ley de Amnistía de 1977. Sin embargo, no ha destinado un segundo
a pactar con el principal partido de la oposición una norma que establecerá un
relato oficial (que se llevará a la enseñanza en la ESO y en el Bachillerato)
de lo que sucedió en España desde 1936 hasta 1983.
No sólo es una barbaridad,
sino un insulto a las víctimas de ETA, organización que no aparece en esa
auscultación a los ataques a los derechos humanos. Existen los GAL, pero no
ETA. A esto se le llama falsificación histórica.
Han pasado ya 47 años desde
la muerte de Franco y, por tanto, hay perspectiva suficiente para abordar lo
que significó la dictadura. Establecer que el levantamiento militar fue un
golpe de Estado, que durante casi 40 años se vulneraron en España los derechos
y libertades, se torturó y se persiguió a la oposición democrática, es de
justicia. Reconocer el expolio, crear centros de interpretación histórica,
rebautizar el Valle de los Caídos… son iniciativas que no tienen por qué abrir
una brecha entre la izquierda y la derecha.
Pero es que a Pedro Sánchez
una ley de Memoria Democrática de consenso no le interesa. Su fin, insisto, no
es consensuar un relato de hechos, sino fabricar una imagen de la derecha lo
más próxima posible a la figura del dictador, para deslegitimarla.
El ideólogo de la teoría que
consiste en arrinconar a la derecha para que el PSOE capitanee una mayoría
social en compañía de la extrema izquierda y los independentistas no es otro
que Rodríguez Zapatero.
Es verdad que la nueva ley
de Memoria Democrática surge de un compromiso programático con Podemos, pero
también lo es que Sánchez sólo ha cumplido los acuerdos que a él le
interesaban.
La influencia del anterior
presidente socialista en este Gobierno es cada día mayor. No sólo ha colocado a
hombres suyos, como Oscar López o Antonio Hernando, en el núcleo duro de
Moncloa, sino que él mismo se ha convertido en el mejor propagandista de las
políticas del Gobierno. Parece increíble cómo cambian las cosas. Zapatero, que
hizo todo lo posible para echar a Sánchez del PSOE y del poder, ahora ha
acabado por convertirse en su refugio. Otra prueba de que el PSOE, como
partido, está en fase terminal.
juanpardo15@gmail.com
https://blogdejuanpardo.blogspot.com/
