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El enésimo chantaje de Pedro Sánchez.

 


Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez. | EUROPA PRESS

Acusa Carles Puigdemont a Pedro Sánchez de "chantaje" por su oferta de otorgar una financiación a la carta para Cataluña ligada al apoyo de ERC a la investidura de Salvador Illa. Yo es que me parto. ¡Puigdemont, que cambió la amnistía para él a cambio de investir a Sánchez, hablando de chantaje!

Pero, sí. Esta vez el ex president tiene razón. Sánchez ha planteado la financiación especial para Cataluña como un do ut des: dinero a cambio de que el candidato del PSC sea presidente de la Generalitat con los votos de ERC.

Luego alguien se extrañará de que mucha gente fuera de Cataluña esté hasta el gorro. Empezando por los presidentes de la comunidades que no son Cataluña, sean del PP o del PSOE, como Emiliano García Page, que ha visto en esta nueva cesión otra oportunidad para meterle el dedo en el ojo al líder de su partido.

El sistema de financiación autonómica vigente, caducado desde hace mucho más tiempo que el CGPJ, pero al que el Gobierno no le había prestado mucha atención hasta que ha necesitado los votos de ERC, incluso aunque sea desempolvando la vieja propuesta de "pacto fiscal" que en su día puso sobre la mesa Artur Mas, consiste básicamente en que las comunidades con más recursos financien a las que menos tienen. El sistema es mucho más complejo que todo eso, pero, finalmente, el resultado de lo que aporta cada autonomía menos lo que se recibe, coloca a Madrid como la comunidad más solidaria de todo el Estado, seguida muy de lejos de Cataluña y, en tercer lugar, de Baleares.

El Gobierno no puede ceder todos los impuestos a Cataluña sencillamente porque, si lo hace, el sistema se cae. Habría que replantearlo todo de nuevo y la conclusión sería que las comunidades con menos recursos recibirían menos dinero del que ahora reciben. De ahí el enfado de la mayoría contra esta nueva oferta de Sánchez a Cataluña para engatusar a ERC, cosa que, por cierto, está por ver.

Si el presidente cede todos los impuestos a Cataluña, el sistema de financiación autonómica se cae

Claro que todavía no sabemos en qué consiste esa financiación especial de la que habló Sánchez en su entrevista del domingo en La Vanguardia, especialmente dedicada a hacerle la pelota a ERC. ¿Hasta dónde llegará el presidente con tal de asegurarse el apoyo de los republicanos en el Parlament? ¿Se trata de otra añagaza más o bien de un plan para trasladar a Madrid el peso que se le quite a Cataluña?

El Gobierno y el PSOE han tirado definitivamente la toalla en la tarea de recuperar el liderazgo político en Madrid y Andalucía, comunidad que gobernaron durante casi cuarenta años y que, a este paso, no volverán a recuperar en varios lustros. Porque la autonomía que más dinero recibe con el sistema actual -aunque sea insuficiente- es Andalucía, que sería la más perjudicada si Cataluña logra el desenganche que anhelan tanto ERC como Junts.

Lo de Madrid es punto y aparte. La inquina de Sánchez a Díaz Ayuso le ha nublado la mente al presidente, que se olvida de que en esta comunidad viven más de siete millones de personas y que, además, es la que más aporta al PIB.

Sánchez no sólo ha situado en Madrid la sede social de la "máquina del fango", sino que la ha convertido en un ejemplo de "dumping fiscal", como ayer se encargó de remarcar la portavoz de la Ejecutiva socialista, Esther Peña. A pesar de las bajadas de impuestos, Madrid aporta al conjunto más de 6.000 millones netos al años, tres veces más que Cataluña. Eso es un hecho que no debería pasar por alto el presidente. Hoy por hoy, Madrid es la comunidad más solidaria con las que tienen menos renta.

En el PSOE se solía decir que el PP no puede aspirar a gobernar España con una representación débil en Cataluña y el País Vasco. Puede ser. Pero lo que es un hecho es que el PSOE no podrá superar el 30% de apoyo electoral si sigue manteniendo el raquítico resultado que ahora obtiene en Madrid y en Andalucía. Sánchez necesita a ERC y a Junts porque ha renunciado a tener un partido ganador en toda España.

Borges: "El peronismo es insufrible". Los argentinos terminarán votando a sus propios ladrones.


Borges: "El peronismo es insufrible". Los argentinos votarán a sus propios ladrones.

Igual que hay masas ideologizadas indulgentes con la corrupción peronista en Argentina las hay aquí con la cleptocracia organizada tantos años por el 'virrey' Jordi Pujol en Cataluña


La atinada apreciación del maestro Borges de que el peronismo era incorregible no ha sido enmendada por el tiempo; al contrario, se ha visto reforzada y revaluada hasta resultar una moneda común más solvente que el cíclicamente depreciado peso argentino. Tal ponderación hizo fortuna nada más salir de labios del genio. Ello dio pie a una festejada anécdota. Con su vista ya irreversiblemente perdida, un gentil paseante se ofreció a ayudarle a cruzar una confluida avenida bonaerense. Avisado su inesperado lazarillo sobre lo que la celebridad opinaba de los peronistas, se sintió obligado a prevenirle de su condición de tal: "Disculpe maestro, pero le tengo que advertir que soy peronista". Con una sonrisa bienhumorada, éste repuso: "¡No se preocupe, joven! Yo también soy ciego".

Ciertamente, Argentina, siendo un país pródigo en recursos, se ha entregado de hoz y coz a un peronismo que ha obrado un sistema clientelar y corrupto que no sólo la ha depauperado lastimosamente, sino que la ha hecho tan solipsista como para no percatarse de la naturaleza y de la gravedad de sus males. Empero, la atinada ponderación de Borges sobre la incorregibilidad peronista cabe extenderla a buena parte de los argentinos, aunque no se adscriban a este movimiento, si bien se comportan como tales.

Siendo peronistas sin saberlo, le dan la razón al general Perón, a tenor de la contestación que le dio a un periodista extranjero que le inquirió sobre las querencias políticas de sus compatriotas. Tras pormenorizarle la existencia de radicales, socialistas, comunistas, fascistas..., su entrevistador le objetó: "Pero, general, ¿dónde se deja usted a los peronistas?", a lo que el caudillo refutó: "Ah, no, peronistas somos todos".

Así lo parece atendiendo a la historia del país desde los años 40 cuando Perón prohijó una causa populista en la que Podemos tiene una fuente de inspiración por medio del filósofo postmarxista bonaerense Ernesto Laclau, autor de La razón populista, y a la amplia victoria cosechada por su candidato, Alberto Fernández, en las elecciones primarias de hace una semana, lo que aventura el retorno peronista a la Casa Rosada tras los comicios decisorios de octubre.

De refrendarse las expectativas, el liberal Mauricio Macri supondría un nuevo paréntesis en el cuasi monopolio del poder por parte del movimiento auspiciado por quien entendía que "nosotros proclamamos los derechos sociales" y "las cuestiones actuariales que las arreglen los que vengan dentro de 50 años". En justa correspondencia, la primera dama, Evita Perón, enardecía a las masas al grito de "¡ustedes tienen el deber de pedir!", mientras cavaba la ruina argentina y ponía su fortuna al buen recaudo suizo, sin merma de la confianza de un pueblo enfebrecido con sus mentiras alzadas en verdad oficial. Ya el retórico Gorgias confió a Sócrates su experiencia de que cada vez que arribaba a una ciudad con su hermano para que les confiasen su salud, siempre escogían a él, un sofista, y no a su consanguíneo, médico. Acumuló una fortuna tal como para autoerigirse una estatua de oro. Invariablemente, curanderos y milagreros siempre prosperan en épocas de turbación.

Ante este estado de cosas, el ingeniero Macri tendría, eso sí, el honor de ser el primer gobernante no peronista que culmina su mandato desde 1928 tras heredar una situación límite con un Estado plagado de clientelismo, despilfarro y corrupción, como si fuera la forma de ser de los argentinos. Aparecían entonces las calles bonaerenses cubiertas de graffitis con Cristina Kirchner interpelando a los viandantes con el dedo índice junto a la leyenda La culpa es tuya... vos me votaste. Incluso para el peronismo más recalcitrante entrañaba una gran incomodidad adherirse a la diarquía multimillonaria del matrimonio Kirchner hablando del hambre para abanderar a los desheredados que ellos producían con su nefanda política y sus mangancias al por mayor. Por más que los argentinos tengan asumido que nadie se hizo rico allí con su trabajo desde la eclosión del peronismo, incluso el abuso tiene un límite.

Olvidando su historia y condenados impenitentemente a repetirla como Sísifo a arrastrar la roca pendiente arriba, la artífice de aquel "país sensacional" -"sensación de inseguridad, sensación de crisis, sensación de recesión, sensación de incertidumbre"-, al tiempo que es juzgada por sus latrocinios, retorna a la vida pública al cabo de cuatro años de dejar la Casa Rosada por la puerta trasera. Lo hace como vicepresidenta en la candidatura que ha derrotado sin paliativos a un perplejo Macri, quien además puede verse tragado por la ola gigantesca que ha desatado el tsunami electoral. Paradójicamente, a la hora del adiós, intenta atajar contrarreloj con medidas de corte claramente peronista que desmienten su trayectoria liberal, lo que refrendaría la generalizada impresión de que todos los partidos argentinos son, en esencia, peronistas. En el combate que libra en pos de su pervivencia política, Macri enciende la chimenea del gasto electoral haciendo fuego con los pesos de los Presupuestos del Estado. En su agonía, ha claudicado a la tentación populista vendiendo su alma al diablo y ya se sabe cómo se cobra éste sus deudas de juego.

Es tal la omnipresencia del peronismo que, durante la Guerra de las Islas Malvinas, hubo argentinos que, al modo de los afrancesados de la España napoleónica, ironizaron con que había sido una buena idea desafiar al Reino Unido para ver si, en represalia, los invadía y erradicaba la corrupción institucional de un país acostumbrado a robarse a sí mismo. Pero, claro, ya ni siquiera la Inglaterra del Brexit liderada por el populismo ramplón de Boris Johnson, buen biógrafo de Churchill pero pésimo heredero de sus enseñanzas, tiene nada que ver con aquella otra de Margaret Thatcher que sí fue, por contra, epígono del estadista británico por excelencia.

En este sentido, se diría que, al cabo de 40 años de aquel conflicto destinado a enmascarar los problemas de la Dictadura, ambos países confluyen en parejos populismos que eluden las consecuencias de sus acciones echándolas a rodar por tejados ajenos. Por ello, fue gratificante escuchar un discurso de investidura tan en las antípodas de la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid, pregonando la bajada de impuestos y el impulso a la libertad económica. Bases de la autonomía del espectacular desarrollo frente al declive de la Cataluña fuertemente intervenida por el nacionalismo o de otras regiones en manos de la asfixia fiscal de la izquierda estatalista. No obstante lo cual, a nadie se le escapa de lo hercúleo de la tarea de la novel Ayuso timoneando una coalición frágil y remando a contracorriente de un eventual Gobierno de la nación de izquierdas supeditado a podemitas e independentistas.

Tras el amago socialista de meterlo en la cárcel por el agujero de Banca Catalana, éste empezó a dar lecciones de ética, como presumió asomado al balcón de la Generalitat, a base de prolongar la corrupción desde el Gobierno autonómico con un éxito inusitado. No ya entre su propia parroquia inclinada a tolerar al ladrón si es de los suyos, sino desde la izquierda cómplice, como bien tradujo el escritor comunista Vázquez Montalbán -"Nadie, absolutamente nadie en Cataluña, sea del credo que sea, puede llegar a la más leve sombra de sospecha de que sea un ladrón"-, así como todos aquellos que necesitaban su voto para gobernar España con quien tuvo engañados a tantos como para proclamarle español del año.

Muy recientemente, Felipe González seguía creyendo en su inocencia, pese a que las pruebas en contra formaban un alud tal como para recluirle entre rejas tanto al capo como a su familia. No sólo rezaba unida el credo nacionalista, sino que constituía una organización sacrosanta de delincuentes. Eso sí, dotada de patente de corso y con capacidad indubitada para esquilmar a los catalanes y al conjunto de los españoles acusando a estos últimos de robar a Cataluña.

Pocos autorretratos tan cabales como el que ese gran embaucador que ha resultado ser el nada honorable Pujol hizo de sí en la octavilla en la que, bajo el título Os presentamos al general Franco, apeló a boicotear una visita del dictador y en el que labró su mito de redentor de Cataluña. "El general Franco, el hombre que pronto vendrá a Barcelona, ha elegido -se leía- como instrumento de gobierno la corrupción. [...] Sabe que un país podrido es fácil de dominar. [...] Por eso, el régimen ha fomentado la inmoralidad de la vida pública y económica".

Al cabo de 50 años, en los que Cataluña ha discurrido del franquismo al nacionalismo sin vivir plena libertad, es difícil no ver reproducido prístinamente a este gran Tartufo. Alardeando de virtud, se ha descubierto un gran impostor. Ha hecho del patriotismo su patrimonio, jugando con una crédula sociedad que ya elevó a la categoría de héroe antinazi a un farsante llamado Enric Marco.

Toda Cataluña tenía motivos sobrados para saber de los negocios de la parentela de los Pujol, pero se hacía la nueva. Quiso creer más lo que oía de boca del patriarca de la tribu que a lo que veía con sus ojos. Primero fueron los enjuagues del abuelo cambista ejerciendo estraperlo bajo el amparo que siempre prestó a la burguesía catalana el franquismo, luego el enriquecimiento ilícito del hijo con el voto de oro de los Presupuestos del Estado y el rédito del 3% de las obras de la Generalidad y, postreramente, los ahorros de los nietos, secundando esos tráficos ilegales por ser quienes eran. Tras irse de rositas del saqueo de Banca Catalana y garantizarse una impunidad que ha pervivido hasta su jubilación, Pujol creyó que todo el monte era orégano hasta que, con sus propias manos, llamó a sus daños.

Si Josep Pla expresó gráficamente que "el catalanismo no debería prescindir de España porque los catalanes fabrican muchos calzoncillos, pero no tienen tantos culos", ahora que no fabrica tantos calzoncillos y sí muchas banderas, faltan metros de tela de estelada para ocultar tanto latrocinio. El nacionalismo combatía el supuesto expolio de Cataluña por parte de esa España que le robaba expoliando a España entera y a su amada Cataluña. Lo mismo que el antaño líder de la Liga Norte, Umberto Bossi, se enriqueció agitando su xenofobia contra la Roma ladrona y el Sur parasitario. No es casualidad que los detalles de su sistémico saqueo figurasen en una carpeta bajo el epígrafe The Family. Ambos encarnan aquello de Samuel Johnson de que el patriotismo es el último refugio de los canallas y en cómo los deseos aumentan con las posesiones.

Sin embargo, no hay voluntad de dar fin a la mascarada. Mucho menos cuando el ser humano no aguanta mucha realidad y escoge autoengañarse en una Cataluña expoliada por sus gobernantes. Al tiempo que se quedaban con la bolsa, daban más voces que nadie gritando "¡que viene el ladrón!". Amaban a su ladrón como sólo los argentinos supieron hacer con Perón. Al ser derribado en 1955 por la llamada revolución libertadora que restauró la democracia y que difundió información acerca de las malversaciones y las prácticas sexuales del dictador, al que acusaban de proxenetismo y corrupción de menores, sus partidarios salían en su defensa coreando: "Puto y ladrón, queremos a Perón". Allí persiste perenne su legado como aquí sigue indemne un cleptócrata que, más que un patriota catalán, ha resultado serlo de la Unión de Bancos Suizos. Es lo que sucede, en efecto, cuando los pueblos reverencian hasta la idolatría a sus ladrones.

Torra “”EXIGE QUE DE INMEDIATO” a Pedro Sánchez, el anticipo de 814 millones€ para pagar el sueldo de sus funcionarios, mientras ellos siguen abriendo embajadas.




La Generalitat exige al Gobierno un anticipo para pagar la extra de los funcionarios.

El Govern quiere cubrir el gasto adicional con un crédito del Estado y dinero a cuenta del modelo de financiación. En Román Paladino quiere que le financiemos los españoles y ellos sigan abriendo embajadas.

El Gobierno catalán ha aprobado hoy un suplemento de crédito de 813,9 millones de euros para hacer frente a nuevos gastos, principalmente al incremento retributivo autorizado para 2017, 2018 y 2019 para los empleados públicos y al retorno del 40 % de la paga extra de 2013.

Al no haber podido aprobar los presupuestos para este año, el ejecutivo ha tenido que dar luz verde este martes a un decreto ley que habilita ese suplemento de crédito, y que el ejecutivo catalán da por hecho que será ahora convalidado en el Parlament con "amplísima mayoría" e incluso "con unanimidad".

No obstante, y para que los funcionarios puedan cobrar, el Estado tendrá que poner sobre la mesa los anticipos del fondo de financiación de 2019 que Cataluña reclama al Gobierno. En concreto, de los 814 millones del suplemento de crédito aprobado hoy, 241 millones llegarán a través del Fondo de Facilidad Financiera (el sustituto del FLA), que cubre el objetivo de déficit del 0,1 % del PIB autorizado para 2019. La cantidad restante, 573 millones, deberían cubrirse con los anticipos a cuenta del modelo de financiación para este ejercicio, ya que debe recibir un total de 875 millones adicionales por esta vía.


En esta línea, el presidente de la Generalitat y responsable de Economía, Pere Aragonès, ha acusado al Gobierno de "jugar electoralmente" con los anticipos del modelo de financiación y con su actualización a pesar de que, aseguró, el Ejecutivo central está obligado por ley a abonar estos fondos. Según cálculos del Gobierno, las Comunidades Autónomas deberían recibir unos 7.000 millones de euros en su conjunto por este concepto.

El gobierno catalán funciona con una prórroga de los presupuestos de 2017, los últimos que se lograron aprobar, pero estas cuentas no cubren los aumentos salariales aprobados para 2017 -un 1 %- , para 2018 -de un 1,95 %-, y 2019 - de hasta un 2,75 %-, porque esos incrementos se autorizaron después de que ya se hubieran tramitado las cuentas catalanas.

El suplemento de crédito aprobado ayer permitirá también cubrir el mayor gasto de personal generado en los dos últimos años como consecuencia del aumento de las plantillas de médicos y de profesores que ha habido desde 2017.

El vicepresidente Aragonès ha explicado que el decreto de hoy es un "primer paso" del plan de contingencia diseñado por el Gobierno para intentar rescatar todos aquellos aspectos del presupuesto de 2019 que se puedan, si bien el consejero ha comentado que no es lo mismo funcionar con presupuesto que con una prórroga presupuestaria. El Ejecutivo catalán calcula que en 2019 tiene necesidades de gasto adicional por valor de 1.265 millones de euros.

La huelga general en Cataluña convocada por el triple y confeso asesino, Carlos Sastre no superó el millar de manifestantes.



Carlos Sastre, jefe sindical de Cataluña, asesino confeso de los alcaldes de Barcelona, José María Bultó, Joaquín Viola y su esposa Montserrat Tarragona, una vez cumplida la trigésima parte de su condena fue puesto en libertad y captado por la nueva Generalitat para alterar el orden de las cosas, o sea, encabezar manifestación, buscar dotación para “relleno” y amenazar que bien mata a políticos oponentes a la secesión catalana.
  
Algunos bandoleros, a la orden de Carlos Sastre –confeso de tres asesinatos- secesionista catalana, ayer y como cada vez que les sale de los huevos convocaron una huelga general intimidatoria con tan poco espíritu alborotador que según la policía local, la asistencia rondaba los mi manifestantes y entrevistado uno a uno se quedó en 651 –cifra de asistencia exacta-.

El objetivo de dicho “botellón”, en principio era reactivar la presión callejera y coaccionar a la Justicia en pleno desarrollo de la vista oral del juicio por el golpe del 1-O. La realidad es que el separatismo no logró ninguno de estos fines. Ni la movilización paralizó Cataluña -apenas se dejó sentir en el sector público debido al respaldo institucional del que gozó el sindicato secesionista convocante- ni tampoco cabe colegir que influirá lo más mínimo en la futura sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. 

La jornada derivó en cortes puntuales y estratégicos de vías de comunicación, lo que causó un quebranto a la movilidad de parte de la ciudadanía catalana, y en escenas pseudo revolucionarias amparadas en la violencia de los llamados Comités de Defensa de la República (CDR). Los mismos a los que Torra, con su mezcla habitual de irresponsabilidad y estulticia, exhortó a "apretar". Si los cachorros separatistas no pudieron apretar más fue porque los Mossos, ayer sí, actuaron con proporción pero también con determinación. Y sobre todo, porque la inmensa mayoría de la sociedad catalana dio la espalda a una huelga que en realidad solo fue institucional, dado el apoyo recibido por parte del Govern y de la alcaldesa de Barcelona, que nunca pierde una oportunidad de situarse al lado de los golpistas. 

La gran industria, los servicios y el pequeño comercio continuó con su actividad ordinaria. Sin embargo, la Generalitat suspendió toda su agenda oficial y se declaró en huelga, lo que tampoco se notó en exceso teniendo en cuenta que el Gobierno catalán lleva toda la legislatura abdicando de sus responsabilidades ejecutivas. 

Pese al fracaso de la convocatoria, cabe subrayar la extraordinaria gravedad que supone que el Govern preste cobertura a una movilización que, lejos de ser una reivindicación laboral, no fue más que un intento de motín alentado por Intersindical CSC, cuyo líder, Carlos Sastre, fue condenado por el asesinato del empresario José María Bultó. Las imágenes de ayer en la estación de Plaza Catalunya, con jóvenes dando vivas al extinto grupo terrorista Terra Lliure, es el resultado de la tóxica y temeraria estrategia independentista. Jordi Sànchez, ex líder de la ANC, aseguró ante el tribunal que preside Manuel Marchena que los cabecillas del procés se limitaron en otoño de 2017 a "defender las instituciones". En cambio, el ex conseller Santi Vila declaró que Puigdemont no resistió la "presión exterior" y forzó la declaración unilateral de secesión. De momento, la única conclusión que cabe extraer de esta deriva kamikaze del independentismo es la inquietante y peligrosa radicalización de sus bases.

El tribunal alemán, otra interrogante nacista de la justicia teutona, ni absuelve a Carles Puigdemont ni legitima el secesionismo ni lo prohíbe.



La Ministra de justicia alemana, Katarina Barley, cacarea por los medios de comunicación  alemanes que la decisión del tribunal de Schleswig-Holstein en el caso Puigdemont es justa y razonada.

Si el caso hubiese sido al revés, Ángela Merkel se hubiese comido a Mariano Rajoy. Alemania está dotando de armamento al secesionismo catalán.

Los cabezas cuadradas  del Tribunal de Schleswig-Holstein han decidido o qué se yo, de no admitir la petición de entrega a España del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont por el delito de rebelión no equivale, como han pretendido algunos, a un veredicto incriminatorio sobre la democracia española, su Estado de derecho ni sus instituciones judiciales. Tampoco puede ser leída como una absolución, total o parcial, de los líderes independentistas actualmente encausados por el Tribunal Supremo y, por supuesto, menos aún como una legitimación de las gravísimas actuaciones por ellos desarrolladas en los funestos meses de septiembre y octubre del año pasado.

Esa lectura no es posible porque, como el propio tribunal alemán ha explicado, queda acreditado no solo que hubo violencia, sino que “los actos violentos” del 1-O “se pueden imputar al acusado en cuanto iniciador y defensor de la celebración del referéndum”. Cuestión distinta es que el tribunal no aprecie que el grado de violencia atribuible a Puigdemont fuese tan abrumador como para obligar al Gobierno a “capitular” ante sus exigencias, que sería el requisito de gravedad que en Alemania convertiría el delito español de rebelión en el alemán de alta traición y que permitiría franquear así la euroentrega. En consecuencia, el tribunal ha estimado que los delitos no son equivalentes, como exige la Decisión Marco de 2002 que regula la euroorden, no que el delito no existiera en España de acuerdo con la legislación española.

Tampoco valida el Tribunal los argumentos de Puigdemont respecto a la comisión de “persecución política” en España, dejando así al descubierto la falsedad de la afirmación —que éste volvió a repetir a la salida de la prisión— sobre la existencia de presos políticos en España. No hay por tanto sustento en los intentos de Puigdemont y los suyos de autoabsolverse valiéndose del pronunciamiento del tribunal alemán, ni tampoco queda expedita la vía para un retorno de Puigdemont a la Presidencia de la Generalitat.

El tribunal no valida los argumentos de Puigdemont sobre la “persecución política”

Es cierto que la causa en Tribunal Supremo queda en una posición difícil, pero no imposible, pues el juez Llarena tiene ante sí varias vías de actuación, incluyendo el planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que permita verificar si los jueces alemanes han aplicado correctamente el mecanismo de la euroorden.

Pero más allá del curso judicial que siga el proceso, ni Puigdemont ni los independentistas van a lograr cambiar los hechos que caracterizan su gravísimo proceder, su deslealtad a la democracia, a la Constitución española, a las instituciones del autogobierno catalán y, en definitiva, a los ciudadanos de este país, cuyos derechos políticos han lesionado de forma deliberada en su empeño de promover un proceso de secesión ilegal y de ruptura de nuestro país.

Esos hechos son claros y están a la vista de todos. Incluyeron derogar la Constitución y el Estatut; elevar unas leyes sediciosas votadas por medio Parlament a sustitutos de esas normas supremas; y hacerlo desobedeciendo a los tribunales y sin la concurrencia de mayoría cualificada, y por métodos que privaron a la oposición (que representa a más de la mitad de los catalanes) de sus funciones representativas y de control. Todo ello constituyó un golpe de Estado que no solo merece condena política sino reprobación judicial aunque corresponda a los tribunales establecer los tipos de aplicación concretos.

La democracia española ha estado en peligro. Por fortuna, su Estado de derecho funciona

Independientemente de su calificación judicial, el procés tuvo un carácter violento: hubo usos indebidos y exorbitantes de la fuerza: hubo obstrucción física de la Justicia; destrucción de vehículos policiales; ocupación ilegal de carreteras; obstaculización de vías férreas con peligro para la integridad de los propios actuantes; intimidaciones y escraches contra personas, partidos y asociaciones considerados rivales o enemigos; violencia sobre objetos callejeros; y actuaciones del Govern y de la policía autonómica tendentes a facilitar algunos de esos abusos. Y sobre todo, fue un proceso presidido por la coacción, pues se violó la ley de forma sistemática para intentar imponer a la ciudadanía, desde la calle y desde las instituciones, una secesión unilateral, ilegal y obligatoria.

El secesionismo catalán pretendió situar al Estado ante el dilema de desbordar al Estado y forzarle a allanarse ante una independencia impuesta de forma ilegal; o bien emprender una actuación extrema cuyos perfiles sirviesen para autoinflingirse descrédito y un alto coste reputacional. Como carecía del apoyo de la mayoría social, el movimiento independentista pretendió imponerse por la vía de los hechos consumados. Una vía que, pese a algunas autocríticas, todavía no ha desechado de forma clara ni rotunda.

Ni el tribunal alemán ni la propaganda independentista pueden cambiar esos hechos, que son ya parte de la historia de los españoles y su lucha por mantener la democracia. La democracia española ha sido sometida a una dura prueba y ha estado en grave peligro. Pero su Estado de derecho y sus instituciones judiciales funcionan.

ETIQUETAS: Carles Puigdemont en libertad,  Independentismo. Cataluña, Generalitat, separatismo catalán, Gobierno autonómico, Ideologías, Comunidades autónomas, Política autonómica, presupuestos 2018,

El Gobierno independentista catalán ganará la batalla, no la guerra, al débil PP.


Con toda seguridad, el Govern independentista de Cataluña, tiene como última baza “en su juego” solicitar una investigación sobre el vínculo de determinados miembros del Tribunal Constitucional con el  Partido Popular y la Fundación Faes.  Que podría y debería, razón y pruebas  no les faltan,  dar pie a su impugnación como miembros de la instancia que ha de dirimir el recurso contra el Estatut aprobado en las cortes catalanas y estatales, así como emitir dictamen en la causa de inconstitucionalidad de "la consulta" autodeterminista, procedimientos ambos promovidos desde las filas populares. Tal parece como si los órganos de la Generalitat, persuadidos de que ambos fallos les serán desfavorables, quisieran ponerse la venda antes de la herida con la deslegitimación previa del alto tribunal o, al menos, con una cuestión de fondo que enrede aun más el “lío”l
El asunto es tan complejo como grave. Complejo, porque la supuesta tendencia de algunos juzgadores no invalida su naturaleza democrática ni pone en cuestión su apertura pluralista a la hora de resolver. La mayor conveniencia estética no conlleva necesariamente la incorrección ética ni sería argumento ante tribunales supranacionales, por cuanto las interpretaciones constitucionales son materia exclusiva de los estados y sus órganos "ad hoc". Y grave porque significa un paso más en la progresión subjetiva  de las instituciones cuando son tantos los llamamientos formales a un proceso de regeneración que consolide las bases de la convivencia sobre el vector de la confianza social. La iniciativa del Parlament, respaldada por el Govern, antepone intereses minoritarios a la voluntad de la mayoría española, incrementando un cisma que ha crecido con invocaciones artificiosas en lo histórico y manifiestamente falsas en el plano de la realidad, con el "España nos roba" como banderín de enganche.
Con una política debilitada por la corrupción, poco  o nada se puede avanzar con la judicialización de todos los conflictos es una política débil y mala, conclusión tan aplicable a los órganos catalanes como a los estatales. Aun rechazando con toda la fuerza de la razón y la emoción la hipótesis secesionista, es obvio que los recursos políticos para evitarla no han sido agotados ni podrán serlo en la ausencia de cualquier diálogo de esencia netamente política. No es sensato mezclar en todo a los altos tribunales del Estado y mucho menos tratar de enredarlos en sospechas para eludir sus decisiones o, simplemente, salvar la cara. Aunque no fuesen modelos incontaminados, están para tutelar las últimas garantías de la seguridad jurídica de todos los ciudadanos. En alguna parte ha de estar la línea roja que nos separe de la selva, y es de esperar que todos la respeten desde el día después de las elecciones europeas del  25M.
Las rebeliones más violentas y los desórdenes más graves han tenido lugar allí donde la justicia y la Ley discrepan en casi todo.