Nadie duda de que la universidad (en general) necesita reformas es indiscutible, como también que es necesario
analizar cuidadosamente hacia dónde se debe reformar, no sea cosa que se
deteriore en vez de mejorarla; por eso es una buena noticia que se haya abierto
un vivo debate sobre ella en el espacio público. De entre la gran cantidad de
temas que precisan reflexión, es urgente el que se refiere a la duración de las
carreras, por razones obvias.
El RD,
aprobado el 2 de febrero pasado, propone flexibilizar la oferta universitaria,
con carreras más cortas y, por tanto, más baratas, para que los alumnos puedan
entrar antes a ese mercado de trabajo que les está esperando como al agua de
mayo. Todo ello se resume en esa fórmula, difundida desde los comienzos del
Plan Bolonia, que no puede ser más falaz y que, sin embargo, la sociedad ha
asumido sin más.
Las fórmulas “3+2” y
“4+1” inducen a pensar que las carreras siguen durando 5 años, como antes, pero
que desde el Plan Bolonia 4 de esos años se dedican al grado y 1 al postgrado,
y que el decreto permite dedicar 3 al grado y 2 al postgrado. Pero no es así.
Ahora las carreras duran 4 años y con el decreto podrán quedar en 3. Con esos
tres años se obtendría el grado y, por tanto, la facultad de ejercer la
profesión. La facultad, que no el ejercicio, porque para ejercerla es preciso
encontrar un puesto de trabajo.
Los másteres, sean de
uno o dos años, no forman parte de la carrera ni son necesarios para ejercer la
profesión sino en muy pocos casos. Por ejemplo, en el caso del célebre “Máster
de Secundaria”, que debe cursar cualquier graduado que desee dedicarse a la
docencia en ese nivel, sea de Humanidades, de Sociales o de “Naturalidades”,
por decirlo con Ortega. Se trata del antiguo Curso de Aptitud Pedagógica (CAP),
que no complementa los contenidos de ninguna de las carreras, sino que tiene
naturaleza pedagógica.
¿Ventajas de la nueva
propuesta? Se dice que la nueva modalidad del grado resultaría más barata, lo
cual es obvio, siempre que no suban las tasas, y todavía sería más económica si
se redujera a dos años, a uno o a ninguno. Sólo que semejantes ahorros no
redundan nunca en la calidad en un asunto tan serio como éste, que no puede
quedar al cálculo monetario, porque no necesitamos mano de obra barata, sino
profesionales bien formados, que se sepan a la vez ciudadanos de una sociedad
de la que viven y para la que han de adquirir su saber.
Desde que en los siglos
XII y XIII naciera la institución universitaria en ciudades como Salerno,
Bolonia, París, Oxford o Salamanca ha ido proponiéndose unas metas que
necesitan tiempo, estudio y debate sereno. La primera fue la formación de los
profesionales indispensables para las necesidades de la época. Éste era el
sentido de obtener una licenciatura, una licentia para ejercer la profesión,
habiendo adquirido la facultas exigida para hacerlo. Ni la Academia de Platón
ni el Liceo aristotélico, ni siquiera las Escuelas Palatinas creadas por
Carlomagno, tuvieron el poder de decidir quién estaba facultado para ejercer la
profesión. Un poder que ni puede ni debe ser político, ni puede ni debe ser
económico. Las universidades son de la sociedad y están a su servicio, por eso
necesitan ser autónomas y ejercer esta autonomía con responsabilidad y
rendición de cuentas.
Las universidades han
de transmitir conocimientos, espolear el afán investigador
Ciertamente, desde
fines del siglo pasado se ha producido una revolución en las universidades que,
junto con otras variables, introduce la necesaria atención al mercado
productivo. Pero “junto con” no significa “reducirse a”. La universidad no
puede ser una expendeduría de títulos orquestada desde el mercado, porque lleva
en su ADN esas otras metas que está obligada a perseguir. Para hacerlo necesita
tiempo y sosiego.
No es casualidad que
carreras como la de Medicina no se vean afectadas por el decreto, además de
prolongarse en ese excelente programa MIR, que todas la profesiones deberían
imitar. Afortunadamente, aquellos a los que corresponde se percatan de que
poner la salud en manos de graduados de tres años es suicida para una sociedad,
y ojalá no se les ocurra cambiar de idea. Pero tan suicida es reducir a tres
años la preparación de otros profesionales.
Se dirá que al fin y al
cabo el decreto no hace sino una propuesta, pero lo cierto es que el final es
fácil de adivinar. Las universidades con posibilidades acortarán el grado a
tres años y propondrán másteres costosos y competitivos, financiados
privadamente o por medio de su comunidad autónoma; las que no tengan esa
posibilidad habrán de reducir el grado a tres años y apenas ofertarán másteres.
Crecerá la desigualdad y el deterioro de la universidad será inevitable.
