Con ETA desmantelada, solo queda Kale Borroka (violencia callejera) que han pedido traslado a Cataluña.
Su primera acción
violenta se produce el 18 de julio de 1961: el intento fallido de
descarrilamiento de un tren ocupado por voluntarios franquistas que se dirigían
a San Sebastián para celebrar el Alzamiento.
Caen los encapuchados
que han mantenido las siglas desde 2011
La mayoría de los
miembros de ETA están en la cárcel en prisiones españolas o francesas. En
total, 437 reclusos sin incluir a los cuatro detenidos ayer en el País Vasco
francés, entre ellos sus cabecillas políticos, David Pla e Iratxe Sorzabal, y
el exjefe del aparato internacional Ramón Sagarzazu. Fuentes policiales dieron
también por detenido en la misma operación a Josu Ternera, el miembro de la
banda con más años (47) de militancia ininterrumpida, pero la novedad fue luego
desmentida.
El informe de la
Fiscalía General del Estado presentado a comienzos de mes considera que no hay
indicios de riesgo de retorno de la actividad armada, interrumpida de hecho en
territorio español desde julio de 2009 y suspendida formalmente en octubre de
2011. Esa suspensión fue gestionada por una troika integrada por Pla y Sorzabal
más una tercera persona, Izaskun Lesaka, detenida en 2012. Según la policía,
ese trío es el que compareció encapuchado para anunciar el 20 de octubre de
2011 el cese de la violencia y ha sido el que ha venido tomando las decisiones
(sobre sellado de zulos, por ejemplo) que aparecían firmadas por la banda.
Ellos eran prácticamente lo que quedaba de ETA.
La fiscalía también
reconoce que la banda pretende perpetuarse como un agente político con
capacidad para intervenir en el “proceso de liberación”. En un documento de
agosto de 2009, ETA advertía de que no entregaría nunca las armas, sino que las
guardaría, y que no desaparecería, sino que seguiría “como organización
política dentro de la izquierda abertzale hasta que otro tipo de situación y
debates digan lo contrario”. Posteriormente ha admitido su disposición a
entregar las armas, pero en el marco de una negociación que incluiría la
retirada de las Fuerzas de Seguridad de territorio vasco. Según la fiscalía, el
año pasado se registraron diez actuaciones de kale borroka (violencia
callejera) y se produjeron 31 detenciones por vinculaciones con ETA y 48 por
enaltecimiento del terrorismo. El documento también advierte de que la banda
mantiene sus estructuras clandestinas en Francia, más o menos adaptadas a la
situación de cese del terrorismo, lo que implica el desmantelamiento de algunas
estructuras.
Las detenciones de ayer
pueden considerarse como la clausura de la existencia de la organización
fundada en 1958. El peligro no vendría tanto de una posible vuelta a las armas,
algo que la izquierda abertzale sería la más interesada en impedir, como de la
posible aparición de sectores dispuestos a empezar de nuevo con otras siglas.
Hay algún síntoma de ello, como la presencia de dos o tres grupúsculos que se
han manifestado este verano con matices diferentes entre sí, pero con el
denominador común de poner en el centro la causa de los presos y de reprochar a
la izquierda abertzale oficial tibieza en su defensa. Uno de esos grupos
reivindicó el año pasado la quema de varios autobuses en solidaridad con los
presos enfermos, pero tras las advertencias de Sortu no han insistido.
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