La independencia de Cataluña puede que no sea tan anticonstitucional.

Debería estar bastante claro que lo  que afecta a España lo deciden todos los españoles. Porque España será lo que los españoles quieran que sea" un argumento nada claro que invalidaría la idea de consultar únicamente a los catalanes sobre una eventual independencia

Que nadie se sirva a engaño. Pero,  en la opinión pública, en las lecciones y artículos de los académicos e intelectuales, en las tertulias y en los editoriales de los grupos mediáticos más poderosos, se ha instalado el mantra –liberación de la mente- de que el independentismo catalán solo recibe respuestas de orden legal frente a lo que se considera un problema estrictamente político. El corolario es que la culpa de todo la tiene Rajoy, y que la solución solo puede venir de un cambalache abstracto cuyas cesiones nadie se atreve a concretar. La verdad, sin embargo, es que en la definición del modelo político catalán -en sus competencias y su cultura- solo ha jugado, durante 38 años, la política, y que solo en el 2014 empezó a hablarse de una respuesta jurídica elemental -«la ley está hecha para cumplirla»-, cuya primera materialización -la imputación de Mas- se produjo antes de ayer y con gran escándalo del respetable. La política, nunca debería utilizar a la justicia.

El título VIII de la Constitución quedó impreciso y con una dinámica expansiva ilimitada porque Cataluña lo exigió así. La Transitoria Segunda quiso establecer la descentralización asimétrica porque Cataluña lo impuso. La sentencia del Constitucional contra la Loapa, que bloqueó cualquier intento de armonización del proceso autonómico e hizo efectivo el café para todos, se dictó al gusto de Cataluña y en respuesta a su recurso. La inmunidad de CiU frente al caso brutal de Banca Catalana se logró mediante una criminal inhibición de los tribunales que fueron sensibles a la razón de Estado. Todas las transferencias de Cataluña se negociaron políticamente a impulsos de los pactos de gobernabilidad cerrados con UCD, PSOE y PP. La retirada del Estado de Cataluña, la creación de su costosísima policía total y los sucesivos rescates de una sanidad quebrada se hicieron también por debajo de la mesa. Y la tolerancia del incumplimiento de la normativa sobre símbolos del Estado y sobre los excesos de la inmersión lingüística también se hizo fuera de todo control jurídico.

¿Y qué decir del Estatuto avalado por Zapatero, que el Congreso tomó en consideración de forma irresponsable? ¿Y qué decir de las tragaderas del TC que solo lo peló en lo gordo sin atreverse a frenar la dinámica separatista que ya alentaba en su letra? ¿Puede haber más política que criminalizar un recurso al Constitucional que trataba de frenar una reforma encubierta de la Constitución hecha para un solo territorio?

En Cataluña solo se tomaron medidas políticas en respuesta a una presión nacionalista que, libre de marca legal, acabó generando el torbellino secesionista. Y solo una demencial dinámica colectiva puede explicar que hayamos llegado a creer que el Estado solo le dio a Cataluña respuestas legales para un problema político. Y es que al final va a ser cierto que, «a quien los dioses quieren destruir, primero lo vuelven loco»