Pablo Beramendi, profesor de Economía Política en Duke
University, para Blog de Juan
Pardo
Con la
irrupción de Podemos y la expansión del soberanismo en Cataluña, existe un curioso paralelismo: los dos
responden a la incapacidad de los grandes partidos nacionales para gestionar la
crisis y actualizar un modelo inadecuado, territorial y distributivo. Y los dos
desatan una reacción visceral. El soberanismo reflejaría la manipulación de la
sociedad catalana por parte de unos antidemócratas irracionales que hay que
detener utilizando “todo el peso de la ley”. Política, poca, salvo una tardía
vía federal indefinida. La respuesta a Podemos empieza con el frikis y
termina frikeando. En medio, casi todo. Con honrosas
excepciones, asistimos a una cascada de calumnias, caricaturas y juicios de
intenciones. Los resultados, a la vista: el soberanismo, a punto de
consolidarse en el Gobierno con un programa explícitamente independentista. Y
Podemos, acariciando una presencia institucional comparable a la del PSOE o el
PP. “Su odio, nuestra sonrisa”, y no es para menos. Aunque es una organización
joven que ajusta sus propuestas sobre la marcha, tres ideas parecen asentadas:
la igualdad como objetivo, la “democratización” de la gestión económica como
método, y la sustitución del agotado “régimen del 78” como bandera.
A estas alturas se sabe algo de las
condiciones que generan igualdad sostenible en sociedades capitalistas. La
igualdad se construye sobre políticas que redistribuyen oportunidades para
participar de forma efectiva en el mercado de trabajo (predistribution) y políticas que corrigen las
desigualdades de resultado (redistribution). Las primeras son políticas de
inversión en educación, servicios que permiten la conciliación trabajo-familia,
y políticas activas del mercado de trabajo que facilitan la transición entre
empleos y reducen el paro de larga duración. Son políticas que consumen gran
cantidad de recursos públicos para generar productividad en el futuro. Las
segundas son políticas de transferencias de renta, que limitan el coste de las
transiciones laborales para los ciudadanos, y cuyo diseño limita posibles
abusos. Cuando ambas políticas están en funcionamiento, las regulaciones
punitivas a trabajadores y empresarios son menos necesarias y es posible tener
mercados de trabajo flexibles, donde es fácil despedir y contratar, sin premiar
a trabajadores improductivos ni generar situaciones sociales injustas. Los
países, como los escandinavos, con grandes compromisos presupuestarios en
predistribución y redistribución, son los únicos que combinan competitividad
económica y justicia social. Su experiencia indica que la igualdad social
potencia el crecimiento sostenido y es condición necesaria para ser
competitivos en un mercado globalizado. Los documentos disponibles sugieren un
espacio común entre este modelo y los objetivos de Podemos, espacio que parece
reducirse cuando pasamos de los objetivos a las políticas y a los métodos.
Podemos concibe la relación Estado-mercado
como un pulso donde el primero protege “a la gente” de los ricos a través de
mas regulación, más impuestos sobre las rentas altas, y más transferencias. Es
una forma de entender la igualdad poco viable y paradójicamente conservadora
dentro de la izquierda. Obviamente, no hay nada que objetar a que en España las
rentas altas paguen más o a un diseño justo del impuesto de patrimonio, pero
mientras el impuesto internacional sobre la riqueza a la Piketty no sea efectivo, las rentas obtenibles
por esta vía se saben limitadas para financiar un giro hacia la igualdad. Sobre
todo, si esas rentas se dedican más a financiar transferencias que a igualar
oportunidades. Además, la regulación excesiva no iguala oportunidades, sino al
contrario. Un mercado de trabajo justo no se consigue estableciendo salarios
por decreto y reduciendo la flexibilidad para contratar. Así sólo se crean
castas. No se trata de regularlo todo a base de “planes” ni de premiar la
influencia en la redacción de las regulaciones, sino de generar los incentivos
y las oportunidades adecuadas ex
ante con más inversión en
políticas activas y mejores diseños en política educativa a todos los niveles.
Sobre esta última, poco sabemos, más allá de un genérico compromiso para
aumentar los recursos para “proteger lo público”. El problema es también de
diseño. Proteger la educación pública y fomentar la inversión implica no sólo
gastar más sino gastar mejor. Por ejemplo, además de recursos, la Universidad
necesita más movilidad y mejores incentivos que impidan el abuso recurrente de
una casta mediocre y supuestamente progresista. Mientras esa casta siga
protegida por regulaciones que espantan la innovación y favorecen la endogamia,
aumentar los recursos servirá para poco. La igualdad se alcanza con un Estado bien
diseñado que haga funcionar mejor a los mercados porque permite que los
individuos compitan en pie de igualdad.
En relación a los métodos, la
construcción política de la igualdad surge de una larga historia de lucha, pero
también de consensos y sacrificios por parte de todos, realizados en un
contexto de representación proporcional, donde los partidos negocian y
sacrifican en parte los deseos de la gente que los apoyó. La igualdad exige,
por ejemplo, un sacrificio parcial de la progresividad fiscal, tanto en
términos de tipos efectivos como en términos de la importancia relativa de los
impuestos sobre el trabajo y el consumo en relación a los impuestos sobre el
capital. El modelo escandinavo es un modelo en gran medida financiado por y
para trabajadores y consumidores (no por “los ricos”). De otra manera, la
inversión sufre. A cambio, los trabajadores disfrutan de amplios servicios
predistributivos y redistributivos y los empresarios aceptan salarios
competitivos (y relativamente igualados por abajo) y renuncian a ajustar de
forma automática la demanda de empleo al ciclo en una economía abierta. Todo
este sistema se basa en complejas negociaciones en las que el Parlamento actúa
como mecanismo de vigilancia de acuerdos a medio y largo plazo. La igualdad requiere
un mandato representativo laxo, donde los parlamentarios no están atados
permanentemente por lo “que diga la gente”. No está muy claro todavía qué
modelo de representación está detrás de la idea de “democratizar la gestión de
la economía”. Pero si la idea es someter la gestión y las instituciones
económicas al resultado de consultas asamblearias entre elecciones, los medios
propuestos son un obstáculo para alcanzar una sociedad más competitiva e
igualitaria. Someter la política económica a una especie de tweet democracysocava la
viabilidad política de estos objetivos y reintroduce, magnificándolo, el riesgo
de manipulación de la política económica en función de las necesidades
electorales del Gobierno.
No se trata de regularlo todo a base de “planes” sino de
generar incentivos y oportunidades adecuadas
España es un país con mucha pobreza y
desigualdad, una capacidad fiscal relativamente menor, y un mercado de trabajo
muy dualizado, de escasa movilidad y mal ajuste entre formación y empleo,
problemas todos ellos acentuados por la crisis. Todos estos factores hacen que
la mayoría de los votantes sean muy sensibles a sus circunstancias a corto
plazo. Los ciudadanos tienden a ser miopes y a dudar de reformas de beneficios
inciertos a largo plazo. España es un país donde la descentralización ha
fortalecido el clientelismo y la captura de recursos públicos como elementos
centrales de la acción política.
Construir capacidad fiscal y modernizar
las Administraciones en estas circunstancias exige no sólo atraer inversión (en
lugar de espantarla con ambigüedades acerca de la deuda) sino sobre todo
acuerdos para superar la resistencia normal “de la gente” (y de muchas élites
locales y autonómicas) a reformas que, con ingresos públicos limitados,
implican sacrificios a corto plazo. A diferencia de la nación, la construcción
política de la igualdad no puede ser un plebiscito cotidiano. Requiere valentía
para exigir e imponer un reparto justo de los costes y beneficios, pero también
consensos que permitan navegar la transición hasta lograr una capacidad fiscal
sostenida.
Para forjar esos acuerdos, la estrategia
importa. Al convertir la política en un choque entre la casta (todos, sin
distinción) y la “gente” (ellos), Podemos limita el potencial de formación de
coaliciones proigualdad. Cuanto más presenten a sus posibles aliados como
restos de un régimen en descomposición, más difícil será a “los de la gente”
generar acuerdos de Gobierno estable. Por su parte, al competir con Podemos por
titulares y etiquetas, el PSOE agrava el problema y pierde un tiempo precioso
para desarrollar y difundir propuestas políticas concretas. Los que dicen
querer mejorar el bienestar de todos deberían recordar que son las acciones y
no las palabras o los gestos las que reflejan los verdaderos objetivos de los
partidos. Sólo así reirán los últimos quienes de verdad lo merecen.
