Joseph Goebbels, ministro de propaganda nazi, decía que la principal regla del
populismo era exagerar
la postura del contrario hasta ridiculizarla. Podemos, sigue los once
principios del famoso ministro de Hitler al dedillo. Ante las actitudes de Pablo
Iglesias y su secta, Carmena/Colau y sus enajenados hay que tomar soluciones
rápidas. La democracia directa es incompatible con una sociedad basada en el
imperio de la ley y en la libertad del individuo. Jugar con ella trae dolor y
miseria agregada.
La defensa de un
referéndum de independencia en Cataluña por parte de Podemos conduce de nuevo a la vuelta, a la arena política de
una cuestión muy divisiva que ya ha tenido costes importantes para la izquierda
y puede acabar dañando al PSOE. La jugada de Pablo Iglesias no ha sido mala: ha
potenciado enormemente sus resultados electorales en Cataluña y ha abierto una
brecha en la izquierda de la que Podemos es el mayor beneficiario.
Intentar vender al
elector un referéndum de independencia es aventurado y muy peligroso. No está
claro que ni siquiera desde el Gobierno haya fuerza política capaz de cumplir
este compromiso electoral. Y, si esta cuestión acabara prendiendo, no habría
uno, sino varios referendos de independencia y un proceso de inestabilidad de
tal calibre que solo podría acabar con la desaparición de España, con una
indeseable confrontación social o con ambas cosas a la vez.
Ante una situación
potencialmente tan grave, sorprende la falta de respuesta política a la
estrategia de Podemos (y de los grupos coaligados con esta formación).
Sorprende, en particular, la vacilación, credulidad y colaboración necesaria de
la izquierda española. Una reacción que ya conocíamos de los primeros embates
del movimiento secesionista catalán y de la parálisis argumental que su
cobertura democrática causó en el PSC y en Iniciativa per Catalunya. La
izquierda catalana, bregada en la lucha antifranquista, se quedó muda ante los
secesionistas cuando estos contraatacaron tildando de antidemócrata cualquier
crítica al derecho a decidir. La izquierda española, tan involucrada como la
catalana en la transición a la democracia, no sabe en el fondo qué decir cuando
Iglesias sentencia que en materia de secesión debemos dejar que el pueblo
catalán hable.
Ha llegado la hora de
aguantar la mirada a los secesionistas catalanes y a los podemitas, y
contestarles que lo que les une es mucho más que su posible alianza táctica por
el referéndum de independencia. Por mucho que envuelvan sus propuestas con las
formas de la democracia, el denominador común de los defensores del llamado
“derecho a decidir” es su indisimulable populismo: la creencia en la capacidad
infalible del voto para determinar la voluntad del pueblo; y la convicción de
que, una vez determinada, esta voluntad, que refleja lo que el pueblo quiere y,
por tanto, es moralmente justa, debe ser política y legalmente impuesta a
todos.
Su modelo falla por la
base. En general no es cierto que la regla de la mayoría sea capaz de
sintetizar de forma coherente la voluntad de una colectividad cuando esta se
enfrenta a más de dos alternativas. El marqués de Condorcet, en el siglo XVIII,
fue el primero en identificar el problema. Si igualamos el concepto de
coherencia a la condición de transitividad (si la alternativa A es preferida a
la B, y la B a la C, entonces la A debe ser preferida a la C), y cada votante,
en su particular orden de preferencia, respeta dicha condición, no hay garantía
alguna de que la regla de la mayoría simple genere un orden agregado que sea
transitivo. Es decir, si al mismo colectivo de votantes, cuando se le ofrece la
elección entre A y B, elige A; y cuando se le ofrece la elección entre B y C,
elige B; puede ocurrir que cuando se le ofrezca la elección entre A y C, elija
C.
Si más de dos
alternativas dan problemas, pueden rebatir los populistas, limitemos las
elecciones a dos alternativas. Reducir la complejidad que ofrece la realidad a
una elección binaria es realmente difícil; pero si a pesar de ello tal
reducción se lleva a cabo, ¿quién decide qué alternativas ignorar? Quien lo
decida puede estar determinando el resultado global de la elección. De que esto
es así tenemos evidencia referida a Cataluña. Según una encuesta de
Metroscopia (20 de julio de 2014), utilizando
la doble pregunta de la consulta del 9-N, un 45% de los encuestados se
manifestó a favor de la independencia (sí-sí), mientras que un 43% lo hizo en
contra (sí-no y no). En cambio, si la opción contraria a la independencia se
dividía entre una opción de permanencia de Cataluña en España con más
competencias y mayor blindaje de las mismas, y otra opción de permanencia de
Cataluña en las condiciones actuales, el porcentaje a favor de la independencia
se reducía al 31%, mientras que el porcentaje a favor de la permanencia con más
competencias obtenía el 38%, y el apoyo al statu quo, el 19%. Sin la nueva
opción, la independencia ganaba (45 a 43). Con la nueva opción, la
independencia perdía (31 a 57).
La regla de la mayoría
es un instrumento imperfecto para sintetizar la voluntad de la colectividad.
Los populistas, conocedores de que en democracia no hay otra regla factible,
utilizan esta debilidad a su favor para hacer ganador al proyecto social que
propugnan. Lo único que les interesa es poder decir que su propuesta ha sido
generada democráticamente, es la voluntad del pueblo y puede, por tanto, ser
coactivamente impuesta a los ciudadanos. Presumen del “mandato democrático más
potente que nunca ha tenido el país” como hicieron los secesionistas catalanes
para promover la resolución de inicio del proceso de independencia del pasado 9
de noviembre.
La regla de la mayoría
es un instrumento imperfecto para sintetizar la voluntad colectiva. Es
necesario sacarse complejos de encima y reconocer explícitamente los límites de
la democracia. La derecha no debería tener mayores dificultades para ello. La
izquierda constitucional, en cambio, debe ejercitar su temple para no sentirse
derrotada a la primera insinuación de temor a escuchar al pueblo, a la primera
acusación de falta de espíritu democrático. Las concesiones sobre la necesidad
insoslayable de una consulta a los catalanes para resolver el llamado problema
territorial español son gratuitas e incomprensibles. Quien ofrece con carácter
general referendos de independencia “a los países de España” está, de hecho,
proponiendo una revolución económica, social y política.
Centremos la discusión
en la amenaza fundamental —la del populismo de Iglesias y Colau— y repliquemos
sus eslóganes con argumentos sustantivos, sin buscar rodeos. La democracia
directa no funciona y es incompatible con una sociedad abierta, basada en el
imperio de la ley y en la libertad del individuo. El voto no sirve para
refrendar proyectos sociales grandiosos, sino para retirar del poder a los
gobernantes que han decepcionado a los electores. Y a quienes nos acusen de dar
tan pobre y pequeño papel a la democracia, recordémosles que los países que han
jugado con la democracia directa han acabado eliminando libertades
individuales, causando dolor y miseria, y destruyendo los fundamentos de su
sistema económico. Por el contrario, los que con más modestia se han abstenido
de formular arcadias sociales, y limitado la práctica democrática al control de
sus gobiernos, han conseguido respeto y tolerancia para con la diversidad,
altas cotas de libertad individual, economías dinámicas y prósperas y un
reparto razonable del bienestar general.
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