Ópera Palma, Santiago Calatrava y la trama Gurtel.

Maqueta del Opera Palma (Santiago Calatrava)

José Castro, juez instructor del caso Palma Arena, dará inicio este lunes a una nutrida ronda de interrogatorios (hasta un total de 22) relacionados, por un lado, con las presuntas irregularidades que rodearon a la contratación del arquitecto Santiago Calatrava por parte del Govern por un total de 1,2 millones de euros, y por otro, con las pesquisas que vinculan la trama Gürtel con Baleares. Cabe destacar que ni se hizo el Ópera Palma ni el proyecto,  pero si cobraron Arquitecto y empresa constructora.

   Las declaraciones tendrán lugar después de que el magistrado, centrado durante estos últimos años en las investigaciones del caso Nóos, haya reactivado sus indagaciones en torno a la adjudicación a Calatrava del anteproyecto para la construcción de una Ópera en Palma que nunca llegó a ver la luz -y que fue proyectada al término de la última legislatura de Jaume Matas (2003-2007)-, así como las relativas al supuesto trato de favor que recibió durante ese mandato, a través de contrataciones fraudulentas, la empresa Over Marketing.

   En concreto, entre este lunes y el martes tomará declaración, a partir de las 10.00 horas, a un total de 17 testigos entre los que se encuentran numerosos proveedores que intervinieron en la preparación del proyecto para la construcción de la Ópera, y a quienes el juez requerirá la documentación relativa a las numerosas facturas que cargaron al Govern por su trabajo.

   También declararán la que fuera secretaria general técnica de la Conselleria de Vicepresidencia en la última legislatura de Jaume Matas (2003-2007), Jane King, y el exconseller de la Generalitat Valenciana y director del estudio de Calatrava, Fernando Villalonga.

   En el marco de estas pesquisas, que constituyen la pieza número 3 del caso Palma Arena, Castro archivó el pasado mes de julio la imputación tanto de Calatrava como de Francesc Fiol, conseller de Educación y Cultura bajo el mandato de Matas, mientras que acordó mantener el encausamiento del expresidente del Govern.

   Sobre Matas pesa por estos hechos una fianza de responsabilidad civil de 1,6 millones de euros, impuesta a petición de la Fiscalía Anticorrupción ante los posibles perjuicios económicos que se derivaron de la contratación de Calatrava. Las acusaciones apuntan a que el exministro habría incurrido en delitos de malversación de caudales públicos, fraude y prevaricación.

   Cabe recordar que el anteproyecto de la Ópera de Palma no se llegó a ejecutar debido a una prohibición por parte de la Junta Electoral en 2007, puesto que se pretendía presentar poco antes de las elecciones autonómicas y municipales de ese año.

CASO OVER MARKETING

   En lo que al llamado caso Over Marketing se refiere (y que constituye la pieza 27 del caso Palma Arena), el juez Castro tomará declaración este miércoles al empresario y exgerente del ParcBit Antonio Reus como imputado, y a los testigos Bernat Albertí, José Vicente Juan, Damián Vidal y Javier Pons, exjefe de prensa de la Conselleria de Salud.

   La pieza centra sus investigaciones en las adjudicaciones supuestamente irregulares con las que fue favorecida Over, y en el hecho de que parte del dinero público que recibió la empresa habría acabado en manos del PP balear, por lo que se indaga si se produjo una financiación ilegal del partido. En este caso se encuentran imputados, entre otros, el propio Matas y el actual presidente del PP de Palma, José María Rodríguez.

   Castro centrará la mayoría de los interrogatorios en una concesión de hasta 109.138 euros que, según un informe de la Guardia Civil aportado a la causa, el Govern de Matas fraccionó en varios contratos con el objetivo de poder adjudicarlos a Over de forma directa y sin concurso. El objetivo de esta adjudicación pasaba por dar publicidad, bajo el nombre de 'Ciberpime', a un proyecto de administración digital impulsado por el Ejecutivo autonómico.

   Precisamente, fue en la sede de Over donde, en el marco de los registros llevados a cabo durante la operación policial del llamado caso Ibatur (en verano de 2010), donde los investigadores hallaron documentación que relacionaría algunas de las actuaciones llevadas a cabo por el Ejecutivo de Matas con parte de los hechos investigados en el caso Gürtel.