Comentando una forma de vivir creativa y pasional, la textura es de rabia y emotividad, hay desesperación y un poco de ansiedad. ¡¡BASTA YA¡¡.
Juan Pardo Navarro
Fernando González Laxe, expresidente de la Xunta de Galicia.
Para Blog de Juan Pardo.
(La Coruña6/9/52) es un político español que fue Presidente de la Xunta de Galiciaentre 1987 y 1990.
Licenciado en Ciencias Económicas y doctor
en Ciencias Económicas y Empresariales, comenzó su carrera profesional en 1975
como profesor de Estructura Económica en un colegio universitario de La Coruña.
Tras su paso por el Partido Socialista Galego, en 1977 se afilió al Partido Socialista de
Galicia.
John Lennon dejó apuntada una gran frase: «La vida es
aquello que sucede mientras nosotros nos ocupamos de otra cosa». Viene a cuento
esta mención al músico de Liverpool cuando contabilizamos en las librerías unas
cuantas biografías de políticos que tuvieron importantísimos cargos de
responsabilidad en los últimos años de democracia. Al leer dichos textos se
aprecia una forma distinta de contar lo sucedido. Da la impresión de que, en
muchas ocasiones, perdemos el tiempo preocupándonos con nimiedades mientras la
vida, para la gran mayoría de los ciudadanos, aún está por llegar. Por eso,
tenía razón Marcel Proust cuando afirmaba: «El recuerdo de las cosas pasadas no
es necesariamente el recuerdo de las cosas tal y como sucedieron». La reciente
presentación de libros de los expresidentes del Gobierno, de los
exvicepresidentes, de los exministros y hasta el de un colaborador muy estrecho
de un expresidente, nos han servido para constatar las disputas internas, la
adopción de las programas de trabajo, o las prioridades personales en el
ejercicio del poder que se dispone, por enmarcar algunos de los parámetros
comunes. Muchos de los políticos citados parecen estar convencidos de los
análisis lineales en la historia. Se muestran seguidores de A. Toynbee, por
ejemplo, cuando creen que a una realidad le sigue automáticamente una segunda;
y así sucesivamente. Con este razonamiento tan esquemático, personas que fueron
presidentes o ministros han ido redactando sus libros de memorias. Y, claro
está, ocultan elementos y rasgos básicos que son claves en la conformación de
nuestra sociedad. Al punto que en numerosas ocasiones no se explicita con
claridad el «juego de presiones», la existencia de varios escenarios
alternativos o los distintos márgenes o niveles de autonomía a la hora de la
toma de decisiones. De esta forma, las memorias de los ex están relatadas de
manera personal e íntima. Responden a percepciones que, incluso, intentan tapar
algunas situaciones que requerirían explicaciones adicionales. Supone,
entonces, redactar las historias desde posiciones bastantes rígidas y
encorsetadas, para no tener que dar más explicaciones que las imprescindibles y
necesarias. La mayor parte de los analistas políticos, sociales y económicos
rechazan tales métodos de los razonamientos lineales. Es decir, quedaron atrás,
para nuestra comprensión de la historia, los análisis de los Rostow, Rifkin,
Weber, Mandel... que secuenciaban las etapas de desarrollo o las fases por las
que de forma obligada se debería transitar. Cuando leemos las memorias de los
ex nos inunda una sensación de que la gran mayoría de ellos utilizan dichos
métodos. Se aprecia otra característica común a todos ellos, apenas se han
equivocado y que casi nunca dudaron en aplicar las medidas necesarias. Se deja
traslucir que solo sus adversarios eran los errados; a los que incluso llegan a
delatar como aquellos que no llegaron a comprender sus decisiones o el
verdadero alcance de las apuestas y compromisos del momento. Mucho me temo que
estamos ante un juego de distorsionar la historia, y que sus deseos radican en
rehacer o escorar planteamientos y soluciones a los problemas existentes. Tal
es así, que los partidos políticos, cuando sobreviven a los mencionados ex,
abordan sus estrategias de manera no-lineal, advirtiendo la complejidad de los
factores. Esta capacidad de contar la historia revela que algunos de los ex no
estuvieron a la altura de las circunstancias en la medida que ni aún ahora,
escritas y editadas sus memorias, siguen sin reflejar lo acontecido,
persistiendo en los errores o en las equivocadas interpretaciones del pasado.
Muchas veces me he preguntado si existe una obligatoriedad moral de reflejar
los años de mandato de un responsable político. La respuesta es variada. La
tentación de ajustar cuentas es grande; la vanidad de volver a ponerse en
primera línea es asimismo elevada; y la oportunidad de explicar algo que no fue
bien interpretado y que se quedaba en el ostracismo, también se incluye entre
los motivos para redactar un libro de memorias. Ni Willy Brand, ni Valery
Giscard d?Estaing, ni Manuel Azaña, por ejemplo, han podido sucumbir a ellos.
Ahora bien, editarlas todas en período navideño, como si fuera una nueva forma
de competencia política a la hora de las presentaciones públicas y midiendo las
ventas como la principal ratio de apoyo a la propia historia, me parece
claramente un completo desaguisado en lo que a la trascendencia histórica se
refiere. Menos mal que siempre quedan quienes no lo hacen, y también quienes
repiten sus libros de memorias, segunda versión, dándole un nuevo giro; o sea,
pidiendo una segunda oportunidad. http://blogdejuanpardo.blogspot.com.es/2013/12/sar-rey-de-espana-implicado-en-venta-de.html
SM, el Rey de España, Don Juan Carlos de Borbón,
como todos y cada uno de sus actos, posiblemente sean todo un desacierto mayor
que el anterior, dice que condena la corrupción; pero, a continuación, se va a
cenar con ella. Dicho así, es verdad que lo que está ocurriendo en su propia
casa con su yerno y su hija no es ejemplar, pero para
algunos cualquier cosa que haga o diga el jefe del estado será motivó de
crítica. A mí, como a todo el mundo, me abochorna profundamente que Urdangarín
no sólo se aprovechara de su condición de yerno real para enriquecerse sino
que, según hemos leído, se mofara de la propia institución en la
sinceridad de sus correos privados. Tampoco me gusta esa imagen de
"mujer florero" que se le está dando a la infanta Cristina para no
imputarla y es más, me crea una profunda indignación de género, como mujer,
y también como ciudadana que con sus impuestos ha colaborado a que
tenga una educación exquisita y elitista que choca con la imagen de una
analfabeta que firmaba cualquier cosa que le ponían por delante, sin leerla
siquiera. Hay un refrán que dice: Todos los tontos piensan que todos somos
tontos y como tontos que son están equivocado. SM, el Rey de España, RECOMENDÓ
a su yerno Urdangarín desde que se unió a Diego Torres. Si leéis este enlace:
Es
la WEB de la Casa Real y como observaréis,
recomienda leer la revista NUMEN ¿Quién coño es el Rey para recomendar
un revista española en perjuicio de otras revistas, también, españolas. Numen
Digital es una revista patrocinada por la fundación PRASA, solo buscar Numen
Digital. Al dueño de PRASA, el Rey le
concedió un indulto (Condenado en la operación Malaya, Astapa e imputado en los
ERES de Andalucía) además de ser amigos comunes del socio de Urdangarín, Diego
Torres al que conocía antes que a su yerno y así fue informado. La
principal actividad de Numen es leer. Numen digital, o sea, la
venta de drogas altamente peligrosas para la salud. Su ex yerno ya constaba en
los archivos como consumidor de los productos anunciados por Numen Digital y el
Rey lo sabía
Más allá de eso el Rey, como el común de los
mortales, no ha elegido a la familia y sería excesivo exigirle que no volviera
a ver a su hija por estar casada con su yerno o a sus nietos por ser hijos de
quienes son. Podemos ser críticos con todo lo que vemos y yo lo soy y sin
embargo es hipócrita exigir lo que ninguno de nosotros haríamos. No hablarse
con los propios hijos o que estos no miren a sus padres, por graves que sean
los errores, que han cometido es algo antinatural que mis conceptos personales
y familiares no entienden en ningún caso, sea cual sea el cargo o la
condición de las personas. Pero si debería aclarar su relación con Diego Torres y la Revista, Numen Digital
Al Rey, le prepararon un
discurso muy bien armado donde no pasó por alto ninguno de los temas que
conforman la actualidad y lo hizo de forma valiente. Ya sé que para algunos no
es suficiente, que hubieran preferido algo más directo frente al reto
soberanista de Artur Mas pero dijo que las controversias "se deben dirimir
dentro de las reglas del juego democrático aprobada por todos" y
reivindicó la Constitución del 78 como fuente de prosperidad y libertad por lo
que a buen entendedor..sobra.
Si algo dejó bien claro, es que no abdica y supongo que eso les ha disgustado no sólo a los republicanos
que quieren cambiar el modelo de estado, sino a un grupo de selectos
monárquicos de pro que están haciendo todo lo posible para que se vaya. Por
contra hay muchos que creemos que irse ahora, en el momento de peor valoración
de la monarquía y cuya imagen está por los suelos sería la peor herencia que
podría recibir el príncipe Felipe y una excusa perfecta para quienes no conciben
la monarquía parlamentaria y menos si ésta se dibuja como una institución que
sirve exclusivamente para tener privilegios. Ahora sólo queda esperar a que en
las próximas resoluciones judiciales, como el propio rey dijo hace dos años,
"la ley sea igual para todos" hasta para quienes comparten mesa y
mantel con él la noche de Navidad.
La Viagra, no cura
ni Diabetes, ni el cáncer; Jefe de la Casa Real, Rafael Spottorno.
La mayoría de los ciudadanos vivimos en un estado de perplejidad y algunas veces dudamos de si los partidos políticos y algunas de las instituciones del Estado nos están tomando el pelo. La reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán no sólo no ha venido a despejar nuestras dudas, sino a confirmarlas.
Todo lo contrario que otros tribunales similares, nuestro Tribunal es nombrado por el Parlamento, que elige juristas de reconocido prestigio, pero de acuerdo con los cupos que parecen reservarse los diferentes partidos políticos, con la merma subsiguiente de la imparcialidad y el propio prestigio de los magistrados que lo componen, magistrados a los que la prensa y los partidos ponen bajo sospecha continua y cuya legitimidad se intenta poner a veces descaradamente en duda, sobre todo por parte de unos políticos que han decidido utilizar este tribunal como foro prioritario de sus debates partidistas, cuyo nivel argumental es a veces del tipo: "Pues yo tengo razón y tú no, fastídiate".
Esa es la razón por la que podemos oír a políticos, que muchas veces son juristas, decir que este debatido Estatuto es constitucional en el porcentaje mayor de sus artículos- como si las leyes se midiesen por la extensión de sus textos- o que no lo es de ninguna manera. En España da la sensación de que se ha perdido el respeto a los hechos. Parece que si queremos saber cuántos ángulos tiene un triángulo debemos hacer una encuesta y ver qué opinan "la mayoría de los internatutas", para llegar al final a un acuerdo negociado entre las partes que votarán esta geométrica cuestión.
Un ejemplo de ello nos la ha dado nuestro más alto Tribunal al hablar del término nación, admisible en el preámbulo del Estatut, pero carente de valor legal. A partir del siglo XIX, surgió la idea de nación y Estado-nación, una idea según la cual existen unas realidades históricas, institucionales, sociales, culturales e incluso religiosas que tienden a gobernarse a sí mismas como Estados. Cada nación está asociada a un pueblo, que es el sujeto protagonista de su historia y que plasma su voluntad colectiva en un texto en el que decide darse unas leyes para gobernarse a sí mismo. Ese pueblo se llama soberano, porque toda legitimidad deriva de su voluntad constituyente, que se plasma en un texto que debe ser refrendado por sus ciudadanos, y del que derivan todas las leyes y la legitimidad de quienes lo gobiernan.
Las Lees en derecho tienen preámbulos, pero no prólogos, dedicatorias, ni textos de agradecimientos. Es evidente que sólo crean derecho los artículos de esas leyes, pero los préambulos son necesarios porque en ellos se expresa la voluntad del legislador, que es la que crea la ley y la que ha de orientar su interpretación. Decir que el preámbulo no es un artículo es una tautología, excepto en este caso, en el que el argumento se utiliza para darle al Estatut una de cal y otra de arena.
Aun reconociendo la existencia de la nación catalana en la realidad histórica, social, institucional e incluso religiosa, tendremos que admitir lo mismo para el pueblo gallego, vasco y las otras catorce autonomías, con lo cual tendríamos que la nación española de la Constitución tiene pleno valor legal, pero no se corresponde a ninguna realidad histórica, puesto que en España hay 17 pueblos y ninguno es el español. Y decir que los catalanes, por ejemplo, son sustantivamente españoles y adjetivalmente catalanes, o es un juego de palabras o son ganas de darle la razón a todo el mundo.
Si los catalanes son una nación lo son realmente, y no en un preámbulo ni un epílogo, y si esa nación no puede tener reconocimiento legal tenemos un problema, porque el Constitucional puede decir lo que es o no legal, pero no lo que existe o deja de existir, y si se da el caso de que la realidad social e histórica y las leyes son rectas paralelas que jamás se tocan, entonces serán las leyes las que perderán su prestigio.
La ambigüedad nunca es buena y menos a la hora de elegir banderas en una Europa en la que el único juez infalible a la hora de escogerlas parece ser el pulpo Paul.
En estos seis últimos años, lo que ha predominado sobre la crisis
ha sido el miedo. Miedo a quedar atrapado en redes económicas y financieras
incomprensibles, a perder los ahorros o el puesto de trabajo. En particular, en
los países del sur de Europa, a partir del momento en que se hizo creíble una
eventual desaparición incontrolada del euro -un abismo ante lo desconocido- el
factor miedo se extendió entre sectores sociales muy amplios. No hay en ello,
en realidad, novedad alguna: siempre ha ocurrido así en las grandes crisis.
Recuérdese, por ejemplo, que durante la Gran Depresión el presidente Roosevelt
se refirió a ese hecho con una de las frases más célebres de su época: «No
debemos temer sino al miedo, a la aprensión, al recelo».
Ahora bien, en estos últimos meses algo importante puede estar
cambiando. Nuestros problemas económicos siguen siendo muy graves, pero al
menos el miedo o la fuerte aprensión ante un descalabro financiero se han
atenuado considerablemente, lo que tiene que ver sobre todo con que ahora
apenas hay apuestas por la voladura del sistema del euro. La relajación de la
prima de riesgo, seguida con tanta ansia hasta hace bien poco, contribuye a un
cierto sosiego, aunque en verdad estamos igual o peor que en la primavera del
2011. Aunque creo que más desgastados, más deshilachados. Por
ejemplo, hasta hace algo más de un año, la mayoría de los recortes se hicieron espontáneamente
con improvisación, mirando siempre de reojo y con angustia a la prima de
riesgo; lo cual explica su carácter indiscriminado y falto de criterio. Ahora,
sin embargo, aunque sigue funcionando el hacha tanto como el bisturí, el
Gobierno central y algunos autonómicos dan más la sensación de que saben por
qué hacen lo que hacen. En algunos casos, constituye una estupenda noticia,
pero en otros es más bien lo contrario: cada vez hay menos dudas de que se está
aprovechando la presión externa para impulsar proyectos ideológicos cuando
menos discutibles, como la discutida privatización sanitaria, entre otros.
¿qué puede traer consigo
una menor presencia del miedo? En primer lugar, algo que debiera propiciar la
reactivación, eliminando barreras mentales que bloquean el consumo y la
inversión, pero estamos muy lejos de la paridad. Pero hay una segunda posible
repercusión, acaso más importante: si el miedo ha tenido un efecto paralizante
durante los últimos años sobre amplios sectores que han sufrido en sus carnes
los fatales impactos redistributivos de la crisis, ahora todo eso podría
cambiar: liberados de la presión del miedo, no sería raro que algunos sectores
bascularan en mayor medida hacia el conflicto, sobre todo cuando todos los días
oyen hablar de una recuperación que sus bolsillos no acaban de notar; así al
menos ha ocurrido con frecuencia en el pasado. Ya digo, NOS ESPERA UNA
PRIMAVERA CALIENTE. Otros artículos de interés:
Un día
les contaré las palizas que me dieron en la comisaria de Sol y Canillas. Todos
esos que identifican a Willy el Niño y al otro podenco como los auténticos
“pegadores”, no dicen verdad o les tienen “hincha” Cuando te montaban en el
1500 ya sabías que ibas a ser vilmente apaleado –creo que nos hacíamos a la
idea de ser masoquista- Pero allí pegaba hasta el cristo del cuadro. Así y todo
quiero que vuelva Franco, si, Francisco Franco Bahamonde, aunque sea virtual.
Porque España es un nido de corruptos y estamos al principio. No es que me haya vuelto redentor de causas ajenas, mucho menos por cuestiones ideológicas, aunque a esta calaña de políticos que nos reinan, no
nos gobiernan, tendrán trabajos forzados
en el Valle de los Caídos picando piedra de sol a sol y al que proteste un tiro
justo donde ninguno de los dos ojos vería- ¿qué gozada ver a Rajoy picando y a
Zapatero recogiendo con la pala. Ya,
Rubalcaba es químico y seguro que lo
enchufarían de barrenero. A Aznar, como
es poca cosa y, a veces, tiene bigote como Franco, lo pondrían de aguador. A González,
el misterio del destierro, seguro que lo clavaría en la cruz para probar su
resistencia. No la de él, sino la de la cruz. ¡Joder¡ ¡Qué gozada de pena¡ ver
a la Soraya haciendo strip-tease en los descansos. Yo pienso ir todos los dais, el que quiera
venir se puede apuntar en cualquier red social, es gratis y les puedes llamar
chorizos porque mi amigo Franco va a mandar a tomar por culo la Ley de
seguridad o como se llame.
Vivo solo,
tengo cáncer y la picha, de momento, la tengo medio parada, como consecuencia
de una paliza que me dio la policía DP2967 juzgado número 2 de Huércal Overa y
otro poco después donde perdió el ojo una alumna, de modo que abstenerse novias
virtuales que con vida escasa y picha moribunda, poco o nada se saca. Dicen que
se recuperará cuando me operen. El fiscal que ordenó las palizas es, Don Juan Sánchez Martínez ,
actualmente imputado entre otros delitos por acoso sexual a una Juez. El Juez de bolillo es, David Villagrá
Álvarez, exdirector de Justicia de Asturias, O sea, ahora pegan más que antes y
con medios más sofisticados. Me estoy enrollado
¿verdad? Como estoy solo tengo
que hacer las compras de navidad y ¡Vaya Lío¡ Con Franco era más fácil y
sencillo.
Vas a por pan, y la panadera te dice:
«baguette, barra, chapata, pan blanco,
pan negro… o brioche o de rosquilla… y si espera 15 minutitos, que van a ser
las doce, se lo lleva recién sacado del horno porque… » Y lo dice de tal forma,
en bajito, pero tan en bajito, con una media sonrisilla y una mirada en plan
cómplice que hasta piensas: ¿será ilegal? ¿será ahora ilegal comprar pan fresco
a las doce? Y a la vez cavilas, mientras en la cesta solo llevas una lata de
anchoas y unos polvorones: «Pero realmente usted me ve cara de esperar 15
minutillos por un pan ». Vas a comprar una loncha, mortadela, y te dicen:
«mortadela de qué… porque tenemos con aceitunas, con anchoas, con nuez moscada,
con pimientos… y ahora ha salido una con avellana y uvas pasas… ». ¡¡¡hombre!!!
¡¡¡deme la que quiera por dios!!!, ¡¡¡deme la quiera!!!, ¡¡¡pero deme
algooooooo!!!.
Y cuando
ya llevas la mortadela de yo que sé, pasas por donde están los yogures y te lo
juro que te da ganas de decir: «Mire, ¿se puede tocar? ¿estos son yogures o un
cuadro de Picasso, es que veo tanto color… ?».
En la
época de Franco esto de la comprar era más sencillo. Pedías un yogur, te daban un litro de leche y
a callar.
Pido Pavo
y me pregunta ¿Te lo envuelvo en papel de periódico o higiénico? Si,
Juan, cuando te comas el pavo si es papel de periódico, lo puedes leer
mientras cagas el pavo y si es higiénico te vale para limpiarte el culo. El
Plástico es contaminante. Lleva razón, pero no voy a comer pavo.
Para Reyes, seguro que ya estará Franco entre nosotros, eso si, sin bigote, tarda más de un mes en
repoblarse. Además, le va a pedir cuantas
al Rey sobre la recomendación de la Viagra contra el cáncer y como no se
las llenas de crédito; ni monarquía, ni república. El, solo él. Otros artículos de interés:
Hace unos días y en consejo de ministros se aprobó una Ley por la
que las pensiones no se pueden revalorizar más del 0.25%, o sea, dos euros y
medio por cada mil de pensión. Los pactos de Toledo de superior rango a la
Constitución dicen todo lo contrario, o sea, de acuerdo al IPC. Pero para
vuestro Gobierno Ley y Justicia no guardan relación ninguna. Si; aquello de
piensa, piensa que como no pienses lo que yo pienso, de nada vale lo que tu
pienses. Bien, hasta aquí algunas partes lo entendieron e incluso lo
justificaron con la jodida crisis. Pero resulta que el mismo día y con
total secretismo se reunieron los jefazos de las eléctricas y se auto aprobaron
una subida en el recibo de la luz siete veces superior al índice del IPC.
Ni es justo, ni es legal.
El recibo de la luz está configurado
maquiavélicamente de forma que este y Gobiernos anteriores reconocieron una
deuda superior a los 35.000 millones de euros. Explico por encima: España lleva
8 años exportando o depreciando energía. Actualmente, a fecha de el día 19 se
desconectaron todas las centrales de energía fotovoltaica y los de energía
nuclear, prácticamente, se les está regalando a Marruecos. El consumo actual es
cinco veces inferior al de hace 10 años. ¿Dónde están las industrias? Hay
más de un millón de hogares sin luz eléctrica. El déficit del sistema
eléctrico (FADE) lo calculan políticos y músicos arruinados.
El monopolio de las eléctricas se
desentiende de los efectos que causa en la competitividad del país (un
representante del sector de la automoción los acusaba días pasados de haber
absorbido todas las ganancias de competitividad conseguidas por ajustes
laborales en ese sector) y, menos aún, en la renta disponible de los
pensionistas, que según los pactos de Toledo, repito, ningún partido puede
regularizar, la lo hace el propio pacto.
Estos mismos son los que se alarman porque
el PP haya metido la mano en la hucha del Fondo de Reserva de la Seguridad
Social. Por cierto, también forma parte del mismo pacto. ¿Quién coño es el
Gobierno para vaciar la hucha de los pensionistas?
Vaticino un invierno frío y una primavera
demasiado caliente. Este inepto Gobierno, no sabe ni donde tiene la mana
derecha. Espero que el pueblo se lo explique como los maestros antiguos,
a palos.
Desde hace unos meses se viene insertando en
la revista NUMEN DIGITAL -Recomendada en la nueva WEB de la Casa Real- La
venta de Viagra y Ciolis como terapia contra la insuficiencia Renal, diabetes e
incluso cáncer. ¡Manda huevos con el
Rey y su séquito¡
Esta es la revista que recomienda la Casa
Real.
Introducción. Numen Digital. Revista de excelencia es una revista de excelencia
porque trata los temas que interesan a la excelencia, está escrito por la
excelencia, y tiene como destinatario a la propia excelencia, entendiendo como
tal a todas aquellas personas que destacan en la sociedad por algún mérito
sustantivo y serio
Me gustaría comentaros los puntos más definitorios de nuestra línea editorial.
Somos un medio de comunicación que hunde profundamente sus raíces en el
humanismo cristiano y en los principios propios de la Caballería cristiana.
Asimismo somos una publicación monárquica y con una fuerte impronta
nobiliaria.
Presidente y Director: el Conde de Bobadilla.
Vicepresidente: el Conde de los Andes (G. de E.).
Subdirector: Óscar de Ascoz y Planes.
Noticias de la Casa Real. Directora: Belén Pardo Cifuentes.
Opinión. Director: José Escuder.
Desarrollo de negocio: Jesús Núñez Martín-Peñasco.
CONSEJO EDITORIAL:
Joaquín Criado Costa, José Luis Lope y López de Rego, Clementina de Rojas y
Bernaldo de Quirós, Federico Roca de Torres, Julián Hurtado de Molina Delgado,
Christian Colón de Carvajal y Fibla, Andrés Silva Haro (Chile), Manolo Gómez,
José Lucinio Fernández López, Erik y Rodrigo Reynoso-Palomar Márquez. (Méjico y
España), la Condesa de los Andes (G. de E.), Belén Pardo Cifuentes, el Marqués
de Sierra Bullones (G. de E.), Juan Guillermo Fuentes de Blas, el Conde de
Abásolo, Juan Alfredo Obarrio Moreno, Juan Ramón de Luz y Carretero y Rodrigo
Bermúdez y Durán-Burgos (Bolivia).
Cuando una persona está enferma se agarra a
un clavo ardiendo. Me llaman varias
personas y me dicen que su padre, su
hermano o ….. han comprado un medicamento que
anuncia una revista recomendada por la Casa Real como así consta en su
nueva y carísima WEB y lejos de mejorar han empeorado hasta ………lo peor.
Rápidamente, me pongo a investigar el tema y
contacto con la autora de uno de los artículos de dicha revista, Es hija de un almirante y con apellidos "no aptos" para Twitter. Islandia: "La revolución
silenciada".
- Numen Digital en principio me aseguró que había presentado denuncia ante policía por mal uso o fin de su artículo, según ella nunca
escribió, entre otras cosas porque no tiene ni puñetera idea de economía y mucho menos donde está Islandia ni su problema. Contacto con la policía y me dicen que no hay ninguna denuncia al respecto....... más tarde me dijo que no había
denunciado porque le unía una tremenda amistad con los directivos de la revista
monárquica por excelencia y que solo se lo dijo al Director de Opinión, José
Escuder al que adoraba y era sobrino suyo –ni es su sobrino, ni se conocen personalmente.
Amor virtual o..... Además que me olvidase del
tema puesto que lo iba a pasar mal y es cierto, Uno que dice ser su amante, Carlos de Loyola, novio o qué se yo, en reiteradas ocasiones me amenaza de muerte e incluso mandó a dos matones............ logre dominar a dichos matones y confesaron lo poco o mucho que sabían............En definitiva que se habían puesto en contacto con esta............. y que tenía menos dinero que ellos. Al parecer dice trabajar para el Gobierno de Brasil, pero a este matón, no le encuentra ni la interpol. Si es cierto y verdad que la hija del almirante se hace pasar por él y suele publicar "con su nombre" en las redes.
De inmediato
denuncio el caso ante la policía, Guardia Civil y Casa Real (a la
atención de sus majestades y Rafael Spottorno Díaz-Caro, Jefe
de la Casa de Su Majestad el Rey. Un policía me dice que me olvide del tema que
la Casa Real es Mafia pura y dura. Le digo que están muriendo personas…………..¿Y qué hago yo?
Su majestad, no es quien para recomendar la
lectura de ninguna revista en detrimento de otras, mucho menos debe hacerlo con
una que anuncia drogas altamente peligrosas y, además, como terapia de deliberada confusión.
Pero es más, dicha
revista, Numen Digital, está patrocinada por la Fundación PRASA, empresario
condenado en la operación Astapa, Malaya y ERES de Andalucía. Puesto en
contacto con dicha fundación me dicen que el motivo de patrocinar dicha revista
solo se debe a que es recomendada por la Casa Real.
Pero es más, una de las empresas de PRASA está
coaligada con el Instituto Nóos (mente).
Y ya………..El Juez José Castro, instructor del
caso Urdangarín/Cristina es paisano y
amigo de Pepe, dueño de Prasa.
¿Tan …………es el Rey o en su nombre el Jefe de la Casa Real como para recomendar una
revista dirigida por unos tristes delincuentes? Noooooooo.
Ahora dirán que es un virus, porque durante la
semana dejan los enlaces normales. ¡Menudos informáticos tiene la Casa Real¡
Últimamente, en España, todo son consejos sin recortes. Ahora los mamelucos
de la OCDE aconsejan un despido a la carta
y en dicha carta dice que hay que joder más al trabajador tanto en el ámbito
laboral como en el sueldo. ¿Qué les importa ellos? Si hace menos de un mes, En
Alemania, Holanda, Suecia y Dinamarca aconsejaban todo lo contrario. Trabajando
más, cobrando menos y abaratando el despido se genera empleo? Ellos y los
rinocerontes del PP saben que no es así. No voy a dar una lección de””Teología”””
económica. Pero si indicar que, precisamente, eso originaría una crisis dentro
de la crisis. Estancamiento del dinero, bajada del consumo y, por tanto, deflación. Todos recordaréis que lo que más
se temía de la fase ZP era la delación dentro de la crisis. Si una inflación,
no controlada es dañina, una deflación es mortal de necesidad. Le dicen estos
fascistas del Fuhrer a nuestros rajoyanos franquistas –En comparación, Franco era
un Inmaculado-: “El despido ha de ser
más barato para que los empresarios tengan menos prevenciones a la hora de
crear empleo fijo” Eso ya hace más de un año que entró en vigor
y ha decrecido el empleo “precario” y el fijo. La OCDE considera que hay
margen para un mayor ajuste del coste de la indemnización por despido. La OCDE
ha juzgado positiva, en general, la reforma laboral -a pesar del millón de
empleos destruidos desde su aprobación- pero no mostrará todas sus virtudes
hasta que el crecimiento económico sea sostenido. Uno de los efectos más
visibles de la reforma laboral es la moderación salarial, dolorosa pero
necesaria, según los funcionarios de la Organización, que debe vincularse a la
productividad y adaptarse a la evolución de la economía. En esta línea, el
informe insiste en que la moderación salarial afecta al nivel de vida de los
trabajadores aunque empiezan a constatarse resultados en la reducción de la
destrucción de empleo.
No obstante hay que refrescarles la memoria, si. Aprobada, dicha barbaridad, por el Gobierno
hace más de un años, cerca de dos, algunos partidos políticos, periódicos y
organizaciones sindicales criticaron con denuesto la reforma laboral que después
aplicaron sin miramientos para con sus propios empleados. Así es la vida de los
sindico/políticos.
Como siempre, cada cual puede opinar lo que quiera o le convenga en función
de sus conocimientos e intereses pero hay pocas dudas del impacto que la
conflictividad laboral ha tenido -en Grecia, alta, o Irlanda, baja- a la hora
de medir la velocidad de escape de la crisis. Cerca de nosotros, en un sector
crucial de la economía, el del automóvil, ajustes salariales, flexibilidad
laboral y baja conflictividad han sido claves en la recuperación en ciernes.
Merced a ello, aunque no solamente, las plantas españolas exportan nueve de
cada diez vehículos fabricados y crean empleo, lo cual difícilmente se observa
en el conjunto del sector en Europa. Las plantas españolas se encuentran entre
las más competitivas, fabricándose en la actualidad 39 modelos de vehículos -34
hace dos años- y serán 47 en el 2015. A menos que la banda rajoyana no bloquee
el pacto de intenciones, cosa baste probable.
.Es lamentable que estás
medidas las tomen personas que no, precisamente, son fontaneros, marmolistas,
estucadores, etc; al menos los sueldos son ni parecidos. Dichas medidas las tomas
consejeros de Cajas de ahorros que como
ya hemos visto son los principales causantes de la crisis. Tipos que se han
enriquecido justificando desahucios ajenos, rescates propios Otros artículos de interés:
Lo único que se sabe con total certeza de la familia de Alcalá de Guadaira es que
han muerto y enterrados están. El resto es un muerto virtual, o sea, un enigmático misterio que resolverán PPSOE a “”su manera, o sea, con una mentira, farsa,
quimera o embuste. A cambio, podemos sospechar de la resistencia a reconocer
que pueda ser así por el tabú primermundista de la carroña. Las hienas y los
buitres eran más selectivos que las personas, de donde se deduce que volveremos
a ser carroñeros. ¿Quién no ha pasado unas horas de hambre? Pero coño 10 meses
para estudiar “el hambre”, la necesidad y hasta el espíritu teologal de los
padres y hermana de esa niña de 13 años VIVA. Si, si es cierto que para darte
una puta limosna de 400 euros te tienen que hacer no sé cuantas fichas y pasar
por tropecientos consejos de guerra. Pero, siempre menos que los que han
superado los holgazanes de los ERES o los bigardos de Bankia. El hambre, no
tiene fase de estudio, en cualquier caso, después de comer. Ojo, cáritas a la
que quiero con todas las fuerzas de mi alma, también se pasan haciendo fichas y gilipolleces típicas de burócrata
políticos. Además de superar el 80% de las donaciones en gastos de
administración, suerte que son voluntarios.
Gastar 80 de cada 100 euros en juntadores de letras para rellenar hojas
que llaman fichas, me parece excesivo. Repito, daría mi vida por salvar el
honor de cáritas y Dios sabe que estoy en lo cierto.
No sé cuantos años
atrás, el humano fue carroñero antes que cazador, seguramente carroñero y
cazador y volverá a ser uno y otro cuando lo necesite y si federarse. Salvo que
produzca sus propios alimentos, el español recolecta el alimento en estante o
expositor y caza en caja. El proceso está debidamente regulado, tiene controles
de sanidad y mapas de trazabilidad. Últimamente se ha hecho relativa la fecha
de consumo preferente „e, involuntariamente, la de caducidad„ para dar más vida
comercial a los productos y que lleguen como carroña al contenedor de basuras,
sobras del derroche del consumismo.
Todos recordaréis
que cuando los padres embutían a sus hijos en contenedores de basura, nos dimos cuenta de
que España estaba en crisis y esa era la única fuente de proteínas. El tabú social contra la antropológica condición
carroñera saltó como una válvula de escape. Al poco nacieron los bancos de alimentos.
Pero no, no era suficiente, más tarde los donantes y hasta excedentes de producción. El hambre es cara, sólida y cuantiosa. Si
recordáis aquel día que pasasteis hambre, después comisteis como levas ¿Verdad?.
Lógico que los que pasan hambre, hoy, hagan lo mismo y de golpe. Hay una
estructura de solidaridad de donantes y voluntarios que acaso pueda llegar a
todas partes pero no llega y en algunas zonas, hay conflictos por los
contenidos de la basura. ¿Sabéis que hay mafias en los contenedores que controlan, dominan la propiedad? Si, si el débil, nunca come y se va con
hambre y cabreado a su demasiada humilde morada, la mayoría al hotel con más
estrellas del mundo.
Lo cierto y verdad
es que siempre nos preocupamos por los
daños colaterales de los principales.
Esta gente hambrienta hace daño a la marca España que defienden con bravura
nuestra alta cocina y nuestro jamoncito. LA MARCA ESPAÑA es hambre de pan y tocino aunque suba el
colesterol.
La España de la
crisis es una España empobrecida. Tres recesiones en cuatro años y la cuarta más cerca de la quinta que de la
primera. y sin que haya aún certezas
sobre cuando se verá “la luz” final del
túnel, luz que supongo habrán apagado por
lo caro d e esta. Esto ha hecho saltar los resortes económicos de la
sociedad con mayor crudeza de lo
esperado. Con una tasa de paro del 26%, y subiendo, la crisis hace tiempo que
dejó de hacer mella sólo en las grandes cifras macroeconómicas y bajó a la
calle, colocando a muchos, muchísimos ciudadanos al borde de los contenedores
de basura.
Un país sin
jóvenes bien preparados es proclive a la carroña. Del mismo modo que un
ministro, compañero mío –no de ministro- que argumenta la salida de la crisis
bajando los sueldos, subiendo los impuestos y contabilizando el PIB nominal
como real, justifica la existencia real de ETA. Amen, significa así sea, ¿verdad? Pues, así sea.
El independentismo catalán se sustenta en unas afirmaciones rotundas y repetidas a menudo. Van desde las creencias históricas (en 1714 hubo una guerra de secesión que acabó con Cataluña sojuzgada) hasta las económicas (España nos roba, fuera de España seríamos más ricos). Todas ellas son falsas. El PAÍS recoge y analiza hasta 10 de estos mitos y falsedades que no se sostienen con un estudio pormenorizado. No es cierto, por ejemplo, y así está reflejado en los tratados europeos, que una Cataluña independiente ingresaría automáticamente en la Unión Europea. Al contrario: debería recorrer un periplo institucional e internacional complejo y azaroso, con la ONU de por medio como etapa. Tampoco es cierto que el Estado de las Autonomías haya fracasado, que votar siempre sea democrático (las dictaduras también organizaron referendos) o que la consulta convocada para el 1 de octubre sea legal (es ilegal por su contenido, por su tramitación en el Parlamento catalán y conculca además disposiciones de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa). Asímismo, no es cierto que Cataluña pueda separarse legalmente de España apelando al derecho de autodeterminación, ya que ese derecho se reserva a “pueblos sometidos a dominación colonial”. Tampoco es verdad que la Constitución votada en 1978 sea “hostil a los catalanes”.
El presidente de la Generalitat, Josep Tarradellas, en el acto de bienvenida tras 38 años de exilio, junto a Jordi Pujol.EUROPA PRESS
1. LA GUERRA DE 1714 FUE DE “SECESIÓN”
El relato independentista sostiene, basándose en la vieja historiografía romántica, que la guerra de sucesión española de principios del siglo XVIII fue una guerra de secesión, de independencia de Cataluña respecto de España. Un pueblo independiente y democrático, dice, “fue conquistado y sus libertades abolidas”. Al contrario que el pueblo estadounidense, que en 1773 se liberó del yugo colonial británico, Cataluña fue sometida, afirma (Give Catalonia its freedom to vote, The Independent, 10/10/2014).
No fue así. Al morir Carlos II El Hechizado (1700) sin descendencia directa, se desató una batalla europea por hacerse con la Corona de España. Los dos grandes candidatos eran Felipe V de Borbón (nieto de Luis XIV de Francia) y el archiduque Carlos de Austria. Los Borbones pretendían la hegemonía continental, aliando a España con Francia. Los austracistas contaban con el apoyo de Inglaterra —siempre aterrada ante un excesivo poder de una sola nación en el continente—, secundada por los Países Bajos.
Lo que pronto sería una cruenta guerra de monarquías también lo fue de proyectos: el librecambismo anglo-holandés frente al proteccionismo fisiócrata francés; la burguesía mercantil frente a la alianza de las aristocracias agrícola y cortesana; el vago proto-confederalismo de Viena frente a la centralización absolutista heredera del rey Sol; las periferias versus el centro de Europa.
Estas líneas divisorias acabaron encontrando partidarios, fieles y servidores en distintos lugares de la Península. Aunque fueron alianzas efímeras y variables, el reino de Castilla sintonizó más con el envite francés; el Principado de Cataluña, más mercantil, con las incitaciones austracistas.
En efecto, ante las Cortes catalanas, reunidas en 1701 por vez primera desde 1599, ¡hacía un siglo! (lo que indica que el sistema funcionaba a poco gas), Felipe juró las Constituciones supervivientes de la Edad Media. Y otorgó un puerto franco a Barcelona, licencia para dos barcos anuales a América y otras libertades comerciales.
Pero, empujados por el síndrome antifrancés desde la reciente y frustrante anexión a Francia (entre 1640, cuando el incompetente canónigo/presidentPau Claris entregó el Principado a Luis XIII, y 1652, cuando, desengañados de París, los catalanes volvieron a la Corona hispánica); por la invasión de manufacturas galas y por algunas medidas despóticas del virrey, cambiaron de bando y se entregaron al archiduque, que les abandonó para ir a Viena y coronarse emperador.
Se había desatado una guerra internacional doblada de guerra civil: francófilos contra austracistas. Y una guerra civil dentro de la guerra civil: las clases industriales e ilustradas, con los Borbones desde Mataró; los componentes más humildes de los gremios, formando la Coronela, una milicia austracista derrotada y pasada a fuego, en Barcelona.
No fue pues una guerra de una nación contra otra, ni de independencia, ni de secesión, ni patriótica, sino que las leyes y Constituciones catalanas antiguas se usaron por ambos bandos como reclamo, lema, anzuelo o coartada cambiante. Trajo desastres, pero no destruyó el Principado. El final de la guerra catapultó a Cataluña a la revolución económica: primero agrícola-mercantil y luego proto-industrial, como asegura el maestro Pierre Vilar en Catalunya en l’Espanya moderna.
Los independentistas sostienen que hay que superar laConstitución de 1978porque es “hostil a los catalanes”. Y pretenden derogarla basándose en los 1,9 millones de votos a partidos independentistas (Junts pel Sí y la CUP)en las elecciones autonómicas(planteadas como plebiscitarias) de 2015: un 47,7% de los votantes. Pero la Constitución fue apoyada por 2,7 millones de catalanes, el 91,09% de los votantes en elreferéndum constitucional del 6 de diciembre de 1978(¡cerca del doble de los secesionistas de 2015!), dos puntos por encima de la media; la rechazaron un 4,26%, frente al 7,89% de la media, con una participación del 67,91%. Fue, junto a Andalucía, la comunidad que más respaldo dio a la Constitución.2.LA CONSTITUCION DE 1978 ES HOSTIL A LOS CATALANES
En 1978, andaluces y catalanes fueron los que más apoyaron la Constitución
Roca y Solé Tura tuvieron un papel clave para configurar las autonomías
Resulta pues obvio que la superación del marco constitucional actual requeriría, al menos, una mayoría concurrente equivalente a la de entonces.
Lo cierto es que la Constitución de 1978 no es la de un “Estado hostil” a los catalanes. Su organización autonómica no es una pantalla pasada, contra lo que pretende el secesionismo, sino una Constitución típica de un Estado profundamente descentralizado.
Al contrario que Francia o Italia, muy centralizados, España diseñó su Constitución tomando como modelo a la República Federal de Alemania, por tanto, en clave federal. Así, el artículo 2 “reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”.
A la Constitución se la conoce como la de los catalanes, por la influencia directa de los constituyentes Miquel Roca Junyent y Jordi Solé Tura, y la indirecta a través de los equipos de trabajo de otros de sus colegas (centristas y socialistas). Y porque su concepción y organización autonómica (Título VIII, concepto de “nacionalidades”) es tributaria tanto del empuje autonomista de la Cataluña del momento como del registrado en los años 30, plasmado en la Constitución republicana de 1931 y en el Estatut de 1932, que en buena medida inspiraron los textos de 1978 y 1979.
El que ahora algunos denominan despreciativamente “régimen de 1978” fundado sobre esa Constitución posibilitó una inédita (e históricamente excepcional) participación de los catalanes en la orientación de la política española, con su activa presencia en el Congreso y el Senado e innumerables organismos públicos.
Los padres de la Constitución; entre ellos, Miquel Roca, primero por la derecha, y Jordi Solé Tura, de espaldas.EFE
Lo hicieron sobre todo a través de sus partidos mayoritarios: los socialistas del PSC protagonizaron desde 1982 un notable desembarco en los Gobiernos de Felipe González; los nacionalistas (de CiU), entonces moderados, completaron casi todas las mayorías parlamentarias, votaron casi todas las leyes importantes y condicionaron a todos los Gobiernos, del PSOE y del PP.
Los independentistas dicen que los casi 40 años de autogobierno muestran su fracaso, que hay un proceso de “ahogo” de la autonomía y de recentralización y que, por tanto, hay que superar la autonomía e ir a la independencia.3. LA AUTONOMÍA HA FRACASADO
En el desarrollo de la Constitución, el Estatut de 1979 (y su despliegue) estableció un sistema de autogobierno sin parangón en la historia de España. La oficialidad y el uso vehicular del idioma catalán permitieron su notable recuperación; se avanzó en la corresponsabilidad fiscal y en la recaudación de impuestos (pese a que el nacionalismo había rechazado al inicio de la democracia el sistema de concierto); se administraron las competencias básicas del Estado del bienestar (sanidad y educación), que fueron ampliándose a otras (prisiones, policía).
Y el aún más descentralizador Estatut de 2006 todavía profundizó en ese autogobierno. Incluso pese a que el Tribunal Constitucional lo recortó notablemente, en una polémica sentencia (2010) sobre un recurso del PP que marcó un antes y un después en la percepción sobre el (obstaculizado) encaje de lo catalán en lo español y sobre la (crecientemente radicalizada) política nacionalista, que consideró roto el subyacente pacto constitucional.
Logros: oficialidad del catalán, ampliación de competencias, cesión de impuestos
Los nacionalistas de CiU condicionaron a todos los Ejecutivos, del PSOE y del PP
Aunque algunos de quienes más dicen lamentar lo que consideran la pérdida del Estatut, como Esquerra Republicana, habían hecho campaña en contra y habían pedido el voto negativo en el referéndum de 2006.
En cualquier caso, el tamaño del desengaño y la desafección fue superior al de la poda hecha en el texto: supresión de un artículo e incisos en otros 13 (sobre un total de 238) y reinterpretación de muchos otros. Pero su alcance cualitativo fue superior al cuantitativo: se descabezó la pretendida desconcentración del poder judicial y se laminaron competencias financieras importantes, así como aspectos simbólicos. En Cataluña se recibió lógicamente como un agravio que la legitimidad del tribunal primase sobre la voluntad popular ya expresada en el Congreso y en el referéndum previo a la sentencia.
Pese a esos reveses y a una panoplia de leyes recentralizadoras introducidas desde 2012 por el PP, el nivel de autogobierno alcanzado y consolidado en toda España (y singularmente en Cataluña) no constituye pues ni pantalla pasada ni motivo para pasarla. Al revés, incluso aunque pueda mejorarse, resulta formidable en términos comparativos internacionales: España es el séptimo país de la OCDE según el baremo del poder fiscal descentralizado; y el primero en intensidad de su descentralización entre 1995 y 2004 (Fiscal federalism, OECD, 2016).
España es una democracia avanzada que goza del máximo grado de libertades y respeto por los derechos individuales y colectivos. Así lo certifican todas las instituciones internacionales de las que el país es parte así como todos los centros de estudios dedicados a evaluar la calidad de la democracia de los Estados.4. ESPAÑA ES UN ESTADO AUTORITARIO
Internamente, el Estado de derecho y la división de poderes están garantizados por los tribunales. Internacionalmente, España es signataria de todas las convenciones sobre derechos humanos y libertades políticas y civiles del sistema de Naciones Unidas, miembro del Consejo de Europa y sus convenios de protección de derechos. También es miembro de la Unión Europea y firmante de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.
El autogobierno puede mejorarse en España, pero es ya formidable
‘The Economist’ da a España un 8,3 sobre 10 en su índice sobre democracia
Toda la legislación nacional y las sentencias de sus tribunales están sometidas a los tribunales de Estrasburgo (Consejo de Europa) y Luxemburgo (Tribunal de Justicia de la UE). Como demuestran los casos de Hungría y Polonia, los Estados de la UE están sometidos a un estricto régimen de vigilancia por parte de las instituciones europeas para detectar cualquier desviación de poder, violación de derechos o ataque a las libertades o la separación de poderes.
Ni el Gobierno de la Generalitat ni ninguna entidad independentista ha recurrido a ninguna de estas instancias internacionales para denunciar ninguna violación de derechos ni el Estado español ha sido apercibido o condenado, dentro o fuera del país, por este tipo de hechos.
Freedom House concede a España la máxima puntuación en derechos políticos y civiles: 95/100, la misma que, por ejemplo, a Alemania. El Economist le otorga un 8,3 sobre 10 en su índice sobre democracia, un valor situado entre Francia (7,92) y Alemania (8,6). El Proyecto Politi IV, que mide el autoritarismo y la evolución de la democracia, sitúa a España en el máximo de democracia (10) desde 1982.
Más: en su informe de 2017 sobre derechos humanos, la organización Human Rights Watch ni hace mención a la presunta supresión de derechos en Cataluña ni menciona siquiera a Cataluña como un asunto específico.
Y aunque el Alto Comisionado de la OSCE para los Derechos de las Minorías, en su último informe sobre España, advirtió solo sobre la integración de los gitanos, ni en ese texto ni en su informe sobre derechos lingüísticos hizo ninguna mención condenatoria a España.
Esta falsedad la puso en circulación laGeneralitat de Artur Mas en 2012,al publicar un cálculo según el cual Cataluña estaría aportando 16.409 millones de euros al presupuesto común. El supuesto robo del 8,4% del PIB de Cataluña fue difundido por el expresidente Jordi Pujol: “Pagar en torno al 9% de su PIB por concepto de solidaridad, y con frecuencia más, se convierte en un expolio que perjudica gravemente a Cataluña y su gente”.5.ESPAÑA NOS ROBA
Ese cálculo es un desatino. El estudio nacionalista que en 1994 lanzó el concepto de “expolio” calculaba la balanza en el 7,56% del PIB, de los cuales la aportación a la solidaridad interregional justificaba 2,44 puntos. El trabajo, de Jordi Pons y Ramon Tremosa, cifraba pues el exceso de déficit en algo más de cinco puntos, no ya de nueve. Cifras menos lejanas a los déficits fiscales de los territorios más prósperos en los países federales, en torno al 3,85%.
En realidad, los nacionalistas catalanes defendieron en su propuesta de pacto fiscal de modelo a la vasca corregido (“concierto solidario”) una cuota de solidaridad del 4% del PIB (rebajada al 2% en algunas versiones), con lo cual el déficit fiscal excesivo no sería de ocho puntos, sino de cuatro. Pero la doble cifra tótem de 16.409 millones de euros (8,4% del PIB) fue la que se empleó para la propaganda. Y recibió muchas críticas, por desmesurada, ya que se estimó según uno de los dos métodos (y seis variantes) de cálculo científico de las balanzas (“flujo monetario”: territorio donde se produce el gasto público), menos indicado que su alternativa (“beneficio” a cada población, independientemente del lugar del gasto).
El economista Antoni Zabalza distinguió entre los ciclos económicos. En el libro Economia d’una Espanya plurinacional, calculó que si en tiempos de bonanza el déficit catalán oscilaba en torno al 8%, en fases de crisis era muy inferior o se convertía incluso en superávit. En parecida línea, Josep Borrell y Joan Llorach, en su libro Las cuentas y los cuentos de la independencia,recogían una estimación de la Generalitat según la cual el desbalance para Cataluña alcanzaría en 2015 solamente 3.228 millones de euros: esto es, solo un 1,6% de su PIB.
Artur Mas firma el decreto de convocatoria del 9-N el 27 de septiembre de 2014.JORDI BEDMARAFP
Así que tras haberse convertido en “verdad oficial del procés”, el fervor sobre el mito de los 16.460 millones perdidos se fue mitigando en el ámbito de mayor cultura económica.
En realidad, hay un cierto consenso en que Cataluña contribuye según sus capacidades y riqueza lo que le corresponde; pero recibe mucha menor inversión que la adecuada para el peso de su PIB y de su población en ambos parámetros globales: de 2011 a 2015 la inversión estatal presupuestada para toda España bajó un 36,6%, por un 57,9% en Cataluña; y la ejecutada fue aún mucho peor. Esta es una de las vías aptas para corregir las disfunciones —que no expolio—, de la situación actual. En cualquier caso, las balanzas oficialesdel Gobierno para 2014 indicaban que Cataluña no era la primera comunidad contribuyente neta (déficit fiscal de 9.892 millones, el 5,02% del PIB) sino la segunda, tras Madrid (19.205 millones negativos, un 9,8% de su PIB).
Siempre que esos niveles de desbalance no estrangulen el crecimiento de los territorios más prósperos, su mayor contribución neta deriva del principio de progresividad (a mayor riqueza, más fiscalidad), como pasa con los individuos.
Además, el déficit fiscal compensa su superávit comercial (la ocupaciónindustrial de las regiones menos desarrolladas): así ocurre en la UE, entre Norte y Sur. Cuando los “contribuyentes netos” europeos se han rebelado y han exigido pagar menos al presupuesto común, las autoridades catalanas no han hecho causa común con ellos. ¡Se trata de lo mismo!
La tesis de que los catalanes en solitario serían más ricos tiene mucho de ensoñación.6. SOLOS SEREMOS MÁS RICOS
Cierto que ya conforman, con Madrid, País Vasco y Baleares, una de las comunidades españolas más prósperas.
Cierto también que han mantenido y aumentado su nivel comparativo europeo —en términos de prosperidad, medida en PIB per cápita— con regiones muy avanzadas, como la francesa Rhône-Alpes, la italiana Lombardía y la alemana Baden-Wurtemberg, con las que conforman el cuarteto conocido como “los cuatro motores”.
Y cierto que, por lo menos hasta el inicio de la Gran Recesión, se defendieron mejor que estas. Lo hicieron, significativamente, formando parte de España, de la economía española, de eso que el secesionismo denomina el Estado español, al que considera un Estado ajeno, enemigo u hostil: en su seno, Cataluña no ha dejado de progresar.
El caso es que la versión radicalizada del nacionalismo pinta un escenario rosa en caso de separación, ignorando o minimizando los costes directos de la misma. Amén de los indirectos: la pérdida de las sinergias económicas y los estímulos intelectuales obtenidos por pertenecer al amplio espacio económico europeo, líder mundial en comercio, ayuda al desarrollo y modelo social avanzado.
Así, los publicistas secesionistas propagan que, con la independencia, Cataluña sería mucho más rica que actualmente. Aumentaría su PIB y su empleo, y mejoraría su capacidad de endeudamiento, las pensiones y los servicios sociales.
No sería viable mantenerse en el euro: para ello hay que estar en la UE
No hay “mandato” para una consulta: no estaba en el programa electoral
Para que un referéndum sea democrático debe respetar la ley
Frente a esta posición, un escenario negro. El Ministerio de Economía asegura que la secesión reduciría el PIB entre un 25% y un 30%, hasta 63.000 millones de euros. Un estudio del Ministerio de Exteriores menos trágico cifra el impacto negativo para Cataluña en 36.999 millones, cerca del 19% de su PIB (Consecuencias económicas de una hipotética independencia de Cataluña, 17/2/2014).
Entre un escenario glorioso y otro catastrófico, los datos y estudios comparativos indican que Cataluña afrontaría una fortísima crisis (que afectaría también al conjunto de España), probablemente cercana a la causada por la Gran Recesión, que redujo entre 2008 y 2013 la riqueza española, medida en PIB, en un 9,2% entre 2008 y 2013.
Algunas comparaciones internacionales pueden ofrecernos pistas, aunque sus contextos difieran. Ciñéndose solamente al impacto en el PIB de la reducción y encarecimiento del comercio interno, el quinto estudio oficial británico sobre la independencia de Escocia calcula que esta perdería un 4% de su PIB, lo que traducido al tamaño catalán equivaldría a perder el 3%, reconoce la Revista de Catalunya.
El precedente de la partición de Checoslovaquia (1993) prohíbe minimizar el revés comercial de las rupturas (incluso pactadas, como fue aquella). Desde entonces hasta 2011 las exportaciones checas a Eslovaquia bajaron del 22% al 9% y las de sentido inverso, del 42% al 15% (La fábrica de España, EL PAÍS, 22/11/2012). Y la separación de Eslovenia retrajo sus exportaciones totales un 23,5% en 1992, y un 5,5% su PIB, según un estudio de la Cámara de Barcelona (El sector empresarial a Catalunya i Espanya, 5/6/2014).
Ese trabajo, menos militante que los oficialistas, calcula que, solo por el efecto de la caída del comercio, el PIB catalán podría reducirse hasta el 5,7% (y un mínimo del 1,1%), mientras que el perjuicio de la secesión catalana para el resto de España alcanzaría un signo negativo máximo del 1,4%.
Entre otras razones, porque la dependencia de las exportaciones de Cataluña al mercado español (que ella tanto contribuyó a crear), cercanas a un tercio de su total, es muy superior a la inversa; y porque su saldo positivo (22.685 millones en 2011) compensa el saldo negativo de la balanza comercial catalana con el extranjero (15.325 millones).
Claro está que un impacto adverso de 5,7 puntos (o de 3 puntos en la comparativa con Escocia) no es equiparable a los nueve puntos perdidos por la economía española durante la Gran Recesión.
Pero, atención, esas cifras se circunscriben a los estrictos efectos de la evolución comercial, el elemento hasta ahora más explorado. Y, además, en el caso catalán las estimaciones se remiten a un escenario de una separación idílica, sin interrumpir su adscripción a la UE, algo denegado por los Tratados y por las autoridades comunitarias.
Queda pues por añadir otros flujos adversos: de inversión exterior (hasta ahora positiva), de turismo, de facilidad de endeudamiento exterior, y la mencionada pérdida de los efectos positivos de la pertenencia a un gran espacio económico integrado. Cataluña podría pues ser económicamente viable por sí sola (lo es Uruguay). Pero lejos de convertirse en un paraíso inmediato —quizá también de un infierno letal—, se abocaría a un azaroso y dramático purgatorio.
Es falso que, contra lo que sustenta la suspendida ley del referéndum en su exposición de motivos, Cataluña tenga el “derecho imprescriptible e inalienable a la autodeterminación” (y, más aún, en un sentido “favorable a la independencia”), que habría sido reconocido por el derecho internacional. Sucede lo contrario.
La normativa de Naciones Unidas (Carta fundacional de 1945, resoluciones 1514 y 2625 de la Asamblea General, Pacto Internacional de Derechos Civiles) reconoce el derecho de autodeterminación pero en sentido interno: como un derecho de los pueblos a que sus ciudadanos puedan realizarse políticamente, votar en elecciones democráticas y participar en las instituciones.
Los diputados de la oposición, encabezados por Inés Arrimadas (Ciudadanos), abandonan el pleno del Parlament en el que se aprobó la ley del referéndum de independencia, el pasado 6 de septiembre.MASSIMILIANO MINOCRI
Solo en situaciones muy específicas este derecho a la autonomía dentro del Estado se puede convertir en autodeterminación externa, frente al Estado, y por tanto, a la secesión. Esas excepciones se circunscriben a la “situación particular de los pueblos sometidos a dominación colonial o a otras formas de dominación u ocupación extranjeras” (Resolución 50/6 de la ONU).
Pero, además, ese derecho es concurrente con el principio de “integridad de los Estados”. Es más, puede ceder la primacía ante este último porque el reconocimiento de la autodeterminación externa para “nada (…) autoriza o fomenta acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial o política de Estados soberanos”: ¿qué Estados quedan protegidos de secesiones? Aquellos “que se conduzcan de conformidad con el principio de la igualdad de derechos (…) y estén, por tanto, dotados de un Gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio”, remata la 50/6. En resumen, las democracias.
Y en el caso que nos ocupa, la democracia española ha sido construida con la decisiva aportación de los catalanes (desde su participación en la ponencia de la Constitución de 1978); ha ofrecido cauce para que hayan participado en 38 convocatorias electorales de distinto nivel de gobernanza (local, autonómico, estatal y europeo, y en cuatro referendos legales, el de la Constitución, los de los Estatutos de 1979 y 2006 y el del Tratado Constitucional de la UE); y para que participen en las instituciones del Estado. No están sometidos a un yugo colonial, dictatorial ni militar.
En casos aún más excepcionales se habla de “secesión remedial”, como último remedio para cesar una masiva vulneración de los derechos humanos y las libertades democráticas. Pero estos casos extremos deben ser convalidados por el Consejo de Seguridad de la ONU, como ocurrió en Kosovo, que además respetó en su declaración de independencia el Marco Constitucional interno —con mayúsculas—, administrado bajo tutela de una misión de la ONU. Además de que su jefe recomendó específicamente la independencia de Kosovo respecto de Serbia al Consejo de Seguridad, lo que este aceptó.
La ONU reconoce la autodeterminación a las colonias y pueblos oprimidos
Los catalanes han votado en 38 ocasiones desde el fin de la dictadura
Ninguna Constitución europea reconoce el derecho a desgajarse
Otros Estados han surgido por sucesión o desintegración/implosión (de la URSS o de Yugoslavia), pero de ahí no se deriva un derecho genérico a la secesión. Escocia, Canadá y Montenegro han celebrado referendos de autodeterminación, pero conforme a su ordenamiento y con autorización del Gobierno central y del Parlamento, nunca de forma unilateral. El caso de Sudán del Sur es parecido.
La Constitución Española no contempla —como ninguna otra de Europa ni de prácticamente ningún país— el derecho de un territorio a desgajarse. Una modificación del statu quo requeriría una reforma constitucional por el procedimiento agravado, que exige entre otras cosas aprobación por mayoría de dos tercios en Congreso y Senado y que la reforma se apruebe en referéndum por todos los españoles. Existe, eso sí, la posibilidad de consultar directamente a los ciudadanos sobre “decisiones de especial trascendencia”, pero entonces el referéndum debe convocarlo el Gobierno, es solo consultivo y no vinculante y deben tener derecho a votar en él todos los españoles (art. 92 de la Constitución).
Además, la doctrina mayoritaria y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional exceptúan de la posibilidad de someter a referéndum todas las cuestiones que contradigan la unidad nacional e integridad territorial recogidas en el artículo 2. Referendos contrarios a normas constitucionales similares, como sucedió con las de Ucrania en el caso de la secesión de Crimea, han sido radicalmente desautorizados por el Consejo Europeo, la Asamblea General de la ONU y la Comisión de Venecia del Consejo de Europa.
No es cierto que una Cataluña independiente seguiría formando parte de la Unión Europea, como pretende el secesionismo.8. NO SALDRÍAMOS DE LA UE
Desde 2004, los sucesivos presidentes de la Comisión Europea (que es la guardiana e intérprete en primera instancia de los Tratados), Romano Prodi, Jose Manuel Durão Barroso y Jean-Claude Juncker, han sostenido idéntica tesis, con escasísimas variaciones en su formulación: “Si un territorio de un Estado miembro deja de ser parte de este Estado porque ese territorio se convierte en un Estado independiente, los Tratados no pueden seguir aplicándose a esa parte del territorio. Y la nueva región independiente se convierte, por efecto de su independencia, en un país tercero”. Ese nuevo Estado deberá “pedir nuevamente el ingreso” si desea ser miembro.
Esta definición deriva directamente de la textualidad del Tratado de la Unión Europea (TUE). Su artículo 52 menciona, uno por uno y por su nombre completo, los 28 Estados miembros de la Unión. No aparece el de Cataluña, de manera que su adscripción a la Europa comunitaria deriva del hecho de formar parte del Reino de España. No es que Cataluña se abocase a su expulsión del club comunitario; es que se autoexcluiría del mismo.
Pero, además, el TUE, en su título I (el de carácter más constitucional), obliga a todos en su artículo 1.2 a respetar el orden constitucional de cada Estado miembro y su integridad territorial, en los siguientes términos: “La Unión respetará la igualdad de los Estados miembros ante los Tratados, así como su identidad nacional, inherente a las estructuras constitucionales de éstos (...) y respetará las funciones esenciales del Estado, especialmente las que tiene por objeto garantizar su integridad territorial”. No es un asunto de legislación derivada, ni reglamentaria, ni opcional, sino de orden constitucional.
Así que, en caso de que Cataluña se constituyese en un Estado independiente y desease adherirse a la UE, ello no sería automático, sino que debería presentar su candidatura a tal efecto, según establece el artículo 49 del TUE, que debería ser validada por los 28 Estados miembros, incluida España, algo de suyo complicado, más aún si la separación fuese unilateral.
Pero para ser candidato deben cumplirse los dos requisitos básicos fijados por ese artículo. El primero es ser “un Estado europeo”; el segundo, ser “un Estado que respete los valores” democráticos proclamados en el artículo 2, como recordaba en un artículo del prestigioso exjurisconsulto del Consejo Europeo, Jean Claude Piris (Cataluña y la Unión Europea, EL PAíS, 29/8/2015).
En el supuesto de que esos valores se cumpliesen, habría que acreditar también que el país constituye “un Estado europeo”. Y para constituir un Estado hay que obtener el reconocimiento internacional. Como acabó reconociendo Artur Mas el pasado 25 de marzo, “si no te reconoce nadie, las independencias son un desastre”.
Si hubiese secesión, Cataluña saldría de la UE y debería pedir el reingreso
Todos los Estados miembros deberían aprobar su vuelta, incluido España
“Si no te reconoce nadie, la independencia es un desastre”, dijo Mas
Y la vía indiscutible para ese reconocimiento es la ONU, la pertenencia a la misma. Para que la ONU admita un nuevo Estado debe recomendarlo primero el Consejo de Seguridad (entre cuyos miembros permanentes con derecho a veto figura Francia, nada inclinada a favorecer rupturas territoriales y sensibilizada por cuestiones como la de Córcega o sus propios territorios catalanes); y luego aprobarlo la Asamblea General por una mayoría de dos tercios.
La minimización política de esos obstáculos aludiendo a la importancia capital de Cataluña para Europa y la imperiosa necesidad que esta tiene de aquella contrasta con el unanimismo de los Gobiernos e instituciones europeas en contra de la fragmentación; con la problemática que suscitaría el precedente de una secesión para muchos Estados miembros que experimentan tensiones centrífugas domésticas; y con el propio objetivo fundacional de la actual UE de reconciliar a los europeos sobre bases como el mantenimiento inalterado de las fronteras internas establecidas tras la Segunda Guerra Mundial.
Y frente al recurso a una pretendida “ampliación interna” relativa a la presunta conservación por los catalanes de su condición de ciudadanos europeos, la Comisión ha dejado bien establecido que solo las personas que tengan nacionalidad de un Estado miembro son ciudadanos de la UE, según el artículo 20 del TFUE (C(2022) 3689 final, 30/5/2012).
El premio de consolación sería la permanencia en el euro. “En cualquier caso, Cataluña va a estar en el euro… hay países que no están en la UE y tienen euro, Cataluña lo tendrá si quiere”, manifestó Mas en septiembre de 2013. No es así. Estar en el euro es formar parte de la unión monetaria, y en ella solo se admiten a los Estados miembros de la UE.
El sucedáneo sería emplear el euro: crear una moneda propia y pegarla a la europea, pero ese mecanismo, el currency board, exige un acuerdo previo por unanimidad (art. 219.1 del TUE) de los 28. Y aunque es el sistema usado por Mónaco, San Marino, el Vaticano y Andorra, “no es adecuado para las economías diversificadas”, según el FMI. Un sucedáneo del sucedáneo sería emplearlo sin acuerdo, lo que los expertos consideran contrario al Tratado. Y privaría también a las entidades bancarias de Cataluña del paraguas de financiación masiva que despliega el BCE, que en el mejor de los casos (contar con filiales en la eurozona) solo les podría adjudicar apoyos simbólicos, como los otorgados a las de terceros países.
La votación convocada para el 1 de octubre es legal, sostiene el Govern. Falso. Y su vicepresidente, Oriol Junqueras, riza el rizo añadiendo que el Código Penal no prohíbe votar. Es engañoso.
Para que una convocatoria electoral sea legal debe ampararse en la ley. Y la Constitución otorga la competencia exclusiva para llamar a referendos en asuntos “de especial trascendencia” a las Cortes y al Gobierno. El 1-O ha sido convocado de forma unilateral, por decreto de la Generalitat.
Las dos leyes de desconexión, la de referéndum, del 6 de septiembre, y la de “transitoriedad y fundacional” de la república catalana, de 8 de septiembre, son ilegales.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, recibe a la Coronela y los Miquelets en la Diada de 2016.ALBERT GARCIA
Lo son, primero, por cuestión de procedimiento. Fueron votadas en el Parlament sin la mayoría de dos tercios que exige el Estatut para su reforma, según su artículo 222 (y suponen mucho más que una mera reforma); en virtud de un cambio del Reglamento de la cámara que quebrantó los derechos de los diputados (y de los votantes); e incumpliendo un requisito esencial del procedimiento legislativo, la solicitud de dictamen previo al Consell de Garanties Estatutàries, el equivalente catalán del Tribunal Constitucional en el control de legalidad de las normas autonómicas.
Tras haber emitido varios dictámenes contrarios a distintas piezas normativas del procés (entre ellos sobre la propia reforma del reglamento parlamentario), el mismo 6 de septiembre, dicho Consell, reunido de urgencia en pleno, emitió un acuerdo remitido a la Cámara recordando “el carácter preceptivo” de su dictamen, que la Mesa ignoró. Defecto de forma que es de fondo, al anular garantías imprescindibles en el proceso de elaboración de una ley. Un aviso de ilegalidad concomitante fue emitido por los letrados de la Cámara.
Además, la ley del referéndum es ilegal por su contenido. Una ley ordinaria no puede autoproclamar (artículo 3.2) que “prevalece jerárquicamente” sobre el Estatut y la Constitución; no puede contradecir a la Constitución (artículo 92: competencia estatal y carácter consultivo de los referendos); y no puede establecer (artículo 19) una autoridad electoral —la Sindicatura— por mayoría absoluta, cuando una ley electoral exige mayoría reforzada de dos tercios (artículo 56 del Estatut).
Y conculca las principales disposiciones de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa: disponer de una normativa electoral desde un año antes, sin cambiarla (ha sido menos de un mes); entablar previamente “serias negociaciones entre todos los actores”; prohibir “el uso de fondos públicos por parte de las autoridades con fines de campaña” (lo que viola la radiotelevisión oficial).
En cuanto a la ley de transitoriedad, se trata de un texto con pretensión de Constitución interina que entraría en vigor a los dos días de celebrado el referéndum (presunción de hechos consumados) y sin haberse votado en un referéndum constituyente: “Cataluña se constituye en una República” (artículo 1); la “soberanía nacional radica en el pueblo de Cataluña” (artículo 2); y “mientras no se apruebe la Constitución de la República, esta ley es la norma suprema del ordenamiento jurídico catalán” (artículo 3).
La norma dibuja y prefigura un Estado autoritario que acabaría con el Estado de derecho, pues cancela la separación de poderes y la independencia del poder judicial: el presidente del Tribunal Supremo sería elegido por el presidente de la República (y primer ministro); y todos los cargos judiciales, por una comisión mixta en la que el Gobierno dispondría de mayoría absoluta, erosionando el derecho fundamental de los ciudadanos a la tutela judicial (artículo 65 y siguientes), en sintonía con la evolución dictatorial de Polonia. Y el próximo Parlament, que en teoría tendría funciones constituyentes, carecería de ellas pues debería obedecer un mandato previo vinculante dictado por un “proceso de participación ciudadana” (artículo 85 y siguientes) previsiblemente hegemonizado por las entidades de agitación soberanista.
La ley catalana del 1-O se pretende superior al Estatut y la Constitución
Italia y Alemania acaban de negar la posibilidad de ese tipo de votaciones
“No hay espacio para aspiraciones secesionistas”, ha dicho el TC alemán
Estas leyes, suspendidas por el Constitucional, exhiben una ilegalidad de origen por cuanto derivan de otras anteriores, anuladas por el mismo, siempre por unanimidad. Así, la Sentencia del TC STC 42/2014 (25 de marzo) anuló la resolución parlamentaria 5/X (23 de enero de 2013) que aprobó la soberanía de Cataluña: porque el soberano es el pueblo español de manera “exclusiva e indivisible” (artículo 1.2 de la Constitución).
En la STC 103/2008 de 11 de septiembre estableció que si la pregunta del referéndum afectaba al orden constitucional, el único referéndum posible es el previsto en los procedimientos de reforma de la Constitución. La STC 31/2015 de 25 de febrero insistió en ello. De manera que “ni la Generalitat ni el Estado pueden convocar un referéndum o una consulta popular que pueda afectar al orden constitucional”, como lo sería “preguntar sobre la independencia de Cataluña”, como ha escrito el letrado mayor del Parlament, Antoni Bayona. La más reciente STC del 10 de mayo de 2017 abunda en ello.
La STC 259/2015, del 2 de diciembre, declaró inconstitucional la resolución 1/XI del Parlament, de 9 de noviembre de 2015, en que este reclamaba un Estado catalán independiente, proponía leyes de desconexión y un “proceso constituyente no subordinado”, sin supeditarse a las resoluciones del propio TC. El tribunal rechazó ese texto como un “acto fundacional” del proceso de independencia y estableció que en un Estado democrático no pueden contraponerse legitimidad democrática y legalidad constitucional.
Una panoplia de resoluciones derivadas (como interlocutorias) del TC desarrolla y detalla esa doctrina en cada paso que se ha imprimido al procéssoberanista: de manera que el marco normativo del referéndum es ilegal a los ojos de la ley, y también de la jurisprudencia.
Adicionalmente, el Código Penal es obvio que no prohíbe votar, pero sí castiga la desobediencia, la prevaricación y la malversación de fondos en procesos electorales que hayan sido legalmente prohibidos.
“Referéndum es democracia”, es el principal lema de la campaña secesionista para el 1-O, que se despliega con diversas variantes.10. VOTAR SIEMPRE ES DEMOCRÁTICO
Formulado así, sin matices, el principio es equívoco y por tanto induce al error. Es cierto que las consultas referendarias como mecanismo de “democracia directa” pueden constituir un buen complemento de la democracia representativa. Y así sucede frecuentemente en algunos países muy concretos, de pequeña dimensión, vida política local muy intensa y gran tradición (constitucionalizada) en votaciones sobre cualquier asunto, como Suiza.
Pero también los referendos han sido empleados por las peores dictaduras. Los ocupantes nazis de Austria hicieron ratificar el Anchluss (anexión) al Tercer Reich de Adolf Hitler por esa vía, el 10 de abril de 1938. Entre otros detalles, la casilla del sí duplicaba el tamaño de la del no. Resultado: 99,73% a favor.
El franquismo rubricó de igual forma su Ley Orgánica del Estado el 13 de diciembre de 1966, sin libertad para discrepar ni existencia de partidos ni de derecho democrático alguno. Resultado: 95% de votos favorables, que en algunas mesas electorales llegaron a superar el 100% de los electores (procedimiento conocido como pucherazo: añadir papeletas con un puchero).
Además, defender que la única solución al (muy mejorable) encaje de Cataluña en España es un referéndum de independencia carece de sentido: esta reivindicación no figuraba en el programa electoral de Junts pel Sí, el principal grupo secesionista (Convergència y Esquerra) para las elecciones plebiscitarias del 27-S, por considerar ya válida a todos los efectos la deficiente consulta del 9-N de 2014. No se votó entonces en favor de ese ni de ningún referéndum. No hay pues mandato electoral para su celebración, sino solo un intento de captar a ciudadanos votantes de otros partidos y partidarios de una consulta pactada (esta no lo es).
Para que un referéndum sea democrático debe celebrarse en un régimen democrático y ateniéndose al marco constitucional. “Celebrar un referéndum que es inconstitucional contraviene en todo caso los estándares europeos”, dictaminó el Consejo de Europa (Comisión de Venecia, que supervisa los referendos en el continente) en el caso del referéndum separatista de Crimea respecto de Ucrania (dictamen 762/2014).
Oriol Junqueras y Carles Puigdemont abandonan una sesión del Parlament.ALBERT GARCIA
Y es que el uso de referendos debe “cumplir con el sistema legal como un todo, especialmente las reglas de procedimiento (…)”. “Los referendos no pueden celebrarse si la Constitución o una ley conforme a ella no los autoriza”, obliga el Código de Buenas Prácticas del organismo (documento 371/2006). Y el artículo 2 de la Constitución de Ucrania establece que su soberanía “se extiende a su entero territorio”, que es “un Estado unitario” y que su frontera “es indivisible e inviolable”.
El presidente de la Comisión de Venecia advirtió el 2 de junio en carta al de la Generalitat que cualquier referéndum debía ser pactado con el Gobierno y llevarse “a cabo en pleno cumplimiento con la Constitución”, lo que en este caso no ocurre porque la (suspendida por el Constitucional) ley catalana del referéndum se sitúa por encima y al margen de la Constitución, y del Estatut.
Es falso asimismo que la exclusión del recurso a referéndum en asuntos de soberanía sea propio de “democracias de (presunta) baja calidad”, como alega el Govern. Todas las democracias avanzadas de la Europa continental excluyen asimismo la convocatoria de referendos de secesión. Los dos episodios más recientes al respecto son Italia y Alemania.
La Corte Costituzionale italiana (sentencia del 29/4/2015) dictaminó que la soberanía de todos sus ciudadanos “es un valor de la República unitaria que ninguna reforma puede cambiar sin destruir la propia identidad de Italia”. Y que atentar contra ese imperativo implica “subversiones institucionales radicalmente incompatibles con los principios fundamentales de unidad e indivisibilidad de la República”. Y ello porque “la unidad de la República es uno de los elementos tan esenciales del ordenamiento constitucional que está sustraído incluso al poder de revisión de la Constitución”. Una restricción que no opera en España, puesto que todos los artículos de su Constitución pueden reformarse.
En igual sentido y de forma mucho más escueta, ante una petición de referéndum independentista para Baviera, el Tribunal Constitucional alemán resolvió denegarla el 16 de diciembre de 2016 puesto que “no hay” ningún “espacio para aspiraciones secesionistas de un Estado federado en el marco de la Constitución: violan el orden constitucional”. Y es que en la República Federal, “como Estado nacional cuyo poder constituyente reside en el pueblo alemán, los Estados federados no son dueños de la Constitución”.
Así que los referendos de secesión no son democracia (europea).
