La tetra de Pedro Sánchez, Junqueras, Puigdemont y Otegi. Solo buscan hacer daño a España.
Desde hace
veinte horas, el Presidente de la Generalitat está condenado por cometer un
delito, o sea, es un delincuente. Jamás había ocurrido en la historia de la
democracia.
Puigdemnt
aporta muchas innovaciones negativas al pueblo de Cataluña. En cualquier otra
comunidad autónoma, un presidente se quita de en medio no ya cuando lo
condenan, sino antes, cuando resulta procesado. En Cataluña, el condenado se atornilla al butacón, presume del
delito cometido y utiliza al Parlamento autonómico como escudo humano.
Sostiene la criatura de Puigdemont que un tribunal no es quien para
inhabilitarle a él. Dónde se
habrá visto que un tribunal decida qué puede hacer un diputado elegido por el
pueblo. Salvoque el tribunal sea
de la Unión Europea (UE) y le haya dado la razón…. Entonces sí, entonces no hay
voz más autorizada para dar y quitar habilitaciones que un tribunal.
Torra podría
atender al criterio que expuso ayer (y expuso bien) el abogado de Junqueras,
Van der Eynde.
Lo que
opinen las partes no es concluyente. La
última palabra la tiene el tribunal al que le corresponde. Eso vale
para el señor Torra (que condenado y todo piensa seguir en el machito) y para
el señor Junqueras, cuyo abogado tendrá ocasión ahora de pedir que se anule el
juicio en el que fue condenado alegando que el Tribunal de Luxemburgo ha
establecido que debió permitirse a su defendido salir de prisión para ejercer
de eurodiputado. Pero como el propio abogado admite, al final será el Supremo el que establezca
qué toca hacer ahora, no las partes. Ni la defensa, que pedirá nulidad, ni la fiscalía, que pide que se
ejecute ya la inhabilitación, ni la abogacía del Estado, que aún no se sabe lo
que pide.
Se lo están
mirando, dijo ayer la señora Calvo. Vicepresidenta de Pedro Sánchez. Mientras Esquerra urgía al gobierno a
ordenar ya a la abogacía que se sume a la petición de nulidad como precio para
seguir negociando la investidura.
Está claro que o la abogacía se retrata al lado de la defensa de
Junqueras o a Sánchez lo dejan colgado de la brocha. En cualquier otra circunstancia,
en cualquier otra negociación política, en cualquier otro lugar, que un partido
político exija con este desahogo al gobierno del país que ponga la abogacía al
servicio de su causa se consideraría obsceno. A estas alturas, sin embargo, y en nuestro país, nadie se inmuta. El
gobierno dice, bajito, y sin ánimo de molestar a Junqueras, que una negociación
entre partidos no puede incluir a la abogacía del Estado pero en Esquerra no se
dan por aludidos. Por alguna razón han asumido que está enésima
exigencia es tan asumible para el PSOE como todas las anteriores.
De lo que
diga el Tribunal Europeo –-les contaba ayer a esta misma hora-- dependerá que
Junqueras siga cumpliendo condena, que Puigdemont pueda moverse por Europa sin
que nadie le detenga, que haya o no haya elecciones anticipadas en Cataluña y
que salga o no salga adelante el matrimonio entre el PSOE y Esquerra.
Pues en eso
estamos veinticuatro horas después. En ver qué efectos acaba teniendo esta
sentencia relevante que, primero, sienta doctrina sobre cuándo empieza a ser diputado un candidato elegido por el pueblo;
y, segundo, resuelve que el Tribunal Supremo de España debió haber permitido a
Oriol Junqueras salir de prisión preventiva para ejercer como eurodiputado y
sólo después haber solicitado al Parlamento Europeo el permiso para seguir
adelante con el juicio en el que estaba encausado.
Esto dice la
sentencia.
Y lo que no
dice es que el juicio fuera político, ni que se persiguiera a Junqueras por ser
independentista, ni que haya que anular el proceso, ni que deba ponérsele en la
calle mañana mismo. No dice que
esté mal condenado y no dice, por tanto, que Oriol Junqueras no
cometiera un delito grave llamado sedición. Cometerlo, lo cometió. Dos años
antes de ser eurodiputado y sin que tenga nada que ver su actuación delictiva
de entonces con la actividad en
Estrasburgo, que es para la que está concebida la inmunidad y el suplicatorio.
Junqueras es
eurodiputado, según la doctrina de Luxemburgo, desde el 13 de junio. El juicio del procés quedó visto para
sentencia un día antes. Luego se le debió permitir que saliera de
prisión y todo eso, pero nada de eso cambia ni las pruebas ni los testimonios
que se valoraron en el juicio y que condujeron a su condena.
La principal conclusión de lo que ya ha pasado es que la treta urdida por
los abogados de Puigdemont y Junqueras ha funcionado. Se presentaron a las elecciones sólo para esto, el aforamiento a
posteriori, el privilegio de que no puedan ser juzgados sin permiso de los
diputados europeos, y eso es lo que han conseguido. Es una burla al
sistema parlamentario y a su esencia, ingeniería legal si usted prefiere, pero
para eso cobran los abogados. Que hayan conseguido su condición de
eurodiputados no supone ni que todo lo anterior quede enterrado ni que vayan a
quedar los delitos sin castigo. Es un revés para el Supremo español (otro) y es
una victoria evidente para las defensas. Pero la victoria en la añagaza no presupone, ni de lejos, la inocencia.
Y por
cierto, es notorio que aquel clamor que una vez existió en nuestro país contra
los aforamientos y la protección especial de que gozan los parlamentarios ha
desaparecido. Hoy el independentismo celebra que haya aforamientos.
