Si mala era la sentencia del TEDH, ahora hay que sumar la del TJUE contrario a las pretensiones de Carles Puigdemont, que tampoco puede
sumarse a la causa de Junqueras.
Proclamar la república catalana y fugarse después de la creación del Consejo de la República con el asesoramiento de un
equipo de juristas integrado por nombres de prestigio internacional, y finalmente
la candidatura a las elecciones europeas. Todos los pasos dados por Carles
Puigdemont desde el 28 de octubre de 2017 han tenido como eje argumental la
necesidad de alimentar el “frente internacional” en el conflicto del
independentismo con el Estado, convenciendo a buena parte del independentismo
de que, desde Bruselas, goza de una libertad de expresión que la “represión”
estatal impide dentro de España. Un argumentario sostenido en la larga prisión
preventiva de los líderes independentistas que decidieron no huir y han sido
procesados por el Tribunal Supremo, encabezados por Oriol Junqueras y Jordi
Sánchez.
Gonzalo Boye es el abogado y principal responsable de este frente en el ámbito jurídico. Contratado por
Puigdemont y Toni Comín en las horas inmediatamente posteriores a la huida a
Bruselas, por intercesión del dirigente de Podem Jaume Asens, Boye ha sido el
responsable de toda una estrategia jurídica destinada a salvaguardar la
libertad y el protagonismo político de Puigdemont. Su gran éxito fue la
negativa del Tribunal de Schleswig-Holstein a extraditar a Puigdemont por un
delito de rebelión. Pero en las últimas semanas la estrategia internacional -no
siempre pilotada por él- ha dado más sinsabores que victorias al
independentismo.
Tras el revés sufrido ante
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), la instancia ante la que
esperan llevar la causa de los procesados por el 1-O, cuando dio la razón al
Tribunal Constitucional en la suspensión del Pleno de la DUI, Boye presentó
este lunes como un éxito la admisión a trámite de la petición de cautelares
para que su patrocinado pudiera participar como eurodiputado en la constitución
del Parlamento Europeo, con la inmunidad que eso implica.
El Tribunal de Justicia de
la Unión Europea (TJUE) sí es eficaz, venía a decir en las redes al señalar que
“la Justicia europea, en contraste con la Española, ha tardado 4 horas en
admitir a trámite el procedimiento de medidas cautelares que presentamos en
contra de las decisiones de Tajani”. Pero el Alto Tribunal europeo fue igual de
eficaz en desestimar el recurso de Puigdemont. En solo unas horas, sin embargo,
en convertir la alegría en fiasco, cuando anunció su negativa a dictar esas
cautelares, dando la razón al presidente del Parlamento Europeo, Antoni Tajani.
Después del revés judicial, el
inevitable revés político que supuso admitir a la postre que Puigdemont no
estaría en Estrasburgo el 2 de julio participando en la constitución del
Parlamento Europeo, no tampoco en la manifestación convocada por él mismo, a
través del Consejo de la República. Sin cautelares no había inmunidad, y sin
inmunidad, el riesgo de detención por parte de las autoridades francesas se
antojó inasumible para Puigdemont y Comín, como reconoció Boye ante los miles
de congregados en las inmediaciones del Parlamento Europeo.
El el juego del lobo y el erizo al que el ex presidente catalán simuló jugar durante las horas previas solo
sirvió, a la postre, para espolear a sus fieles y garantizar un nuevo éxito de
movilización independentista en Europa. En el interior de la Eurocámara la
preocupación mayor de los grandes grupos era el bloqueo en las negociaciones
sobre la designación de los nuevos responsables comunitarios y el futuro de un
hemiciclo integrado todavía por brexiters, además de un grupo cada vez mayor de
euroescépticos. El protagonismo de la causa independentista se redujo a la
breve interrupción de un eurodiputado del Sinn Fein en defensa de Oriol
Junqueras, Puigdemont y Comín, que Tajani obvió.
Al día siguiente, el anuncio
de que Josep Borrell, auténtica bestia negra del independentismo, será el nuevo
Alto Representante Exterior de la Unión Europea daba un nuevo golpe a la
estrategia exterior secesionista. Borrell ha asegurado antes de abandonar el
Ministerio de Exteriores que se actuará contra las “embajadas” catalanas más
activas con el recurso presentado ante el TSJC. Pero, sobre todo, la elección
de Borrell implica la apuesta por una voz muy solvente contra el
independentismo en uno de los puestos de mayor prestigio en la política
internacional.
La campaña iniciada por el
abogado de Puigdemont ante la ONU, Ben Emmerson, contra el político español, da
cuenta de hasta qué punto inquieta en el independentismo la elección de
Borrell. Con el hashtag #StopBorrell el letrado lanzó una serie de tuits en los
que denostaba al todavía ministro de exteriores y cuestionaba su elección por
parte de la UE. “La nominación de
Borrell como jefe de la política exterior de la UE es completamente
inapropiada. Haría un daño significativo a la UE, y fue multado el año pasado
por el uso de información privilegiada. Ni siquiera puede realizar una
entrevista con cortesía básica” denunciaba Emmerson, para concluir con el :
#StopBorrell que acompaña sus últimas intervenciones.
Aunque el principal servicio
prestado por Emmerson esta semana a la causa independentista ha sido el nuevo
informe del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias en el que se vuelve
a cuestionar la justicia española y se exige la puesta en libertad de Joaquim
Forn, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull y Dolors Bassa. Un informe
oportunamente hecho público tras la “semana horribilis” del independentismo en
términos jurídicos, pero que no ha tenido la repercusión del informe anterior.
Una semana que completó la
Comisión Europea al rechazar la iniciativa ciudadana instigada por el Consell
de la República y la ANC para sancionar a España por supuesta vulneración de
derechos de las minorías. Ambas entidades se excusaron en el mismo argumento
utilizado un día antes por Gonzalo Boye y aseguraron que ese rechazo “era
previsible”, pero se dieron por satisfechas porque “este rechazo abre la vía
para recurrir esta decisión ante el TJUE, en Luxemburgo”.
Dos días antes, Carles
Puigdemont sufría un nuevo revés en el flanco interno. El Tribunal Supremo
rechazaba la petición de Puigdemont y Comín, europarlamentarios electos, para
adherirse a la consulta planteada al TJUE, en relación con el caso de Oriol
Junqueras, sobre los privilegios y las inmunidades de la UE. El tribunal del
“procés” ha dictado una providencia en la que acuerda que “no procede” tener
por formuladas las alegaciones de Puigdemont y Comín sobre la necesidad de
elevar cuestiones prejudiciales presentadas por la defensa del exvicepresident
en tanto que “no son parte personada ante la Sala, ni se les ha efectuado
traslado alguno” sobre esta cuestión.
Puigdemont y Comin
pretendían sumarse a la consulta de Junqueras al TJUE cuando ya existe un
procedimiento abierto relacionado con ellos en el tribunal europeo, que el
pasado día 1 rechazó la petición de Puigdemont y Comín de medidas cautelares
contra la decisión del Parlamento Europeo de impedir su reconocimiento como
eurodiputados.
El TC ha avalado la
aplicación del 155 impulsado por Rajoy, desestimando los recursos de Podemos y
el Parlament
El mayor revés, sin embargo,
viene del Tribunal Constitucional. Casi dos años después de la inédita
aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, el TC ha avalado
por unanimidad esta medida impulsada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy por
primera vez en democracia y que acabó con la destitución en bloque del Govern
de Carles Puigdemont.
El Alto Tribunal desestima
los recursos de amparo presentados por Podemos y el Parlament. En el último
caso, el tribunal de garantías también respalda “todas las disposiciones” que
se dictaron “en desarrollo o como complemento o adicción” de las medidas
aprobadas por el Senado. Es decir, el cese de Puigdemont y su gobierno -que
sigue proclamándose lícito- y la disolución del Parlament para convocar nuevas
elecciones autonómicas.
Los independentistas
seguirán argumentando que el “golpe de estado” se produjo con la aplicación del
155, quizá todavía con el apoyo de algunos juristas convencidos, pero esta
opinión ha recibido ya oficialmente la respuesta negativa de la más alta
instancia judicial española.
