Zapatero: Lógicamente, los presos políticos serán indultados. Venezuela es un ejemplo de democracia y buen hacer.

No por habituales dejan de ser inaceptables las intromisiones de Rodríguez Zapatero en el funcionamiento de las instituciones democráticas. Si el pasado mes de septiembre, con la intención de normalizar el diálogo con los independentistas vascos, se reunió con el ex terrorista Arnaldo Otegi en el caserío de Txillarre de Elgoibar -donde tuvieron lugar los primeros contactos entre dirigentes de ETA y del PSOE autorizados por el ex presidente-, ahora pretende hacer lo propio con los secesionistas catalanes. Ayer confesó haber mantenido conversaciones con Oriol Junqueras -al que el Tribunal Supremo sitúa como el principal impulsor del golpe institucional de 2017- y defendió la política de diálogo con quienes pretenden romper el consenso constitucional.

La cosa va a más. En declaraciones a la emisora Rac-1 también habló de indultos, mostrándose partidario de otorgarlos en caso de condena -señalando así a Pedro Sánchez cuál debería ser la estrategia política- y dijo desear, en lo que no puede interpretarse sino como un claro mensaje a los magistrados del Supremo, una sentencia que "no comprometa el diálogo" y "que nos permita recuperar la necesaria y saludable convivencia". Es intolerable que un ex presidente del Gobierno se entrometa de esta forma en el funcionamiento de la Justicia, despreciando la independencia de los jueces marcándoles el paso. Pero también resulta sorprendente su desprecio al Estado de derecho. Los intereses partidistas no pueden estar nunca por encima de la ley, que en democracia marca los límites de lo que es o no posible. Y sería una estafa a los ciudadanos deshacer con bastardas decisiones políticas lo que con tanto esfuerzo y determinación han ido elaborando los jueces y fiscales.

Zp, al que parece no bastarle su inicuo papel de mediador en Venezuela, ignora intencionadamente que el procés no ha concluido y que los independentistas no han depuesto su desafiante actitud. El lunes el presidente del Parlament, Roger Torrent, hizo un llamamiento a la movilización popular para condicionar a los magistrados del Supremo. Además, ayer mismo, justo cuando el Gobierno anunció un recurso contra la reapertura de ocho embajadas catalanas, en una clara muestra de provocación la Generalitat abrió tres nuevas delegaciones en el extranjero: en México, Túnez y Argentina. Por último, en el frente municipal, Ada Colau ha puesto a disposición de Òmnium los espacios publicitarios en el metro y los autobuses de Barcelona para que la organización independentista difunda su campaña de presión al Supremo: "Lo volveremos a hacer". Esperemos que Pedro Sánchez no siga la senda marcada por un Zapatero que, en sus años de presidente, alentó con su irresponsabilidad política el discurso de los independentistas.