El juicio en el Tribunal Supremo contra Álvaro García Ortiz ya está listo para sentencia. Y sea finalmente sentenciado inocente o absuelto, el tribunal tiene indicios que apuntan a su culpabilidad. Pero lo que ha quedado evidente es la inaudita e histórica declaración de un fiscal general del Estado ante el Alto Tribunal por cometer presuntamente el delito de revelación de secretos y enfrentarse a 6 años de cárcel y 12 de inhabilitación. Aún más, ha quedado evidente su partidismo político, su “dependencia” de Pedro Sánchez al basar toda su defensa en atacar al empresario González Amador con el propósito de perjudicar a Isabel Díaz Ayuso, la gran rival política de su jefe.
En su declaración en el banquillo de los acusados, García Ortiz por fin se quitó la toga, que no la careta, y se negó a contestar a las preguntas de la acusación. Sólo respondió a las de su abogado y a las de “su” fiscal. Y volvió a justificar el borrado de los datos de su móvil y su correo electrónico con el peregrino argumento de hacerlo por seguridad. Como declaró un agente de la UCO, “quien borra las pruebas que demuestran la inocencia o culpabilidad siendo además fiscal general y conociendo la ley, está obstruyendo la acción de la justicia y declarándose culpable. Nadie destruye pruebas si es inocente”. Porque ese borrado se produjo casualmente el 16 de octubre, el mismo día que el Tribunal Supremo abrió la causa contra él.
Aún así, el balance del juicio es claramente negativo para los intereses de García Ortiz, después de que se demostrara, como testificó su jefa de Comunicación, que “dictó” la nota de Prensa que incriminaba a González Amador, “una fractura del derecho de defensa”, como denunció ante el tribunal el decano de los abogados. Y este miércoles, el teniente coronel de la UCO, Antonio Balas, ha puesto contra las cuerdas a García Ortiz por “tener un dominio a todos los niveles de la Fiscalía” después de aseverar que “sólo la Fiscalía tuvo el expediente completo”. También se ha demostrado que en la filtración de los correos participó La Moncloa, pues de ahí partió el que recibió el diputado socialista de la Asamblea Juan Lobato. El recorrido del correo electrónico de los abogados de la pareja de Ayuso partió de la Fiscalía, llegó a la Presidencia del Gobierno y desde ahí se envió al diputado socialista para que atacara a Díaz Ayuso. Pues ese era el único propósito del filtrado tanto de Sánchez como de García Ortiz.
El fiscal será condenado o absuelto. Pero ha quedado demostrado que, en efecto, “depende” de Pedro Sánchez y ha sido y es un fiel peón del presidente del Gobierno en su guerra declarada al PP y en particular a la presidenta de la Comunidad de Madrid. García Ortiz ha demostrado su subordinación al Gobierno y su partidista actitud política y, por tanto, ha incumplido con creces la neutralidad que se le supone y que debería cumplir a rajatabla.
Comentarios