Las pensiones, sencillamente,
son un problema más añadido a la gravedad, por negativo índice demográfico que amenaza
la viabilidad del sistema y pone en riesgo la futura estabilidad económica del
país. Esto es algo que saben todos los partidos. La gravedad de la situación
debería bastar para que excluyeran este debate de la refriega política y, al
margen del juego de mayorías, se comprometieran a alcanzar un pacto que, más
allá de elevar las pensiones de hoy, garantizara el cobro de las de venidero
futuro.
Pero lo que vimos ayer en el
Congreso no pudo estar más lejos de lo que España necesita. Mariano Rajoy
eludió el problema de fondo y, tratando de hacer de la necesidad virtud,
convirtió la aprobación de los presupuestos del 2018, para los que no dispone
de mayoría, en un pacto de Estado imprescindible para una subida puntual de las
pensiones más bajas. Un truco de veterano parlamentario con el que intenta
trasladar hacia la oposición la presión de la calle en contra del Gobierno.
Asegurar, como hizo Rajoy, que no hay motivo alguno para el desasosiego sobre
las pensiones es ocultar la verdad a los españoles.
Cierto es que Rajoy estuvo
escurridizo y autocomplaciente, enfrente tuvo una oposición que bordeó la
demagogia y se centró en la crítica ideológica, sin plantear propuestas o pacto
alguno sobre el futuro de las pensiones, limitándose a exigir una subida
generalizada de todas ellas sin explicar cómo financiar su impacto
presupuestario, con la esperanza de que la gran manifestación convocada para
este sábado ponga contra las cuerdas al Gobierno.
El PSOE alimenta así
irresponsablemente un fuego que, si no se abordan las reformas necesarias, le
tocará apagar en caso de que llegue a gobernar. El líder de Podemos, Pablo
Iglesias, hizo lo de siempre: defender el Estado del bienestar, pero proponer
un aumento enorme del gasto público que lo pondría en peligro. Y Albert Rivera
estuvo en su línea, nadando siempre a favor de corriente y lanzando guiños a la
oposición para hacerse perdonar su apoyo a Rajoy incluso cuando, como ayer,
está de acuerdo con él.
El resultado es que, pese a
las expectativas del debate, no solo no se avanzó lo más mínimo en solucionar
el problema de las pensiones y mejorar las prestaciones actuales, sino que el
Pacto de Toledo está más roto que nunca. La verdadera medida de la
irresponsabilidad con la que se está afrontando este problema es que la mejora
de las pensiones más bajas que ayer planteó Rajoy acaba dependiendo de que los
independentistas catalanes presenten un candidato viable a la investidura,
porque el PNV, socio imprescindible para que el PP, Ciudadanos y los dos
diputados nacionalistas canarios alcancen la mayoría necesaria, no apoyará los
Presupuestos mientras en Cataluña permanezca vigente el artículo 155. Es decir,
cada loco con su tema.
Que la aprobación de las
cuentas públicas del Estado y el futuro de los pensionistas españoles puedan
acabar dependiendo de la voluntad de Puigdemont, refugiado en Bélgica, ya nos
indica que algo estamos haciendo mal los votantes.
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