Cuando un tópico se repite mil veces en los medios de comunicación, acaba convirtiéndose en verdad incuestionable para los ciudadanos. Solo así se explica que la mayoría de los españoles haya interiorizado el mensaje de que todos los partidos mantienen unas posiciones de bloqueo que impiden conformar un Gobierno estable, y que por ello es inevitable repetir las elecciones. Según ese discurso falaz, todas las fuerzas políticas serían responsables en igual medida del fracaso que supondría regresar a las urnas. Un análisis desapasionado de la realidad permite comprobar, sin embargo, cuán equivocado y falso es ese tipo de diagnóstico.

Existen en este momento cuatro grandes partidos sobre los que recae la responsabilidad de articular un acuerdo que sume una mayoría en el Congreso. Y, al margen de filias y fobias, lo cierto es que hay tres fuerzas que defienden pactos claros y realistas que darían una mayoría suficiente para que España tenga Gobierno. El PP y Ciudadanos apuestan nítidamente por un acuerdo entre populares, socialistas y naranjas, que daría lugar al Ejecutivo con mayor respaldo de la democracia, 253 diputados. Y los dos están dispuestos a negociar las condiciones con el PSOE. En el otro lado, Podemos y sus confluencias plantean una alternativa de izquierdas apoyada por nacionalistas, que podría sumar 168 escaños con el PSOE, Podemos, IU, PNV, Coalición Canaria y al menos la abstención de ERC y DiL. Ese Ejecutivo tendría también mayoría suficiente. Todos los implicados en ese pacto están dispuestos a negociar con el PSOE. Nada de quimeras ni bloqueos, por tanto, en estas dos propuestas alternativas de Gobierno coherentes y perfectamente legítimas.

¿Y por qué estamos perdiendo miserablemente el tiempo en España en lugar de impulsando uno de esos dos Gobiernos viables? Porque el PSOE se niega a negociar ninguna de las dos opciones que darían lugar a ejecutivos estables y Pedro Sánchez se empeña, por el contrario, en sostener la ridícula propuesta de un Gobierno formado por PSOE y Ciudadanos, con solo 130 escaños, y al que los votos del PP y Podemos aplastarían en cada votación, incluidos los Presupuestos. Y, como alternativa aún más surrealista, plantea un imposible pacto PSOE-Podemos-Ciudadanos, obviando que, lógicamente, ni Ciudadanos ni Podemos la aceptan por ser una aberración política.

El problema de Pedro Sánchez es que confunde el hecho de que cualquier combinación de Gobierno deba contar necesariamente con el PSOE, con la premisa de que él debe ser el presidente y los demás tienen que limitarse a facilitarle la tarea. Algo propio de quien pone su interés por encima de cualquier otra consideración. Ni el PP, ni Podemos, ni Ciudadanos están obstruyendo nada. En España no hay ninguna situación de bloqueo político insuperable. Hay dos alternativas de Gobierno perfectamente viables que suman. Pero Sánchez se empeña en ser presidente con una que no suma. Así que, Pedro, deja ya de marear la perdiz.

Messi y Neymar, dos tercios del fantástico tridente que utiliza el Barça para perforar la portería de sus rivales, están acusados de fraude fiscal. ¿Deberían ser retiradas de los campos de fútbol ambas estrellas? Benzema será procesado por chantaje sexual en su país. ¿Debería el Real Madrid prescindir de sus servicios y despacharlo con viento fresco? Si en vez de manejar el balón con habilidad se dedicaran a la política con parecida destreza, los tres habrían sido despedidos de su empleo. No por sentencia judicial, sino por aplicación de los «códigos éticos» que los clubes políticos -más estrictos los de nuevo cuño, más light los veteranos- han pergeñado para persuadirnos de que no admiten la corrupción en sus filas.

Ya oigo a mi objetor habitual: «¿Por qué mezcla, señor columnista, el tocino con la velocidad? ¿Qué parecido tiene el fútbol con los ladrones que roban el dinero de los contribuyentes?». Por supuesto que no es lo mismo un futbolista que un político, sobre todo si admitimos la vara de medir del forofo que admira el noble ejercicio de la pelota y abomina de la política. Messi es un fenómeno en lo suyo y el dirigente político, un cheíñas seguramente corrupto. Pero hay otra diferencia fundamental, y esta sí la admito: el árbitro. A Messi solo puede expulsarlo del campo el trencilla de turno, mientras que la vida del político la decide no el pueblo soberano -el árbitro supremo en democracia-, sino el juez de instrucción. Basta una denuncia -falsa, interesada o fundamentada, tanto da- y la apertura de una investigación para retirar al imputado de la escena política. A este paso será el instructor o instructora quienes elaboren las listas electorales y la composición del Gobierno. El árbitro decidirá la alineación.

Que nadie vea en estas palabras una crítica a los jueces y juezas. Ellos se limitan a aplicar el reglamento. La culpa recae, paradójicamente, en el colectivo del que salen las víctimas: los políticos que elaboran las leyes -incapaces, por ejemplo, de impedir que los sumarios se dilaten sine die, convirtiendo la Administración de justicia en una injusticia- y los partidos que usan a los jueces no para hacer justicia, sino para arrear estopa al adversario. Primero politizan la justicia, nombrando a los suyos en los puestos clave, sin que nadie aclare por qué arte de birlibirloque se transforman los designados en árbitros imparciales. Y después judicializan la política, atribuyéndole al juez de instrucción la facultad delegada de decidir quién es apto y quién no para el servicio público. Y todos tan contentos, siempre que el imputado sea del otro partido.

Las responsabilidades penales las determinan los jueces, entre cuyas potestades figura -artículo 39 del Código Penal- la de inhabilitar al corrupto. Las responsabilidades políticas pertenecen a la esfera política y en ese ámbito reclamo, como ciudadano, mi derecho a juzgar libremente y que no me suplante el juez de instrucción. Como tampoco pediré un inspector fiscal para arbitrar los partidos que dispute Messi.