CCOO era la "empresa" matriz para la privatización de hospitales públicos con apoyo del líder socialista, Pedro Sánchez-

Juan José Azcona Olóndriz (destacado dirigente de CC.OO Madrid) y Consejero de Caja Madrid, Consejero de la Corporación Financiera Caja Madrid, Consejero de la Sociedad Económica Social de Madrid, S.L. (100% de CC.OO) y Consejero de Realia Business S.A. “En el año 2004 se incorpora a SIEPSA como Director General de la Sociedad, en el año 2004.  

Realia es un grupo inmobiliario fundado en el año 2000 producto de la integración del patrimonio, las actividades inmobiliarias y el equipo de profesionales de FCC y Caja Madrid.

La deuda financiera neta total de Realia es de 2.109 millones de euros y sus activos VALOR CERO.

Accionariado de Realia

Empresa	Derechos de voto	Sociedad propietaria	Derechos de voto	Control	Sociedad propietaria	Derechos de voto	Control
Esther Koplowitz	30,023%	FCC	30,023%	53,829%	-	27,204%	-
					Asesoría Financiera y de Gestión, S.A.	2,418%	100%
					Corporación Financiera Hispánica, S.A.	0,401%	100%
Caja Madrid	27,651%	Banco Financiero y de Ahorros	27,651%	52,06%	Corporación Financiera de Caja Madrid, S.A.	27,651%	100%

CCOO El actuaba como empresa inmobiliaria “paralela” con la que se financiaba en la desamortización de las instalaciones penitenciarias, hospitales y centros de inserción social. 

El sindicalista de CC.OO  se corrompió en Caja Madrid-Bankia a instancias de la cúpula de Caja Madrid/Bankia. En la declaración realizada en el año 2005 para el Grupo Caja Madrid, de acuerdo con el Artículo 127 de la Ley de Sociedades Anónimas, "El artículo 127, dice:  El deber de lealtad que tienen los administradores para con la sociedad en el ejercicio de su cargo. Y, como plasmación práctica de dicho deber, establece en su apartado cuarto que "los administradores deberán comunicar la participación que tuvieran en el capital de una sociedad con el mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituya el objeto social, así como los cargos o las funciones que en ella ejerzan, así como la realización por cuenta propia o ajena, del mismo, análogo o complementario género de actividad del que constituya el objeto social. Dicha información se incluirá en la memoria." Haciendo caso omiso declaró su actividad en Realia y en la propia SIEPSA, por tratarse de entidades con análogo o complementario género de actividad al de Corporación Financiera Caja Madrid. Dicha declaración la realizó Azcona a instancias de los servicios  jurídicos de la Corporación Financiera Caja Madrid le hicieron ver la necesidad de declarar ambas actividades. Sin embargo cuando Azcona cumplimentó la misma declaración del artículo 127 de la LSA para REALIA, esta vez sin que se la prepararan los servicios administrativos de REALIA, declaró que “no participa en el capital de otras sociedades ni realiza por cuenta ajena análogo género de actividad, salvo la referida en Corporación Financiera Caja Madrid”: O sea,  ""se olvidó"" declarar sus actividades como Director General de SIEPSA y administrador de la Sociedad Económica Social de Madrid, que son, precisamente, las que generan un claro conflicto de interés y concurrencia con SIEPSA”

Como ya he dicho anteriormente, la normativa de sociedades anónimas de España exige a los administradores ser leales y fieles al interés social de la sociedad, lo que implica comunicar y abstenerse de intervenir en aquellas situaciones que generen conflicto de interés o competencia con la sociedad (artículos 127 y 132 de la Ley de Sociedades Anónimas), debiendo ser comunicadas estas situaciones en los Informes de Gobierno Corporativo y en los Estados Financieros anuales. Dentro del ámbito de actuación administrativa, como ha señalado el Tribunal Supremo, se trata de elementales criterios de “moralidad pública”, más exigibles aun que en el ámbito privado”.

Según la propia Ley de Sociedades Anónimas, articulo 132, los administradores en tales supuestos “deberán ser inmediatamente destituidos, aunque como prevé el artículo 124, no tenían que haber sido nombrados (naturalmente si hubieran solicitado, como no ocurrió tampoco en el caso de Azcona, la dispensa de compatibilidad previa al nombramiento), siendo tal nombramiento nulo de pleno derecho. La destitución, en este caso, se produciría por el accionista único, el propio Estado, que no debió nombrarle, todo ello, según señala el art. 133 “sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran concurrir por su conducta desleal. Todo ello sin perjuicio de la falsedad documental en documentos mercantiles a que se refiere el art 290 del Código Penal”.

Manuel Olivencia

Los motivos por los que pudo producirse este “olvido” fraudulento en las declaraciones anuales de actividades competidoras, que no es sino una falsedad en los estados financieros de REALIA, pueden tener que ver con haberse olvidado también Azcona, para ser designado Director General de SIEPSA, de solicitar la dispensa compatibilidad ante la Subdirección General de Régimen General de Incompatibilidades del Ministerio de Administraciones Públicas”.En este caso el asesor jurídico fue El abogado sevillano Manuel Olivencia, suegro de Javier Arenas Bocanegra (PP).

“Como ya adelanté se trata de políticos avezados en normas y procedimientos.  Azcona “sugirió” ser nombrado Director General, pero no Presidente, aunque se trate del máximo puesto ejecutivo, para escapar así de la formalidad de ser considerado Alto Cargo y resultar incompatible conforme al artículo 1.2 de la Ley de Incompatibilidades de 11 de mayo de 1995; pero no quiso, según consta en la Subdirección General de Incompatibilidades del Ministerio de Administraciones Públicas, solicitar la preceptiva dispensa de compatibilidad del Ministerio de Administraciones Públicas porque conocía que, al menos para la Comisión Europea, SIEPSA es un Organismo Público por mucho que se disfrace de sociedad anónima; y sabía también que tendría que declarar sus actividades en el Grupo CajaMadrid y en REALIA, siendo ambas un claro impedimento para ser designado en su nuevo puesto de Director General de SIEPSA”

“El tema de las incompatibilidades no se limita, sin embargo, a los altos cargos sino que cuenta con una normativa específica para todo el personal que presta servicio en el sector público, llegando en suregulación a las situaciones de conflicto de intereses. Así, en efecto, el art. 2 de la Ley citada incluye, dentro de su ámbito de aplicación, el personal que preste servicios en Empresas en que la participación del capital, directa o indirectamente, de las Administraciones Públicas sea superior al 50%, como es el caso de SIEPSA (100%)”.

Fernández Toxo y José María Martínez (Banca) y Pedro Sánchez (Líder del PSOE): defendieron la compra del Banco de Florida y aprobaron "las preferentes" por Caja Madrid/Bankia. Ahora se explica todo.

¿Por que Azcona oculta esta incompatibilidad inmobiliaria y la cúpula de CC.OO que lidera Fernández Toxo lo toleraba?. ¿Por qué José María Martínez (CC.OO Banca) apoyó la compra del Banco de Florida por parte de Blesa?  pues la información que manejaba Azcona era suculenta y su condición simultánea de consejero en la Sociedad Económica Social de Madrid, S.L. “Sociedad de la propia CC.OO” (era una empresa “pantalla”) Y tanto Azcona como Pedro Sánchez eran unos simples testaferros.

Fernández Toxo y José María Martínez deben mostrar sus declaraciones de la renta y patrimonio de los últimos 10 años para despejar dudas razonables. Tendría que ser obligado en todo cargo público que dependa de subvenciones.

“De acuerdo con el anterior objeto social, SIEPSA ha adquirido terrenos y construido edificios penitenciarios en Valdemoro, Navalcarnero, Villabona (Asturias), Picassent (Valencia), Melilla, Soto del Real, Tobas (Salamanca), Huelva, Albolote (Granada), Dueñas (Valencia), Teixeiro (A Coruña), Al Ama (Pontevedra), Aranjuez, Mallorca, León, Córdoba, Alcázares (Segovia), Zaragoza, Villena (Alicante); ha ejecutado obras de adecuación y equipamiento de unidades hospitalarias de acceso restringido en 23 hospitales a lo largo de todo el territorio nacional; y ha construido más de 24 Centros de Inserción Social en Málaga, Alicante, Sevilla, Cádiz, Córdoba, Granada, Las Palmas, León, Zaragoza, Cáceres, A Coruña, Huelva, Jerez, Vigo, Ceuta, Ciudad Real, Guadalajara, Huesca, Menorca, Salamanca, Santander, Toledo y Zamora. Según publicó ABC el 27 de marzo de 2005, el 28 de julio de 2003, el entonces ministro de Interior, Ángel Acebes, anunció la construcción de nuevos Centros Penitenciarios en Puerto de Santamaría, Málaga, Cádiz, Morón de la Frontera (Sevilla), Albocasser (Castellón) y Estremera (Madrid), pero en la actualidad se encuentran todavía en fase primaria de adquisición y expropiación de terrenos en busca de edificios para reconvertirlos en cárceles”. Triste y real.