¿Reformar o liquidar a-forrados?

Para mi que Cervantes escribió el Quijote por orden expresa de Mariano Rajoy. No sé si el consorcio Gobierno/Estado nos han tomado por víctimas o por cómplices (11 millones de votos), de cualquier forma el cansino estado de sometimiento a la confusión es denominador común  en todos y cada uno de los “voceos” oficiales. 

El nuevo sistema de aforamiento Light al que tantas prisas mete el Gobierno y que, por descontado, contará con los votos del PSOE, entre otras cosas porque se necesitan las 3/5 partes de votos positivos para su aprobación, lleva consigo una modificación en la Constitución, o sea, que un solo voto negativo conllevaría a retrasar su entrada en vigor 4 ó 5 años. Estamos como en el caso de la medida estrella que llevaba el PP en su programa electoral, EL ABORTO. De verdad, ya no sé si han prohibido abortar o cagar.

Uno de los puntos que, aunque nieguen acuerdo PPSOE, es el de su entrada en vigor para delitos posteriores a su promulgación en el BOE, o sea, nunca. Puesto a cambiar la Constitución, también podrían derogar o introducir modificaciones sobre dicha entrada en vigor. Por un lado el código penal dice que la concurrencia a instrucción es desde que se comete el delito y, posteriormente,  que de acuerdo a la Constitución quedaría derogado. ¡Vivir para ver¡ No temáis que ningún aforado actual entrará en prisión, al contrario, saldrán más acorazados.

Según ha explicado, La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, la voluntad del Ejecutivo de abrir el debate sobre el aforamiento con el fin de llegar a acuerdos sobre esta cuestión, pero también ha advertido de las "dificultades técnicas" que conlleva cambiar el sistema.

 La reducción de aforados ya se planteó a principios de julio con motivo de la reforma parcial de la Ley del Poder Judicial llevada a cabo para aforar a Juan Carlos I y Doña Sofía tras la abdicación pero el PP rechazó una enmienda de UPyD en ese sentido alegando que no era el momento.

"El Gobierno es partidario de abrir el debate" con los partidos políticos sobre el número de aforados que debe haber en España y el alcance de esa condición jurídica, "en el marco de las medidas de regeneración democrática", ha declarado la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

 Sin embargo, ha añadido que, en las conversaciones que se han mantenido con los grupos parlamentarios, se han reconocido las "dificultades técnicas" que presentaría una modificación del sistema actual. Esto se debe a que hay aforados nacionales pero también autonómicos, por lo que, según ha explicado, se requeriría una concurrencia de la voluntad del Estado y la de las comunidades autónomas.

En cualquier caso, la vicepresidenta ha manifestado el deseo del Gobierno de plantear el debate y de hacerlo con "disposición de entenderse" con otras fuerzas políticas, para después analizar "cómo se podría ejecutar" el acuerdo que se alcanzase.

Para Sáenz de Santamaría,   "El término clave es 'acuerdos'", , que considera que todos los grupos coincidirán en que, en el tema del aforamiento, es necesario "limitar, acotar y clarificar" porque a lo largo de los años el número de aforado "ha ido creciendo".

 En cuanto a  la posibilidad de reformar la Constitución para hacer cambios sobre otros asuntos, la vicepresidenta ha dicho que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "está dispuesto a escuchar cuantas cuestiones se planteen", pero ha subrayado que "sin un acuerdo amplio es imposible" modificarla y que lo que hay que conseguir es "un fortalecimiento de los posicionamientos constitucionales".

Según Soraya Sáenz,   "Tenemos que plantearnos con qué apoyos cuentan los planteamientos" que defiende cada partido y, en lo que se refiere a la reforma territorial o del modelo de Estado, se han propuesto "cuestiones claramente divergentes" y, por tanto, "falta una base de acuerdo"