La intención de una de las
magistradas, Rocío Martín, hija de un exconcejal de Izquierda Unida y amiga personal
de Castro, juez instructor del caso, ahora juez/podemita, de incluir en la sentencia varios párrafos que
censuran la actuación de la Casa Real ha demorado el fallo del caso Urdangarín.
Tras zanjar este tira y afloja entre las tres magistradas que integran el
tribunal (Samantha Romero, Eleonor Moyà y Rocío Martín
La Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) acordó el pasado
mes de noviembre otorgar al tribunal presidido por Samantha Romero un plazo
adicional de tres meses para dictar la sentencia del caso Nóos, con carácter
“improrrogable y excepcional”. Este plazo concluye el próximo mes de marzo.
Además de la complejidad del
sumario, esta demora se ha debido en buena medida a las discrepancias
existentes entre las tres magistradas sobre las penas que se impondrán a los
principales imputados. Desde un primer momento, el sector mayoritario de la
Sala (formado por Samantha Romero y Eleonor Moyà) ha sido partidario de imponer
a Iñaki Urdangarin una pena de entre siete y ocho años de cárcel, sensiblemente
inferior a los 19 años y medio que pedía para él el fiscal Anticorrupción,
Pedro Horrach.
Para ello, las magistradas
eximirían a Urdangarin de la acusación de prevaricación y de uno de los dos
delitos contra la Hacienda Pública, además de revisar a la baja la calificación
de su delito de estafa. En cuanto a la infanta Cristina, también se ha impuesto
el criterio de imponerle tan sólo una pena de multa, como partícipe a título
lucrativo de los delitos fiscales cometidos por su marido. La hermana del Rey
Felipe VI en ningún caso llegaría a pisar la prisión.
La tercera magistrada, Rocío
Martín (hija del ex concejal de IU en Calvià Anselmo Martín) encontraba
insuficientes estas penas, aunque ya se ha plegado al criterio de la mayoría.
Pero las discrepancias entre los miembros del tribunal no se quedan aquí. Según
las mismas fuentes, Rocío Martín pretendía introducir en el borrador de la
sentencia –redactado por la presidenta del tribunal como ponente– varios
párrafos en los que ponía en entredicho la actuación de la Casa Real.
Para ello, daba crédito a la
declaración de los principales imputados que, durante el juicio, utilizaron a
la Casa Real como pararrayos para eludir su propia responsabilidad. Desde el
banquillo de los acusados, el ex socio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres,
señaló que la Casa Real realizaba un “control total” a las actividades del
Instituto Nóos: “No decidíamos nada sin su consentimiento”, afirmó.
Del mismo modo, tanto Iñaki
Urdangarin como la propia Cristina de Borbón coincidieron en señalar que
consultaban todos sus pasos con el secretario de las infantas, Carlos García Revenga.
Acogiéndose a estos
testimonios, la magistrada Rocío Martín incluyó en el borrador de la sentencia
varios párrafos en los que aludía a la responsabilidad de la Casa Real, que a
su juicio conocía las actividades delictivas de Iñaki Urdangarin y no supo
pararle los pies a tiempo.
Revés para el fiscal Horrach
Sin embargo, las otras dos
magistradas se han negado a aceptar esta enmienda al texto y han alegado que se
trata de consideraciones con una carga política que escapa por completo a las
competencias del tribunal, cuya tarea debe limitarse a juzgar la actuación de
los 18 acusados que se sentaron en el banquillo.
Con todo, las fuentes
consultadas señalan que estas discrepancias ya han quedado zanjadas y la
sentencia podría darse a conocer en los próximos días. Se habría impuesto
finalmente el criterio según el cual se impondrá a Iñaki Urdangarin una pena de
entre siete y diez años.
El fiscal Anticorrupción
Pedro Horrach solicita para él una pena de 19 años y medio de cárcel por los
siguientes conceptos: un delito continuado de malversación en concurrencia con
los delitos de prevaricación y falsedad documental (6 años de cárcel), un
delito continuado de fraude a la Administración (dos años), un delito
continuado de estafa (tres años y medio), dos delitos fiscales (tres años por
cada uno de ellos) y un delito de blanqueo (dos años de cárcel y multa de 2,4
millones).
La atenuación de varios de
estos delitos, atendiendo a los argumentos jurídicos expuestos por las
defensas, hará que la condena de Urdangarin no supere los diez años de cárcel,
señalan las mismas fuentes.
El palacete de Jaume Matas
En cuanto a la infanta
Cristina, sólo está acusada por el sindicato Manos Limpias, que solicita para
ella una pena de ocho años de cárcel como cooperadora necesaria de los delitos
fiscales cometidos por su marido a través de Aizoon, la sociedad de la que
ambos socios al 50%.
Sin embargo, tras la
detención del presidente de Manos Limpias, Miguel Bernad, acusado de
extorsiones, algunos dan por amortizada la actuación del sindicato en el juicio
del caso Nóos. El tribunal parece decidido a imponer tan sólo una multa a la
infanta Cristina, que ya habría quedado cubierta con las cantidades que aportó
para afrontar su responsabilidad civil.
Además de las penas de
cárcel citadas, el fiscal Horrach pide una multa de 980.777 euros para Iñaki
Urdangarin (por las cuotas defraudadas en los ejercicios 2007 y 2008 a través
del IRPF) y otra de 1,1 millones para Diego Torres. Ambos están acusados de
apropiarse de 6,2 millones de euros de las Administraciones públicas (el Govern
balear, las instituciones valencianas y el Ayuntamiento de Madrid).
En cuanto al ex presidente
del Govern balear, Jaume Matas, ya en sus conclusiones finales el fiscal
Horrach rebajó sensiblemente la solicitud de pena para él, de 11 a 5 años de
prisión. Para ello, alegó que ha colaborado con la Justicia y ha intentado
reparar el daño causado, al depositar los 865.000 euros que obtuvo con la venta
de su palacete. Jaume Matas (que ya cumplió una pena de nueve meses en el
centro penitenciario de Segovia) está acusado de malversación y fraude en esta
causa.
Penas mínimas para la rama
valenciana
Durante el juicio, el ex
director general de Deportes del Govern, Pepote Ballester, aseguró que los
convenios y contratos se adjudicaron al instituto Nóos saltándose todos los
controles legales por decisión expresa de Matas.
Por último, las mismas
fuentes señalan que el tribunal impondrá penas que rondan los dos años de
cárcel para los principales imputados de la rama valenciana del caso Nóos:
Alfonso Grau (ex vicealcalde de Valencia), Luis Lobón (ex secretario de Turismo
de la Comunidad Valenciana), José Manuel Aguilar (ex director de la Ciudad de
las Artes y las Ciencias) y Jorge Vela (ex director del Instituto Valenciano de
Finanzas).
