Golpe de Estado en la Justicia. Rafael Catalá, Ministro de Justicia, acorrala a los fiscales/guerrilleros sublevados.

Rafael Catalá, Ministro de Justicia considera que lo que es "anómalo" en la causa contra el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, es que las fiscales del caso Púnica se hayan negado a firmar el escrito de la Fiscalía Antocorrupción en el que pide que no se le investigue y, además, que la discrepancia "sea de conocimiento público".

"Quizá quien tiene el problema son las fiscales, ya que no se ha mantenido su criterio", ha añadido. En una entrevista en la cadena Ser, Catalá ha remarcado que la Fiscalía es una organización jerárquica y que es habitual que los superiores se pronuncien cuando hay asuntos de especial relevancia y "ratifiquen o modifiquen".

"Así funciona siempre la Fiscalía, no hay ninguna manipulación", ha remachado, y ha añadido que no cree que los fiscales que están en los máximos niveles de la institución, con 40 años de carrera a sus espaldas, vayan a dejarse presionar.

A su modo de ver, lo que es "bastante anómalo" es que no se acate el criterio de la Fiscalía General del Estado o la Fiscalía Anticorrupción y las fiscales, Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez, se nieguen a firmar un informe. Es más, se ha referido al fondo del asunto que se investiga, recordando que a Sánchez se le quiere acusar pese a que no llegó a firmar nada con el empresario Alejandro de Pedro, imputado en la trama Púnica.

"Que el criterio de dos fiscales no sea soportado por sus jefes, no sé dónde hay que poner la verdad, si en las fiscales o en los jefes, yo me pongo más del lado de sus jefes", ha remachado.

Pedro Antonio Sánchez es uno de los 22 investigados por la Audiencia Nacional en la pieza de la Operación Púnica relativa a las supuestas irregularidades en Murcia. Supuestamente se habría concertado con empresas de la trama para amañar contratos en la consejería de Educación que Sánchez dirigía con el fin de realizar en realidad trabajos de reputación en Internet y redes sociales para reformar su imagen de cara antes de postularse como presidente de Murcia.

La Fiscalía Anticorrupción, que sí promovió la imputación de la exalcaldesa de Cartagena y senadora Pilar Barreiro, eximió de delito al actual presidente de Murcia porque no llegó a contratar con la trama. Además, los hechos se produjeron antes de la reforma penal que sanciona la proposición y conspiración para cometer delitos contra la Administración Pública.

En cambio, Catalá no ha hablado de anomalía alguna en el hecho de que Pedro Antonio Sánchez conociese ya el martes por la mañana que cuatro fiscales del Tribunal Supremo se habían opuesto a que se le investigue.

Es más, el ministro cree que "la secuencia temporal tiene una cierta lógica" porque la Fiscalía General dictó su decreto el lunes por la tarde y lo envió a la Fiscalía Anticorrupción, y en ese decreto se daban estos detalles. Y, aunque ha dicho no saber cómo le llegó a Sánchez la información, cree que entre el lunes por la tarde y el martes por la mañana pasaron "las horas suficientes" y el documento pasó "por las manos suficientes para que alguien le haya podido informar del asunto".

Eso sí, ha opinado que la Fiscalía debería funcionar "con mayor discreción" a la demostrada últimamente, refiriéndose concretamente al acuerdo de conformidad "en otro caso con mucha relevancia" desvelada el jueves pasado. Catalá aludía previsiblemente al acuerdo alcanzado entre la Fiscalía Anticorrupción y siete empresarios acusados en el caso Gürtel que admitieron haber financiado al PP valenciano y así lograron penas de prisión inferiores a dos años, lo que les permitirá evitar la cárcel.

Por su parte, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha asegurado que "en absoluto" el órgano que dirige ha recibido presiones para no actuar contra el presidente de Murcia y tampoco contra el expresidente de La Rioja y vicepresidente del Senado, Pedro Sanz, y que esa decisión está avalada por informes técnicos y al respecto ha afirmado que su criterio está "totalmente fundado en la legalidad".

Además del caso del presidente de Murcia, este jueves se ha publicado una información que apunta a que la Fiscalía General del Estado también se opuso acusar al expresidente de La Rioja y vicepresidente del Senado, Pedro Sanz, en un caso de supuesta prevaricación urbanística en la construcción de un chalé.

En el caso de Pedro Antonio Sánchez, el fiscal general ha precisado que se trata de una actuación avalada por los informes firmados por dos fiscales de Sala de la Secretaría General Técnica de la Fiscalía General del Estado y por cuatro fiscales de Sala del Tribunal Supremo, y se ha mostrado sorprendido por la solicitud del PSOE de que comparezca en el Congreso de los Diputados.

"Si tengo que comparecer, encantado de hacerlo y aclararlo todo porque a mí esto me resulta sorprendente. Igual que hay multitud de asuntos de corrupción todos los días en los cuales la Fiscalía está investigando y colaborando, hay casos en los cuales consideramos que un ciudadano no tiene por qué estar sometido a un procedimiento penal", ha aseverado Maza antes de participar en la inauguración de un curso sobre criminalidad informática.

Ha calificado de "insensato" pensar que se ha forzado al Ministerio Fiscal a pedir que no se investigue al presidente 'popular' y ha reincidido en que se trata de una decisión tomada analizando los criterios de la Secretaría Técnica de la Fiscalía, que Maza comparte y considera "razonables".

Jose Manuel Maza ha asegurado además: "Si algún día recibo presiones tengo muy claro lo que tendría que hacer, pero espero no recibirlas nunca y por esto estoy en este puesto".