De Antoni Zabalza, catedrático de
Análisis Económico de la Universidad de Valencia, para Blog de Juan Pardo
Es imposible transmitir al público el sentido, alcance y progreso de una
cuestión si los términos utilizados describen conceptos y realidades distintas
para cada interlocutor. Es lo que está ocurriendo con Cataluña
Legalidad y democracia se han
convertido en las palabras mágicas del presidente de la Generalitat, Artur Mas.
Tanto le sirven para despejar las dudas de Rajoy acerca de la celebración de un
referéndum ilegal, como para tranquilizar la inquietud de Junqueras sobre su
frágil adhesión a la causa secesionista. Naturalmente, tan fantástica
versatilidad no sale gratis. El coste es la enorme contorsión que el
significado de estas palabras está sufriendo y el deterioro del lenguaje
político que ello conlleva. No se trata solo de un deterioro táctico para
mantener posiciones negociadoras, sino del uso reiterado de palabras que
describen conceptos y realidades distintas según quien las utilice, que
confunden a la ciudadanía y que, en una sociedad políticamente avanzada,
suponen una merma grave de la obligación de transparencia de los gobernantes
para con sus gobernados.
A pesar de su carácter vacacional,
agosto ha sido un mes rico en manifestaciones políticas que, a medida que las
fechas de la Diada y el referéndum se acercan, son cada vez más reveladoras.
Sabemos muy poco de qué hablaron
Rajoy y Mas en su reunión de finales de julio. De nada, si nos atenemos a lo
que Rajoy dijo en su rueda de prensa de 1 de agosto: “Lo único que he visto en
los medios de comunicación, y lo ha reiterado, es que no va a hacer nada
contrario a la legalidad. No tengo por qué poner en tela de juicio lo que dice;
y no lo hago”. La prudencia interpretativa de Rajoy y su deseo de no aumentar
la tensión es encomiable, pero a tres meses del posible referéndum, los
españoles (y en particular los catalanes) hubieran agradecido una actitud algo
más inquisitiva acerca de qué entiende Mas por “legalidad”.
Porque cuando Mas habla de
legalidad, nadie sabe a ciencia cierta a qué se está refiriendo. En su reunión
con los medios el 5 de agosto dijo, de forma un tanto enigmática, que la ley de
consultas “será una ley”. ¿Qué quiso decir con esta aparente obviedad? Acaso
que la ley de consultas ¿será una ley auténtica, dotada de la autoridad que le
confiere su promulgación por parte de una institución del Estado (el Parlamento
catalán) cuyas competencias amparan esta acción, y circunscrita a
prescripciones sobre las que esta institución puede legislar? Si fuera así,
sería difícil explicar los cuatro votos particulares (sobre un total de nueve)
del dictamen del 19 de agosto del Consejo de Garantías Estatutarias de
Cataluña, criticando que el proyecto de ley pretenda dar cobertura a un
“referéndum encubierto” sobre la secesión de Cataluña. Sin enmiendas muy sustanciales
en lo que resta de trámite parlamentario, la ley de consultas no será una ley
porque el Parlamento catalán no tiene competencias sobre esta cuestión, ni el
colectivo de españoles interesados cabe en su jurisdicción. Y aun si tales
enmiendas fueran aceptadas, la ley resultante, que entonces sí sería una ley,
no daría cobertura a la convocatoria de un referéndum sobre la secesión: la ley
de consultas sería una ley auténtica, pero la convocatoria un acto ilegal.
Lo que Mas está diciendo es que utilizará su aparato
de poder para organizar un acto no constitucional
En la misma comparecencia del 5 de
agosto, como anticipándose a estas dificultades, Mas echó mano de la segunda
palabra mágica: democracia. “La consulta debe llevarse a cabo bajo tres grandes
parámetros, que son la democracia, las leyes y el diálogo; no solo las leyes y
el diálogo”. Añadiendo “democracia” a la condición de “legalidad”, Mas pareció
mostrarnos la clave que le autoriza a proceder con sus planes: la consulta “se
hará y será legal” porque “no es el capricho de unos cuantos políticos, sino la
voluntad de todo un pueblo”.
El enigma se convierte en
despropósito cuando descubrimos que, según Mas, lo que otorga legalidad a la
ley de consultas es la democracia. La democracia es el mejor de los métodos
para tomar decisiones, para dar y retirar poder a los Gobiernos y para
determinar la forma constitucional de los mismos. Pero la democracia no puede
convertir en legal algo que no lo es. La legalidad es anterior a la democracia.
Viene de la autoridad conferida a las instituciones por una comunidad de
gobernados, que acepta las obligaciones derivadas de un cuerpo de leyes de
carácter no instrumental, del que nadie puede ser excluido y que, en palabras
de Oakeshott, “mitiga el conflicto sin imponer la uniformidad”. Un cuerpo de
leyes que establece el procedimiento por el que estas mismas leyes, en todos
sus niveles, pueden ser modificadas.
Con independencia de cuáles sean sus
palabras, Mas está realmente diciendo que va a utilizar el aparato de poder que
el Estado pone en sus manos para organizar un acto (el referéndum) con total
desvinculación del marco constitucional del que proceden las potestades de este
gobierno. Si se mantiene en lo que ahora anticipa, va a presidir la acción de
un Gobierno sin ley y va a utilizar de forma impropia los medios que se le han
otorgado como máximo representante del Estado en Cataluña. Por muchas y fuertes
que sean las presiones a las que está sometido, Mas, el presidente de la
Generalitat, no puede, no debe y esperemos que no haga nada de lo que insinúa
que va a hacer.
Pero aún más preocupante es su
afirmación de que la consulta se hará respondiendo a “la voluntad de todo un
pueblo”. La voluntad del electorado, expresada en las últimas elecciones de
noviembre de 2012, determinó mayorías relativas para formar el Parlamento y el
Gobierno de una comunidad autónoma, instituciones ambas entre cuyas
competencias no figura la organización de consultas sobre la secesión de
Cataluña. Los límites de actuación de Parlamento y Gobierno no lo deciden los
programas electorales. Sería inconcebible que la arquitectura institucional del
Estado variara según el resultado de cada contienda electoral. Las democracias
modernas y consolidadas simplemente no funcionan así.
Los límites de actuación de Parlamento y Gobierno no
los deciden los programas electorales
La democracia y las supuestas
mayorías independentistas no confieren legalidad ni legitimidad al referéndum.
No es un asunto de números; es una cuestión moral. ¿Por qué razón quienes se
sienten tan catalanes como españoles y viven cómodos con sus múltiples
identidades, deberían aceptar una consulta sobre si prefieren ser solo
catalanes? Si el Gobierno hubiera decidido promover en exclusividad una única
religión en Cataluña, ¿sería aceptable una consulta que obligara a los
catalanes a manifestar su preferencia por esta religión?
En lugar de abordar frontalmente
esta cuestión moral, el movimiento secesionista, ayudado por los medios
públicos de comunicación y por la propaganda propiciada desde el Gobierno
catalán, ha empleado todos sus recursos y esfuerzos para convencer a la gente
de la maldad política del Gobierno central y de las enormes ventajas de una
futura Cataluña separada del resto de España. En lugar de argumentar por qué
ser solo catalán es mejor que ser catalán y español, ha creado un enemigo
inexistente y alimentado expectativas que no se podrán cumplir.
Para qué perder el tiempo tratando
de convencer a quien nunca se sentirá catalán, podrían argüir los partidarios
de la independencia. Y tendrían razón. Convencer de la secesión a millones de
catalanes que viven en libertad, que en algunas cuestiones comparten pareceres
y en otras discrepan, que en muchas ocasiones trabajan para un mismo fin, pero
no siempre pueden evitar el conflicto, que mantienen ideologías políticas
diversas y creencias religiosas de todos los tipos, es una tarea difícil. Un
argumento moral, a diferencia de uno lógico, no demuestra, persuade. Y la
persuasión requiere tiempo y paciencia, y quizá, como los consensos políticos,
incluso cesiones importantes. Pero, sobre todo, es difícil convencerles porque
estos catalanes saben que la sociedad en la que hoy viven, por imperfecta que
sea, admite y hasta promueve la diversidad existente, y encauza de forma
civilizada el conflicto y la discrepancia. Y ven con sospecha y escepticismo la
promesa de un mundo rico y feliz que todavía no existe, del que adivinan una
uniformidad que rechazan y en el que temen perder su libertad.
Dejemos la magia para los cuentos.
Todavía estamos a tiempo de llamar a las cosas por su nombre y de hacer que
otra vez el lenguaje político sirva para conversar.
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