Europa (UE) solo levantará la sanción a Venezuela, si Maduro convoca elecciones libres.

El Tribunal de la UE con sede en Luxemburgo, dictará sentencia el próximo viernes sobre el recurso interpuesto por el Gobierno de Maduro contra las sanciones impuestas por el bloque, que Caracas considera contrarias al Derecho Internacional.

El Gobierno venezolano ha recurrido las sanciones alegando que no están fundadas, entre otras razones porque los países europeos no aportaron pruebas "suficientes" para justificarlas, y tras denunciar que erraron en su apreciación de los hechos para justificar las sanciones. También les afea que vulneraron su derecho a ser escuchado antes de adoptarlas.

La Unión Europea (UE) impuso en noviembre de 2017 un embargo de armas y equipos que puedan utilizarse para la represión o la vigilancia y aprobaron la base jurídica para poder congelar los activos de personas, empresas y organismos responsables de graves violaciones o abusos de los Derechos Humanos, de la represión de la sociedad civil y la oposición o socavar la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela o personas, empresas y organismos asociados a éstos.

Hasta el día de hoy, un total de 18 altos cargos venezolanos políticos y militares, entre ellos Diosdado Cabello, así como los vicepresidentes Tareck El Aissami y Delcy Rodríguez, el fiscal general, Tarek William Saab, y el presidente del Tribunal Supremo venezolano, Maikel Moreno, han sido sancionados por la UE en dos rondas. Sus activos bajo jurisdicción europea están congelados y tienen prohibida la entrada a la UE.

EEUU viene presionando meses al bloque para que endurezca las sanciones al Gobierno de Maduro, aunque los Veintiocho han apostado por privilegiar la vía diplomática para tratar de llegar a una solución pacífica y democrática, que implica la celebración de nuevas elecciones presidenciales libres, algo que Maduro rechaza de plano.

Sarah Sanders, portavoz de la Casa Blanca: “Zapatero, Sánchez e Iglesias son cómplices necesarios del mayor sufrimiento y derramamiento de sangre en Venezuela”

La administración de Donald Trump responsabilizó al Gobierno de Nicolás Maduro y sus cómplices españoles de la muerte del opositor venezolano Fernando Albán, quien según la versión oficial se lanzó desde un edificio del Servicio Bolivariano de Inteligencia. "Estados Unidos condena la implicación del régimen de Maduro en la muerte del concejal opositor venezolano Fernando Albán", manifestó la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders.

Albán fue detenido el pasado sábado, acusado por el Gobierno de estar vinculado con el presunto atentado contra Maduro con drones cargados con explosivos del 4 de agosto.

"La administración de Donald Trump continuará incrementando la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro y quienes pertenecen a él hasta que la democracia haya sido restaurada en Venezuela". El comunicado vuelve a llamar a la "liberación inmediata de todos los presos políticos venezolanos" e insta a Maduro a dar pasos "creíbles para restablecer la democracia" en el país y evitar "mayor sufrimiento y derramamiento de sangre".

La muerte de Fernando Albán ha desencadenado condenas en la región y también fuera de ella. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Unión Europea reclamaron el martes una investigación sobre la muerte de Albán.

La administración del inquilino de la Casa Blanca se refiere ya desde hace tiempo al Gobierno de Maduro como una dictadura. Desde la llegada del republicano a la Casa Blanca, ha sancionado a más de 50 funcionarios venezolanos -incluido el propio Maduro y su mujer, esta una de las últimas sancionadas- en un intento por presionar al mandatario para que abandone la senda autoritaria de la que le acusa. También ha impuesto tres rondas de sanciones financieras con el objetivo de ahogar su financiación.

También, el Gobierno ecuatoriano solicitó este mismo miércoles a Caracas que esclarezca las circunstancias de la muerte del concejal Albán. En un comunicado de la Cancillería, Ecuador expresó su preocupación ya que la muerte de Albán ocurrió, "mientras se hallaba bajo custodia de agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), luego de ser arrestado el pasado 5 de octubre, en el marco de investigaciones sobre un supuesto atentado con drones en un desfile militar".

El Gobierno ecuatoriano hace hincapié en la imperiosa necesidad de esclarecer las circunstancias de su muerte, que se produjo mientras se encontraba en custodia y, por tanto, bajo la responsabilidad de las autoridades venezolanas, quienes debían garantizar su integridad física y emocional y en general el respeto por sus derechos humanos.

De esta forma, Ecuador se une a las demandas internacionales que han solicitado a Venezuela una investigación "independiente, transparente e imparcial" que aclare esta muerte y establezca responsabilidades. Al mismo tiempo, Quito expresó sus condolencias a los familiares y amigos del concejal Fernando Albán.