Cuando el CIS apuntaba a que
la codicia de Bego y Pedro, inquilinos de La Moncloa había abierto un camino de
rosas (amor y respeto). Ahora, la realidad indica todo lo contrario. Quienes le
subieron a la poltrona le ordenan que baje, al objeto de dar forma legal a sus
promesas de Cataluña, pero desde Barcelona.
Muy a pesar de la subjetiva
decisión de la Abogacía General del Estado por eso de acusar a los líderes
golpistas del independentismo catalán sea más suave que la de la Fiscalía
General del Estado, para los expertos jurídicos de Puigdemon es papel mojado,
por tanto, Quim Torra piensa que solo es
un deseo de continuidad en la presidencia. De modo que los planes de Pedro y Baltasar
Garzón para prolongar la legislatura se han ido al traste. Así se reconoce en
el Ejecutivo, donde las palabras de Quim Torra rechazando el gesto del Gobierno
y anunciando la decisión de no apoyar los Presupuestos Generales del Estado no
han supuesto una gran sorpresa. Aunque sí se reconoce que se vuelve a tensionar
la relación institucional y a apretar la crisis política.
Apenas cinco meses después
de llegar a La Moncloa, Pedro Sánchez se encuentra con muchas dificultades
objetivas para cumplir su propósito de prolongar el mandato hasta junio de
2020. Pese a que se asumía la retórica inflamada en el independentismo, sí se
reconoce en el Gobierno que lo sucedido el viernes hace más complejo la
aprobación de los Presupuestos.
Con menos de la cuarta parte
de los escaños, sometido a las directrices de Podemos, habiendo roto los
puentes con la oposición, con unos ministros cuestionados y otros dudando de
prolongar tanto la legislatura. Sin contentar a los independentistas y a la vez
necesitando su apoyo. Y haciendo de la rectificación su modo de gobernar. Ese
es el escenario que acorrala al presidente, y del que pretende escapar aunque
sea sin Presupuestos.
Las palabras de Quim Torra,
culpando a Pedro Sánchez de ser «cómplice de la represión», preocupan por su
virulencia, aunque no tanto por quien las pronuncia, ya que en el Gobierno
siguen manifestándose dudas respecto a quién representa realmente el actual
inquilino de la presidencia de la Generalitat. La realidad es que, a día de
hoy, la gran fortaleza de La Moncloa en su relación con el independentismo está
en la división en el seno del secesionismo.
En La Moncloa se insiste en
que «el Gobierno mantiene su rumbo» porque no les queda otra. Aunque en el
Ejecutivo no se va a reconocer nunca la existencia de directrices a la Abogacía
General del Estado, sí se reconoce que se encuentran bien representados con esa
calificación. Y la idea de mantener el rumbo se justifica porque, en el fondo,
Sánchez y su equipo no consideran que el anuncio de Torra de votar contra los
Presupuestos sea definitivo ni que suponga un cambio tan drástico. Porque ya se
descontaba un escenario muy complicado a partir de enero por el previsible
comienzo de un juicio a mediados de enero que, en cualquier caso, entienden que
va a ser desfavorable para el interés independentista.
La posibilidad de sacar
adelante los Presupuestos está hoy más lejos que hace una semana. Pero el
Gobierno sigue empeñado en un último esfuerzo. Se van a intentar abrir
negociaciones de carácter económico para lograr los apoyos de PNV, ERC y
PDECat. Aunque también entienden que toca «esperar» a que se desinflame un poco
la situación. Las comisiones bilaterales Estado-Generalitat se siguen
desarrollando, y mientras Torra y su Govern no rompan ese puente en Moncloa ven
lugar a la esperanza. Ahora bien, el canal institucional que se fraguó en
verano entre Sánchez y el vicario de Puigdemont está prácticamente roto.
La idea del Gobierno sigue
siendo presentar los Presupuestos Generales del Estado a finales de noviembre.
Se intentará llegar a los mismos al menos con buenas sintonías con los
nacionalistas vascos. Además, la intensa agenda internacional de Sánchez en la
segunda quincena de noviembre coincidiendo además con la campaña electoral en
Andalucía pueden rebajar el nivel del debate catalán. La pretensión en
cualquier caso es que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lleve el
proyecto de Presupuestos al Congreso pasado el puente de la Constitución, es
decir, la semana que arranca el 10 de diciembre.
En el Gobierno no preocupan
los tiempos porque entienden que «hay margen» dentro de la dinámica
parlamentaria para extender los plazos. La inusual legislatura en la que nos movemos
ha dado sobradas muestras de ello. Por ejemplo, los Presupuestos de 2017 no se
presentaron hasta principios de abril. Fue un mes después cuando el proyecto de
cuentas públicas se enfrentó al debate de las enmiendas a la totalidad. Y ese
punto es fundamental para que el Gobierno gane tiempo. Su principal objetivo
ahora no es que el independentismo catalán apoye las cuentas, sino que no
presente enmiendas a la totalidad que pudiesen ser apoyadas por PP y Cs para
hacer naufragar anticipadamente el proyecto.
No es el escenario más
probable pero tampoco se descarta. Y por eso gana fuerza la opción de intentar
aguantar en el Gobierno sin aprobar los Presupuestos. Lo que es seguro por
cuestiones de trámite parlamentario es que las cuentas de 2018 que aprobó Rajoy
apoyado por Ciudadanos van a tener que ser prorrogadas. Una vez que eso suceda
la puerta a que lo estén sine die está ahora más abierta que nunca. En el
Gobierno ya trabajan la argumentación discursiva de presentar como «legítima»
la herramienta del Real Decreto Ley para poder sacar adelante su agenda
legislativa.
El Gobierno necesitaría
utilizar esta herramienta para aprobar nuevos tributos que habiliten recursos
económicos para otros reales decretos que incluyan medidas con un importante
gasto social. Hacerlo de forma segmentada, creen en el Gobierno, es una buena
alternativa porque incrementa ostensiblemente las posibilidades de que los
independentistas apoyen las medidas. Incluso dificultaría a PP y Ciudadanos su
labor de oposición a las medidas de carácter social. Sánchez está dispuesto a
ello porque quiere apurar la legislatura. Con Presupuestos intentaría llegar al
ecuador de 2020. Sin ellos, el presidente quiere llegar como mínimo a octubre
de 2019. Confía en que el mayor temor de sus socios a un eventual Gobierno
PP-Ciudadanos le sirva para prolongar su mandato.
Y es que el escenario de una
convocatoria electoral inmediata no se contempla al menos por ahora. En el PSOE
no agrada nada la idea de ir a las municipales y autonómicas de mayo con la
hipótesis de haber perdido el Gobierno central o en el mejor de los casos con
un parlamento bloqueado y pendiente de una investidura con los
independentistas. Solo unas encuestas que augurasen una suma fácil y rápida con
Podemos podría alterar esos planes. Y para eso Sánchez necesita complementar
con medidas electorales el relato territorial. Eso es lo único positivo que
encuentran en Moncloa a lo sucedido el viernes: creen que se refuerza su
posición central, entre el bloque independentista y PP-Cs, que esperan que les
reporte rédito electoral.
Sánchez aguanta, pero no le
está saliendo gratis. El método que el nuevo presidente del CIS ha utilizado
para sobrestimar la intención de voto coloca al PSOE en primera posición
destacada. Pero no se puede tapar el sol con un dedo. En los datos brutos de la
propia encuesta del CIS, los que no se someten a ninguna cocina, hay muestras
claras del desgaste de Sánchez incluso entre quienes lo votaron en 2016. Tras
llegar al Gobierno la confianza de sus electores en el presidente se disparó.
Pero ya se está corrigiendo. En el sondeo de julio, el 65,7% de los votantes
del PSOE decía tener mucha o bastante confianza en Sánchez. En el último
barómetro ya baja al 59,5%. Ahora, el 38,1% de sus votantes declara poca o
ninguna confianza en Sánchez. En julio eran el 30%.
