La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo decidió este lunes por cinco votos a uno mantener la suspensión del derecho a voto de los nacionalizados por la llamada ley de nietos (que afectaría a 163.020 personas, según la Abogacía del Estado) al entender que es más importante "preservar la veracidad e inexistencia de irregularidades en el censo electoral" que "el interés particular del ciudadano". Es decir, que el derecho al sufragio no es "de carácter absoluto", sino que está "supeditado al interés general". El Gobierno ya ha mostrado su disconformidad ante la decisión del Supremo y ha advertido que estudiará si procede recurrir ante el Tribunal Constitucional.
Pedro Sánchez ya se temía esa resolución y por ello no se privó en sus mítines de fin de semana de instar al Supremo a aceptar los recursos de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía y permitir así el voto de todos aquellos que se hubieran inscrito en el CERA (Censo de Españoles de Residentes Ausentes) en virtud de la llamada ley de nietos.
Sánchez convertirá este fallo, adoptado tras un recurso de Vox y del partido Iustitia Europa, en una de las banderas de su campaña electoral. Simplificando, el presidente cree que la extrema derecha quiere privar del derecho a voto a los descendientes de exiliados españoles por la Guerra Civil y la dictadura de Franco. Y considera que a esa limitación de derechos se ha prestado gustoso el Tribunal Supremo. En un alarde de demagogia, el presidente se preguntó el domingo ante sus seguidores en Ponferrada: "¿Qué significa, que los nietos de los exiliados del franquismo no van a poder votar y los nietos del régimen franquista sí?".
El Supremo responde a Sánchez: es más importante que las elecciones sean limpias que el derecho individual al voto
El presidente olvida mencionar que fue una chapuza de su Gobierno (en concreto de una directora general, Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes) la que dio pie a los recursos de Vox y Iustitia Europa. Se trata de una instrucción ministerial que ensanchó lo contemplado en la ley de Memoria Democrática a los descendientes de todos aquellos que hubieran abandonado España entre 1936 y 1955, independiente de que fueran exiliados por razones políticas, de creencias o de orientación sexual, e incluyendo por tanto a los que simplemente su marcharon por motivos económicos. Esa manga ancha desvirtuó la esencia de la norma, que contemplaba la nacionalización como una compensación a los que huyeron de la guerra o de la dictadura. La motivación de esa instrucción ministerial es difícil de explicar. El Gobierno no lo ha hecho, por cierto.
Lo que está claro es que conceder la nacionalidad y dar derecho a voto a todos los hijos y nietos de los que se marcharon de España durante esos veinte años, independientemente de las razones por las que lo hicieron, supone de facto una alteración del censo injustificada, o contradictoria con lo que suponía la esencia de la ley de Memoria Democrática.
El Tribunal Supremo, en su día, instó a la Administración a depurar ese censo, para determinar los que, efectivamente, tienen derecho a voto porque pueden probar que sus ascendientes huyeron de la guerra o de la dictadura. Pero el Gobierno ha sido incapaz de asumir su obligación, argumentando la complejidad y el tiempo que le llevaría hacerlo. Tras la convocatoria de elecciones anticipadas al 29 de noviembre, la resolución de la duda se convirtió en perentoria. Ahora el Supremo ha tomado una decisión que deja sin derecho a voto a más de 160.000 nacionalizados con arreglo a la ley de Memoria Democrática. La Sala Tercera ha dado un plazo de cinco días hábiles para que los que quieran reclamen, si pueden demostrar que, en efecto, sus padres o abuelos fueron exiliados políticos. Por tanto, no es a estos a los que se quiere privar del derecho a voto, sino a los que no pueden demostrar que tienen derecho a ejercerlo.
Sánchez hará de esta decisión una de las palancas de su campaña. Acusando a la derecha de antidemocrática por privar del derecho a voto a decenas de miles de españoles. Lo hará apelando a la máxima de que el derecho a voto es lo más sagrado en una democracia. Pero el Supremo ya le ha contestado en su resolución: es más importante la limpieza del proceso que el derecho individual al voto. En resumen, que la limpieza de las elecciones, y no cuántos votan, es la mejor garantía de que vivimos en una democracia.
