Con el bono joven de
alquiler al Gobierno le ha salido el tiro por la culata. La maniobra de
distracción, puesta en marcha de forma atropellada, para enmascarar la no
aprobación por el Consejo de Ministros del anteproyecto de ley de vivienda,
apenas ha durado unas horas. Justo lo que se tarda en comprobar que la medida
apenas si va a beneficiar al 1,7% de los jóvenes a los que va destinada.
La maquinaria
propagandística funcionó. Los informativos de las televisiones le dieron bombo,
hubo filtraciones, comparecencias ministeriales… e incluso un briefing en el
que ningún medio fue excluido. Pero, al final, lo que queda en resumen
telegráfico es: un fondo de 200 millones a repartir en bonos de 250 euros
mensuales para jóvenes de entre 18 y 35 años que vivan en pisos de alquiler de
menos de 600 euros y que ganen menos de 24.318 euros.
No hay más que echar una
ojeada a los precios de los alquileres en las grandes ciudades, como cuenta
Alba Asenjo en El Independiente, para comprobar que en Madrid, Barcelona y
Valencia, la medida no alcanza ni al 2% de la oferta de los pisos en alquiler.
El Consejo de la Juventud de España ha calculado que el bono sólo llegará a
unos 50.000 jóvenes, de los 2,8 millones de emancipados que hay en España entre
18 y 35 años. El Consejo califica sin paliativos el bono joven como «lotería».
No le falta razón.
Además de su escasa
dotación, ni siquiera se han establecido las normas de reparto de esos 200
millones, cuya distribución se aplaza a una futura reunión con las comunidades
autónomas.
Otra cuestión es si las
ayudas directas ayudan o no a mejorar las condiciones para alquilar. Desde el
sector de la vivienda a líderes de izquierdas como Íñigo Errejón creen que la
medida repercutirá en una subida de los precios.
Tan escasas son las ayudas,
que las autonomías del PP van a poner en marcha sus propias medidas para
facilitar el acceso al alquiler de los jóvenes. Incluso en el País Vasco ya
disfrutan de mejores ventajas de las que se anunciaron tras el Consejo de
Ministros.
Lo peor es que el Gobierno,
como le reprocha el Consejo de la Juventud de España en un comunicado, utiliza
la «precariedad para hacer propaganda política». Las elecciones en Castilla y
León están ya a la vuelta de la esquina y el Gobierno quiere que se hable más
de las ayudas a los jóvenes que de las macro granjas.
El bono joven para alquiler
es una lotería que no alivia el problema del precio de la vivienda en las
grandes ciudades
El problema de la vivienda
no se soluciona con golpes de ingenio o fuegos de artificio. Es un asunto
tremendamente complejo que afecta a todas las grandes ciudades del mundo y no
sólo de España. No hay más que ver los precios, tanto para la venta como para
el alquiler, que se pagan en Londres o en París, por no hablar de Nueva York o
de algunas de las grandes urbes de Asia.
Para afrontar este enorme
reto no hay peor remedio que la demagogia. Unidas Podemos cree que la cosa es
muy fácil. Basta con cumplir lo que dice la Constitución en su artículo 47:
«Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y
adecuada». Como bien sabe -o debería saber- el presidente, las cosas no son tan
sencillas como promulgar una ley que obligue a bajar precios.
Sin embargo, como hemos
visto ya en demasiadas ocasiones, Pedro Sánchez toma sus decisiones en función
de sus necesidades en cada momento. El pasado mes de octubre tuvo que ceder a
la presión de Yolanda Díaz para que UP diera luz verde a la aprobación de los
presupuestos generales del Estado. El precio a pagar: la ley de vivienda.
El texto del anteproyecto,
que ya comentamos aquí en su día, es un dislate. Fundamentalmente porque el
Gobierno asume medidas que son competencia de las comunidades autónomas e
incluso de los ayuntamientos. El anteproyecto que iba a llevarse a la mesa del
Consejo de Ministros el pasado martes fue rechazado la semana pasada por una
amplia mayoría (15 votos contra 6) en el Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, precisamente porque, en opinión de sus miembros, el Gobierno invade
competencias autonómicas. Es cierto que el dictamen del CGPJ -que conoceremos
el próximo día 27- no es preceptivo, pero su opinión es importante dado que
señalará el camino para que los partidos de la oposición impugnen un texto que
seguramente terminará siendo recurrido ante el Tribunal Constitucional.
Aliviar el coste de la
vivienda para hacerla más accesible a los jóvenes es una cuestión de Estado, y
requeriría de un gran acuerdo de los grandes partidos, en base a una
legislación para cuya elaboración habría que contar con la opinión de
promotores y constructores. Bajar los precios no es algo que haya que dejar
sólo al albur del mercado, pero no se puede hacer sin contar con el mercado.
Pedro Sánchez está siendo
víctima de su política de parcheo y de un tacticismo que termina engendrando
mamotretos como el anteproyecto de ley que se empeña en aprobar, o medidas
improvisadas e inútiles como el bono joven que acaba de poner en marcha.
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