Los independentistas de ERC y JxCat haciendo caso omiso a los letrados de la Cámara, presentan una querella criminal contra el juez Llarena.

El Gobierno de España advirtió a los secesionistas, al objeto de que, posteriormente, no traten de confundir al resto de los ensimismados independentistas con ánimo de enaltecer a su sectaria banda de lacayos y siempre antes de presentar dicha querella, contra el juez Pablo Llarena que sin más, aplicaría el 155 en todos los poderes que otorga la Ley ya que se trata de un  evidente un delito de Malversación (destinando recursos públicos para asuntos de su propio interés).

La Mesa de la Cámara autonómica acordó con los votos de los representantes de JxCat y Esquerra promover la demanda a pesar de la advertencia de sus letrados sobre la inviabilidad de la misma. Roger Torrent, sin embargo, ordenó al equipo jurídico que la redactase. El Ejecutivo de Rajoy cree que la querella es una medida de consumo interno del independentismo para paliar la frustración por la segunda suspensión de la investidura de Jordi Sànchez. Las posibilidades de éxito de la iniciativa penal son, a juicio de la Moncloa, casi nulas. «Lo que tiene que hacer el Parlament es elegir un presidente de la Generalitat» que pueda solventar el trámite de la investidura, señaló Rajoy en una comparecencia en la Moncloa con el primer ministro danés, Lars Lokke Rasmussen.

Aunque el presidente del Gobierno y también el portavoz Íñigo Méndez de Vigo aventuraron la posibilidad de que la Mesa del Parlamento catalán incurra en un delito de malversación de fondos públicos si contrata un equipo externo y le «paga» por presentar la querella, Torrent evitó ese riesgo y ordenó a los letrados de la Cámara redactarla.

Los juristas habían mostrado sus reparos porque, además de tener una opinión contraria a presentarla, no son expertos en derecho penal sino en constitucional y en contencioso-administrativo. Pero el presidente del Parlamento obvió los reparos e impuso que la presentaran ante el Tribunal Supremo.

Méndez de Vigo, además de apuntar la posible malversación, señaló que pueden cometer «otros delitos» si la Mesa sigue adelante. «Que luego no digan que no sabían las consecuencias de lo que estaban haciendo porque, los letrados, se lo han dicho con toda claridad.

El resto de los parlamentarios califican dicha iniciativa de «temeraria» y el PSC cree que empeora el «enfrentamiento institucional». Inés Arrimadas acusó a Torrent de «presentar una querella política para presionar a los jueces» y anunció que su formación presentará un recurso contra la decisión de la Mesa del Parlamento.

Desde el PSOE, su secretario de Organización, José Luis Ábalos, no solo criticó la decisión de los independentistas, sino que consideró que con ello avanzan hacia la repetición electoral. Los votos no son excusa para obviar la ley, dice el presidente del Tribunal Superior de Cataluña.

Juan Pardo

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