¿Por qué, el Gobierno español, beneficia a Iberdrola siendo el 80% de su accionariado extranjero?

Torre Iberdrola

Iberdrola es una gran empresa, Sánchez Galán, su presidente, un gran gestor, nadie lo discute. Empresa y empresario tienen todo el derecho del mundo a decidir dónde hacen sus inversiones figura entre los derechos fundamentales de una empresa privada con una única condición en una economía libre: que tenga recursos para hacerlo. Que la misma empresa y el empresario se quejen del marco regulatorio e incluso lo hagan responsable del descenso de sus beneficios es algo que se puede defender desde la libertad de opinión. Por tanto, hay muchas consideraciones que se pueden hacer a favor de Sánchez Galán, de Iberdrola y de su decisión de reducir al mínimo las inversiones en España.

Probablemente, lo que ha fallado, ha sido todo lo demás. No me parece un acierto considerarse muy español cuando los beneficios no hacían más que subir y dudar si es más mexicano, inglés o norteamericano cuando el dividendo se reduce. Eso ofende a los usuarios de sus servicios, que no han tenido ni parecida libertad para elegir quién le suministra la luz. Y ofende a todos los emprendedores que no han visto una reducción del 7 % en sus beneficios, sino que han tenido que reducir plantillas o empeñar su patrimonio personal para salvar su empresa.

Al mismo tiempo, y aunque el señor Sánchez Galán se erija en abanderado de la marca España, no cabe duda de que la ha perjudicado: a la marca, al Gobierno y a la nación. No es la mejor imagen exterior el espectáculo de ver cómo el número uno de la producción eléctrica prefiere otros países para invertir. Y ese daño es mayor en este momento: cuando se presume tanto de atraer capitales extranjeros y cuando se asiste a la exaltación casi mística de la recuperación. Las razones económicas de Iberdrola no parecen suficientes para justificar ese perjuicio. Las empresas deben ser prósperas, pero también deben lealtad al país donde han labrado su patrimonio y su prosperidad.

.Es evidente que ha sido un fracaso. No solo no consiguió ser estable y previsible, como pide el señor Sánchez Galán, sino que desorientó al mercado y a los consumidores y perjudicó a las empresas de producción. En este sentido, la acción de Sánchez Galán es un serio aviso. No se trata de crear ni mantener privilegios. Se trata de consensuar las decisiones y de combinar los intereses del usuario y del fabricante. Y se trata de ser menos intervencionista y hacer verdad el principio de la libre competencia, cosa que no nos atrevemos ni a soñar. En este sentido, sí tiene razón Sánchez Galán y el Gobierno debería meditarlo. La energía eléctrica es un bien del país, no una fuente de votos para el partido que dirían los hispanos, oficialista.