La mayoría de edad de la princesa Leonor coincide con las elecciones.

 



 Por Juan Pardo

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La mayoría de edad de la princesa Leonor coincide  con las elecciones.

En el momento en que la Princesa de Asturias adquiera la condición formal de futura reina es obligado que las Cortes Generales se encuentren en funciones plenas para acoger su juramento Constitucional

Desde un enfoque jurídico, la mayoría de edad de Doña Leonor, Princesa de Asturias, implica el cumplimiento del mandato recogido en el artículo 61.2 de la Constitución. Esta norma obliga a la heredera al trono de España a prestar juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas, y ser fiel al Rey. Un trámite no exhaustivo, ni cerrado, para el que según los diferentes expertos juristas consultados por El Debate, será necesario que haya en España un Gobierno «plenamente» ejecutivo. O lo que es lo mismo, que no se encuentre en funciones ya que, esto último, implicaría que Parlamento y Senado han sido disueltos para la convocatoria de unas elecciones generales. Un escenario «poco propicio», apuntan los mismos expertos, para la celebración del «acto solemne» en el que Leonor de Borbón, acompañada por su padre el Rey Felipe VI comparecerá en el hemiciclo para asumir su papel de manera oficial. Sin quererlo, los dieciocho años de la futura reina de España condicionan el calendario electoral de Pedro Sánchez.

 

Y es que el cumpleaños de la Princesa de Asturias coincidirá, temporalmente, con el fin del mandato del actual Gobierno de coalición entre PSOE y Podemos –ya que las últimas elecciones de las que nace el Ejecutivo, se celebraron el 10 de noviembre del 2019– de modo que, a salvo de un improbable adelanto electoral, los próximos comicios deberían convocarse hacia final de año, lo que exige una disolución de las Cámaras de, como mínimo, 54 días antes de la fecha elegida para la llamada a urnas. Así las cosas, esto impediría que Leonor de Borbón preste el juramento previsto en el artículo 61.2 de la Carta Magna, el día 31 de octubre.

Un acto político, jurídico y simbólico

«Se tratará de un acto trascendental en la vida pública de la Princesa de Asturias y de la nación por sus dimensiones políticas, jurídicas y simbólicas», asegura Daniel Berzosa, abogado y doctor en derecho constitucional por la Universidad de Bolonia. «Políticas porque se reforzará la legitimidad de la posición dinástica de la que goza Doña Leonor desde su nacimiento –prevista en el artículo 57.1 de la Constitución– y su condición de Heredera de la Corona, esta adquirida de forma automática, ipso iure que decimos los juristas, en virtud del artículo 57.2 de la Carta Magna», añade el profesor.

No en vano, «tras la proclamación de Su Majestad Don Felipe VI como Rey de España el 19 de junio de 2014» se producen, también, consecuencias jurídicas porque la normatividad de la Constitución fijada a partir de su artículo 9.1, convierte el acotado, pero amplio contenido de los deberes de la fórmula del juramento –desempeño fiel de las funciones que Su Majestad le encomiende, acatamiento personal y de quienes se le acerquen de la Constitución, respeto de los derechos individuales y de ciertos sujetos públicos con base territorial, fidelidad al Rey,..– en obligaciones preceptivas, no sólo morales o por sentido de responsabilidad, para la Princesa Doña Leonor», explica Berzosa.

Y, simbólicas porque, «con la fuerza de los juramentos públicos, el destino de la Heredera de la Corona quedará unido, sin solución de continuidad, a la Constitución y sus normas, principios y valores; y a los anhelos, preocupaciones y necesidades de la nación, del pueblo español y de España, para lo que un día está llamada a ser Reina», concluye el jurista.

La icónica fecha del 31 de octubre

Así las cosas, se plantea la necesidad de hablar de una «estabilidad institucional» que permita a Doña Leonor cumplir con el trámite de jurar la Constitución más allá de la lectura sobre la «garantía del equilibrio y la continuidad que ella misma representará, a partir de entonces, en la Jefatura del Estado» español, anota Ramón Rodríguez Arribas, vicepresidente de honor del Tribunal Constitucional.

Aunque no hay una obligación legal como tal, es tradición, que el heredero al trono jure la Constitución el mismo día de su cumpleaños

 

Rodríguez Arribas también señala cómo la mayoría de edad de la princesa Leonor implicará la confección de una agenda propia y su ingreso en las academias militares de cada uno de los ejércitos, Tierra, Mar y Aire. Leonor «adquirirá más responsabilidades y sumará más protagonismo en sus apariciones públicas de cara a su preparación» para el día en que se convierta en reina -hasta adquirir su «estatus protocolario»- dado que «la condición de Princesa de Asturias la tiene por el mero hecho de ser la primogénita» de las hijas de Don Felipe y Doña Letizia.

Sea como fuere, «cabe destacar cómo al mayoría de edad de Doña Leonor aportará una sensación de normalidad en medio de la tensión permanente de la escena política y reforzará el sentido de unidad del Estado» haciendo gala de la «ausencia de parcialidad» que caracteriza a la Corona, apostilla el exvicepresidente del Constitucional.

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Vox: " El PP no tiene agallas para derogar la Ley de Memoria democrática.

 

Vox cree que el PP carece de "valentía" para derogarla

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, durante unas jornadas organizadas por su partido en Vitoria este sábado.

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, durante unas jornadas organizadas por su partido en Vitoria este sábado. 


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Iván Espinosa de los Monteros no se fía del compromiso de Alberto Núñez Feijóo de abolirla.

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha desconfiado del compromiso del presidente del PPAlberto Núñez Feijóo, de derogar la ley de Memoria Democrática porque el Partido Popular "carece de la valentía necesaria" para ello-

El dirigente de Vox se ha pronunciado así durante unas jornadas organizadas por su partido en Vitoria, después de que este sábado Núñez Feijóo haya anunciado durante un homenaje en Ermua a Miguel Ángel Blanco su compromiso de derogar la "mal llamada" ley de Memoria Democrática.

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Espinosa de los Monteros, en declaraciones a los periodistas, ha dicho que el PP tiene un problema de "credibilidad" porque durante los seis años que gobernaron "no derogaron la ley de Memoria Histórica de Zapatero".

"Todo hace indicar que si no lo hicieron en ese momento tampoco lo harán en el futuro. El PP carece de la fibra moral, de la valentía necesaria", ha subrayado.

Ha añadido que los españoles tienen el "suficiente criterio" para juzgar estos temas después de que durante los gobiernos de Mariano Rajoy el PP "no fue capaz de derogar ni una sola de las leyes ideológicas que dejó el PSOE".

Espinosa de los Monteros también se ha reafirmado en la posición de Vox de no acudir este domingo al homenaje en Ermua (Bizkaia) del concejal del PP Miguel Ángel Blanco en el 25 aniversario de su asesinato a manos de ETA que presidirá el rey Felipe VI y al que asistirá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El portavoz parlamentario de Vox ha participado en unas jornadas con el título "Memoria histórica, Historia impuesta" organizadas por ellos en Vitoria al cumplirse dos años desde que el partido de la extrema derecha irrumpiera por primera vez en el Parlamento Vasco con un escaño que ocupa Amaia Martínez, a la que Espinosa de los Monteros le ha felicitado por llevar la "esperanza" a Euskadi.

La guerra de Ucrania ya no tiene sentido, solo comercial.

 


La guerra de Ucrania ya no tiene sentido, solo comercial.

Como puede ver en el vídeo que acompaña esta noticia, Rusia y Ucrania fueron miembros de la Unión Soviética hasta la independencia y disolución, en 1991. Los mapas que incorpora este vídeo explicativo reflejan la posición estratégica de este país, en el centro de influencias del tablero europeo. Moscú trata de evitar el giro de Ucrania hacia Occidente; si Kiev se une a la OTAN, como aspira, perderá posibilidades de influencia en el país. La OTAN, hasta ahora, no ha abierto la puerta a Ucrania. El proceso de admisión en la organización, en cualquier caso, es largo y complejo y no solo depende de la voluntad de Kiev, que tiene en su mira entrar desde 2008. Moscú quiere vetarla. Asegura que supondría una amenaza para la seguridad de Rusia.

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La confrontación entre los dos países está en marcha desde marzo de 2014. Las protestas proeuropeas y contra la corrupción en Kiev de miles de ciudadanos contra el presidente prorruso Víctor Yanukóvich se reprimieron con mucha violencia. El vídeo resume en una secuencia los duros enfrentamientos en la capital ucrania de aquellos días, que derivan en la huida de Yanukóvich.

La vida en tensión bajo la amenaza de guerra en Ucrania: “La incertidumbre es un abejorro en el estómago”

El presidente ruso, Vladímir Putin, aprovechó estos enfrentamientos para en 2014 invadir la península de Crimea, en el sur de Ucrania, y organizó allí un referéndum (celebrado con militares sobre el terreno) para anexionársela considerado ilegal por la comunidad internacional. En el mapa se aprecia que Crimea es un lugar estratégico porque ofrece una importante salida al Mar Negro. Putin aspiraba a su control. Merece la pena ver cómo celebró la anexión, en un acto multitudinario y pronunciando una frase que explica muy bien el significado de Crimea para Putin.

 

La invasión de Crimea ha desencadenado protestas internacionales, sanciones económicas para Rusia y peticiones constantes de que devuelva el territorio. Putin ha dicho que nunca lo hará. Desde 2014, apoya política y militarmente a los separatistas prorrusos en el este de Ucrania en la guerra que libran contra el ejército ucranio. Informes independientes internacionales han trazado el envío de armas rusas a las regiones de Donetsk y Lugansk. En la del Donbás, la última guerra de Europa, han muerto unas 14.000 personas, según estimaciones de la ONU.

 


La tensión se ha disparado ahora, con la concentración de decenas de miles de soldados rusos en torno a las fronteras con Ucrania y un goteo constante de maniobras militares de Rusia, que flexiona su potentísimo músculo militar. Estados Unidos cree que puede lanzar otra invasión a Ucrania, y que esta puede ser inminente.



¿Qué hace Europa? ¿Qué posición ha tomado Washington? ¿Qué pide Putin para acabar con la tensión en la zona? En este vídeo respondemos a estas preguntas para entender dónde está el origen de la crisis de seguridad en Europa por la concentración de tropas rusas a lo largo de sus fronteras y el empuje de Putin para mantener el país bajo su influencia.

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Sánchez se reserva 77.000 millones de fondos europeos para gastarlos en precampaña

 


Sánchez se reserva 77.000 millones de fondos europeos para gastarlos en precampaña

En el segundo semestre se presentará una adenda al Plan de Recuperación para incluir las transferencias adicionales y los créditos asignados

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Sánchez se reserva 80.000 millones de fondos europeos para gastarlos en precampaña

 

Vox nunca tuvo que apoyar a Pedro Sánchez como gestor único de los Fondos europeos. Pedro Sánchez espera inundar de dinero europeo el último año de legislatura de Pedro Sánchez para mejorar las alicaídas expectativas electorales del Presidente de Gobierno y dar un impulso pacto de coalición con Unidas Podemos. El Ejecutivo espera utilizar los 50.000 millones de euros que todavía quedan por solicitar de los fondos europeos Next Generation para mantener durante todo el año 2023 actos periódicos en los que anunciar cuantiosas inversiones en todos los sectores posibles.

 

El Ministerio de Asuntos Económicos trabaja a marchas forzadas para presentar durante el segundo semestre la adenda al Plan de Recuperación y Resiliencia para incluir las transferencias adicionales y los créditos asignados de los fondos europeos Next Generation. Estamos hablando de 70.000 millones de euros en créditos y otros 7.700 millones que, en principio, serían transferencias. Si todos los plazos se cumplen, antes de fin de año el Gobierno debería acordar las nuevas condiciones y nuevos hitos con Bruselas para poder recibir estos fondos con, probablemente, un nuevo cronograma de pagos.

 

Se sumarían a los 70.000 millones que ya fueron aprobados en concepto de ayudas hasta completar los 147.000 millones en total asignados por la UE en medio de la pandemia. El cronograma indica que hasta finales de 2023 se recibirán 54.500 millones de la UE. Hace pocas semanas la Comisión Europea autorizó el segundo desembolso equivalente a 12.000 millones y ya se han transferido 10.000 millones correspondientes al segundo semestre del año pasado y otros 9.000 millones de prefinanciación recibidos el verano pasado.

 

Legislatura de Sánchez

En el caso de los nuevos créditos que se solicitarán, el objetivo es poder contar con un calendario que permita al Ejecutivo reforzar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 con parte de estos nuevos recursos. Hasta la fecha, el Ministerio de Hacienda ha consignado 26.634 millones de euros en los PGE de 2021 y otros 27.633 millones en 2022, todos ellos a cuenta de los 70.000 millones asignados en concepto de ayudas a fondo perdido.

 

Esto supone que a Sánchez le queda por asignar menos de 16.000 millones de estos fondos ya aprobados a los que deberían sumarse otros 10.000 a 20.000 millones, aunque éstos en concepto de los nuevos créditos. La idea es poder reforzar la inversión pública en 2023, el último año de legislatura de Pedro Sánchez, durante el cual debería convocar elecciones para diciembre o para primeros de 2024.

 

En todo caso, el Gobierno espera que por fin el dinero de los actuales fondos empiece a fluir y que esto se complemente con una batería de nuestras propuestas, programas y en definitiva, anuncios periódicos de inversión, para mantener una sensación de dinamización económica durante todo este periodo preelectoral.

 

Utilización de los Perte

Este diario ya adelantó que Sánchez quería seguir utilizando los Perte en esta estrategia para reforzar la inversión en su último año y medio de legislatura. De esta manera, se preparan nuevos lanzamientos que se empezarán a anunciar precisamente a partir del próximo curso. Entre las opciones que tiene sobre la mesa se encuentran el Perte de la digitalización de la prensa, el Perte del turismo, el Perte de la industria textil o una serie de Perte regionales, que serían la herramienta perfecta para irrumpir en la campaña electoral que se presume que comenzará a la vuelta del verano de 2023.

 

La estrategia de Sánchez será la misma que se ha producido hasta ahora. Rentabilizar mediáticamente cada uno de los Perte y realizar constantes presentaciones de estos proyectos poniendo énfasis en el reparto de dinero. Una manera de mantener en tensión al tejido productivo, mantener decenas de apariciones públicas y estar permanentemente en la agenda informativa dando la impresión de que estamos ante un Gobierno que gestiona eficazmente los fondos europeos.

 

Respecto de esta adenda al Plan de Recuperación y Resiliencia que se quiere presentar antes de que finalice el próximo año, uno de los grandes objetivos es reforzar los componentes digitales del plan, así como los de Transición Ecológica, igualdad y cohesión territorial. En este sentido, este pasado viernes ya se produjo la primera de estas grandes convocatorias para anunciar nuevos programas.

 

Ejecución de los fondos europeos

El propio Pedro Sánchez comentó los detalles del Plan España Digital 2026 a varios CEO de las empresas digitales y de telecomunicaciones que operan en España aunque evitó comprometerse con nuevas inversiones concretas. Estamos hablando de una actualización del Plan España Digital 2025, que ahora se amplía hasta 2026.

 

Una calendario inversor que, sin embargo, está más en los discursos del Gobierno y de Pedro Sánchez, que en la realidad de la economía. Los últimos datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) reflejan que hasta abril la Administración Central ha realizado pagos en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia por valor de 1.587,24 millones de euros, lo que supone apenas el 5,7% de los 27.633 millones de fondos europeos consignados en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

 

Si a esta cifra se suma el dato anual de 2021 también aportado por la IGAE, vemos que se han realizado pagos por valor de 12.590 millones desde enero de 2021, momento en el que los fondos europeos se incluyeron por primera vez en los PGE. Esto supone que 17 meses después de que se consignarán estos ingresos en la economía española, el Estado apenas ha transferido el 23,2% de los ingresos comprometidos en los presupuestos equivalentes a 54.267 millones. Una cifra que, sin embargo, sólo refleja el dinero transferido y no el que ha llegado efectivamente a las empresas, una cifra que el Ejecutivo lleva un año y medio sin revelar.

 

Hasta el momento se han aprobado hasta diez Perte por valor de 33.005 millones de euros, pero como ha contado este diario la cifra de adjudicación de recursos solo llega al 2,8% del total, 909 millones. De estos 33.005 millones hay 949 millones que se mantienen en convocatorias no resueltas (el 3,5% del total del dinero) y otros 4.056 millones de euros en convocatorias abiertas (el 12,2%). Esto supone que hay 27.091 millones de euros de estos diez Perte que no han salido todavía a licitación.

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Aquel día, hace 25 años, Miguel Ángel Blanco derrotó a ETA.

 


Aquel día, hace 25 años, Miguel Ángel Blanco derrotó a la ETA activa.

El mero hecho de que sus asesinos no pidan perdón y el fortalecimiento de del pacto PSOE/bildu “agranda” a idea de que el volcán está a punto de entrar en erupción.

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25 años después del asesinato que precipitó la rebelión cívica contra la banda, el gobierno de España ha pasado de aislar a la izquierda abertzale a convertirla en socia esencial.

 

El tiempo lo difumina todo, incluso la memoria. En el peor de los casos la borra para siempre. Ni siquiera los episodios más duros, los más traumáticos o los que llegan a poner en pie a una sociedad se libran de su erosión. No hace falta acumular muchos años para notar su desgaste, basta con 25. Este domingo se cumplen cinco lustros desde que Euskadi despertó, España le secundó y todo el país dijo basta a ETA y su entorno. El secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco sólo fue la gota de un vaso que colmó de rabia, indignación y miedo acumulado. Quienes nacieron en el XX no lo olvidan. Recuerdan dónde estaban, qué sintieron, qué hicieron. Los más jóvenes, los nacidos en este milenio, en el mejor de los casos son capaces de dibujar un escueto relato de lo sucedido. Sólo de oídas. Poco más. La mayoría, ni eso. Miguel Ángel Blanco y los tres días de julio de 1997 que cambiaron para siempre a la sociedad son una laguna generacional más.

 


Es difícil olvidar esos días que se insertan entre los más convulsos vividos en democracia. La mirada atrás a aquella cuenta atrás mortal de 48 horas en las que el país estuvo en vilo muestran cómo España, su sociedad, ha cambiado. También lo ha hecho de modo profundo su relación con lo que significó y fue ETA y su entorno. En estos 25 años transcurridos el mayor logro ha sido, sin duda, la derrota de la banda terrorista que certificó su desarme en 2018. Su rastro, en cambio, sigue vivo en forma de cientos de crímenes aún por resolver, condenas por explicitar por quienes un día le alentaron y aplaudieron y exigencias democráticas que han pasado de ser inexcusables a moldeables.

 

Fue precisamente la negativa del Gobierno a negociar con ETA y su mundo el que se mantuvo firme pese al ultimátum dado por la banda para liberar a Miguel Ángel a cambio del acercamiento de presos. Después llegó el aislamiento político de la izquierda abertzale, la ley de partidos, su ilegalización y la exigencia a un desmarque mínimo, al menos en sus estatutos, de la violencia para volver a abrir la puerta de las instituciones y las urnas a aquel mundo que guardó silencio ante el dolor del terrorismo.

 


La historia más reciente certifica el cambio político, social y institucional. La política de dispersión de los presos de ETA por la que fueron secuestrados Ortega Lara y Miguel Ángel Blanco acumula años de desmantelamiento. De la ilegalización se ha pasado a ocupar las instituciones y del aislamiento político a convertirse en el soporte clave del actual Gobierno. Sí, España ha cambiado en estos últimos 25 años.

 

Un periodo entre aquel 1997 y el 2022 actual que irrumpió envuelto en venganza, en un órdago lanzado por una ETA enrabietada después de la humillación sufrida por la liberación de José Antonio Ortega Lara tras 532 días secuestrado. El asesinato de aquel joven edil del PP de Ermua que nadie conocía lo cambiaría todo para siempre. El chantaje que ETA pretendió rompió el letargo de unos, la resignación de otros y el silencio de la mayoría. Entre el 10 y el 13 de julio de 1997 la historia de la violencia terrorista y de la rebelión cívica de toda una sociedad comenzó a cambiar sin vuelta atrás.

 


De la euforia, a la rabia. Del éxito, a la venganza

El 1 de julio de aquel año 96 lo cambió todo. Esa noche ETA liberó a Cosme Declaux, el empresario vasco al que extorsionó para cobrar un rescate. Fue su victoria financiera. Casi a la misma hora estaba a punto de sufrir una humillante derrota policial. La Guardia Civil desbarató el mayor secuestro de su historia, el de José Antonio Ortega Lara. 532 días de cautiverio después el funcionario de prisiones volvía a ver la luz. Su vida no fue cajeada por el acercamiento de los presos de ETA a cárceles vascas que exigía la banda. El comando fue detenido y ETA vencida año y medio después.

 

Pero los terroristas no estaban dispuestos a darse por vencidos. Tampoco en su reclamación. Sólo diez después, la banda llevó a cabo su venganza con el secuestro del concejal del PP, Miguel Ángel Blanco Garrido. Esta vez, la reclamación era la misma que la planteada con Ortega Lara, el acercamiento de los presos de ETA a cárceles del País Vasco, pero con una diferencia: el ‘canje’ debería hacerse en el plazo de 48 horas.

 

El secuestro

El verano de 1997 la amenaza sobre los concejales constitucionalistas, del PP y el PSE, obligaba a poner escolta a muchos de ellos. En el caso de Miguel Ángel Blanco no se consideró necesario. Ermua, un municipio de apenas 17.000 habitantes, y Blanco, un joven de 29 años metido a político casi de modo casual, no parecían ocupar la primera línea de amenazados. Esa fue la oportunidad para ETA para actuar sin riesgo: aquel chico era un objetivo fácil y sin protección.

 


En pocos días dispuso de toda la información. Gran parte de ella se la había facilitado un viejo colaborador de la organización: Ibon Muñoa. Ex concejal de HB tenía una tienda de recambios de automóvil, ‘Recambios Muñoa’. Su negocio trabajaba con la consultoría de Eibar, ‘Eman Consulting, la misma en la que acababa de empezar a trabajar Miguel Ángel Blanco. Su salto a la política municipal era más una necesidad laboral que una vocación. Tras terminar sus estudios de Economía el trabajo tardó en llegar. Cuando lo hizo, la idea de abandonar aquella aventura en el ayuntamiento fue tomando fuerza.

 

Miguel Ángel Blanco viajaba en tren todos los días desde Ermua a la vecina Eibar para acudir a trabajar. Muñoa lo sabía. Fue él quien lo preparó todo. El comando que debía cometer el atentado se alojó en su casa y él les cedió su vehículo para el secuestro. El 9 de julio, el día inicialmente previsto, decidió ir en coche y frustró los planes de los terroristas. Al día siguiente, volvió a su rutina. En la estación, en torno a las 15.30 horas, Irantzu Gallastegi, alias ‘Amaia’, le amenaza con una pistola. Bastó para llevarlo al vehículo y con él hasta el zulo. Acababa de comenzar su secuestro y la terrible cuenta atrás dada por la banda: 48 horas para acercar a los presos de ETA a cambio de la vida del joven político de 29 años.

 


La cuenta atrás

Encontrar a Ortega Lara había requerido 532 días de investigación. Localizar a Blanco en dos días parecía una misión imposible. No se escatimaron recursos. Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado desplegaron casi todos sus efectivos. La Ertzaintza, los suyos. Se peinó Gipuzkoa, se barrió Bizkaia. Se realizaron contactos y negociaciones con el entorno de la izquierda abertzale. Incluso en el seno del MLNV hubo quien intentó llegar a la cúpula de ETA para intentar detener aquel reloj macabro.

 

En las instituciones aquel chantaje suscitó dudas. No aceptarlo suponía poner en peligro la vida de Miguel, ceder, abrir una senda peligrosa de coacción terrorista a la sociedad española. El Gobierno anunció que no accedería a la exigencia terrorista. En el País Vasco el Pacto de Ajuria Enea se reunía para condenar lo ocurrido y reclamar a ETA y su mundo cejar en su amenaza. En la izquierda abertzale, salvo voces aisladas, se guardaba silencio.

 

Clamor popular

La conmoción social no tardó en extenderse a cada ciudad, cada pueblo, cada hogar. En el telediario de TVE la imagen de Miguel, el padre del concejal secuestrado, albañil de profesión, regresando de trabajar y preguntando incrédulo “¿qué ha pasado?” al tumulto de periodistas que le rodeaba, aún impresiona al recordarla. Mari Mar, la hija, regresaba de Londres. La otra Mari Mar, la novia de Miguel, con la que ya había hecho planes de boda, intentaba asimilar el drama. Aquel portal de Ermua se llenó de cargos del PP, de políticos y amigos intentando dar calor a una familia rota.

 


En Ermua, el alcalde, Juan Carlos Totorica, intentó encauzar la rabia y la protesta. Las manifestaciones espontáneas siguieron a la vigilia de aquel sábado en el pueblo y otros muchos rincones del país. En Bilbao la mayor manifestación que se recuerda salió para pedir la liberación de Miguel Angel. También en otros muchos puntos del país. En las televisiones, radios y periódicos durante esos días no existió nada más. La esperanza se iba agotando a medida que el reloj se acercaba a las 16.00 horas del 12 de julio, la hora límite dada por la banda terrorista.

 Por Juan Pardo

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Aparece el cuerpo

El reloj marcó las 16.00 horas. Nada parecía haber cambiado. Una hora después las primeras informaciones hablan de la localización de un cuerpo en una zona boscosa de Lasarte, en Gipuzkoa. Unos cazadores lo encontraron. Era Miguel Ángel Blanco, maniatado, con dos tiros en la cabeza pero aún vivo. La noticia no tarda en llegar a su familia. ETA había cumplido su amenaza pero él aún luchaba por vivir. Desde el balcón del Ayuntamiento Totorika comunica a los miles de vecinos de Ermua congregados, que Miguel Ángel ha muerto, que ha sido asesinado.

 

La familia viaja a San Sebastián, al Hospital Nuestra Señora de Aranzazu, con la esperanza de que sobreviva. La imagen del joven concejal del PP llegando al hospital es la última que se tiene de Miguel con vida. Al día siguiente, el 13 de julio de 1997, de madrugada, murió.

 

El ‘Espíritu de Ermua’

La rabia fue general. Contenida en la mayoría de los casos, incontrolable en otros. Aquel País Vasco hasta entonces temeroso de enfrentarse al entorno de ETA estaba a punto de ser historia. Ante las sedes de Herri Batasuna, sus ‘Herriko Tabernas’ comenzaron a producirse concentraciones. En Ermua incluso se atacó la sede, que resultó incendiada. El propio alcalde colaboró con un extintor para sofocar el fuego, “no somos como ellos”, insistió, “así no”.

 

Las calles volvieron a llenarse. Madrid registró una de las más multitudinarias que se recuerdan, bajo el lema ‘Por la paz, la unidad y la libertad”. Una marcha que culminó con el mensaje en voz de la periodista Victoria Prego, “con la paz y la palabra, pero también con la ley, a por ellos”.

 


Ley de Partidos, ilegalización y ‘Pacto de Lizarra’

Ya nada sería igual. La sociedad se había levantado y había alzado la voz contra ETA. Los gritos “ETA, aquí tienes mi nuca”, “vascos sí, ETA no” y las manos blancas contras las manos manchadas de sangre se convirtieron en el símbolo de la rebelión sin armas.

 

Aquel clima fue favorable para que en gran parte de España el cambio de estrategia para hacerle frente fuera respaldado. El Gobierno de José María Aznar impulsó la Ley de Partidos primero y la ilegalización de la izquierda abertzale después. En el proceso, la unidad lograda en los días de julio de 1997 se fue fragmentando. El nacionalismo hizo su propio camino, el llamado ‘Pacto de Lizarra’ en el que se dialogaba con ETA y su mundo para avanzar hacia logros identitarios a cambio de cesiones para acabar con la violencia. La unidad pronto se transformó en fractura.

 

Entretanto, el impacto por lo ocurrido pronto fue superado por el entorno radical. En Euskadi la izquierda abertzale no se resintió. Más aún, pasó de 154.000 votos en las elecciones generales de 1996 a 224.000 votos en las autonómicas de 1998 y 228.000 en las municipales de un año después.

 

Los autores, los condenados

Hasta octubre de 2000 Muñoa, el ‘chivato’ que facilitó la información, no pudo ser detenido. Fue condenado a 33 años de cárcel como cómplice de secuestro y asesinato. Francisco García Gaztelu, alias ‘Txapote’ fue condenado por ser el autor material del asesinato. Contó con la colaboración de su luego pareja, Irantzu Gallastegi. Ambos fueron condenados a 50 años de prisión. Hoy cumplen condena en Estremera (Madrid). El cuarto miembro del comando fue José Luis Geresta, alias ‘Oker’. Su cuerpo apareció con un tiro en la sien en una zona arbolada de Rentería en 1999.

 


25 años después

El secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco es sin duda uno de los que mayor impacto tuvo en la sociedad. Transcurridos 25 años desde que se produjo, aún hoy es motivo de controversia. Cinco lustros después la izquierda abertzale continúa reacia a condenarlo con claridad. Pese a haber acudido a alguno de los aniversarios en su memoria, este año ha anunciado que no asistirá por considerarlo un homenaje al Rey y a los CFSE.

 

También la figura de Mari Mar Blanco resulta incómoda para el Gobierno y el entorno del PSOE. Desde que tomó el testigo de su hermano en el PP su voz ha sido especialmente crítica con la política antiterrorista llevada a cabo por el PSOE y ahora con el acercamiento que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha liderado con EH Bildu.

 


Incluso en el seno del nacionalismo institucional, representado por el PNV, las voces que acusan de ‘politizar’ la figura de una víctima del terrorismo como fue Miguel Ángel Blanco afloran con frecuencia. También los reproches a la tibieza de la izquierda abertzale a la hora de condenarlo: “Aún nos debe una explicación”, aseguró el martes el portavoz del Gobierno Urkullu.

Por Juan Pardo

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