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La mayoría de edad de la
princesa Leonor coincide
con las elecciones.
En el momento en que la
Princesa de Asturias adquiera la condición formal de futura reina es obligado
que las Cortes Generales se encuentren en funciones plenas para acoger su
juramento Constitucional
Desde un enfoque jurídico,
la mayoría de edad de Doña Leonor, Princesa de Asturias, implica el
cumplimiento del mandato recogido en el artículo 61.2 de la Constitución. Esta
norma obliga a la heredera al trono de España a prestar juramento de desempeñar
fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes,
respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas, y ser
fiel al Rey. Un trámite no exhaustivo, ni cerrado, para el que según los
diferentes expertos juristas consultados por El Debate, será necesario que haya
en España un Gobierno «plenamente» ejecutivo. O lo que es lo mismo, que no se
encuentre en funciones ya que, esto último, implicaría que Parlamento y Senado
han sido disueltos para la convocatoria de unas elecciones generales. Un
escenario «poco propicio», apuntan los mismos expertos, para la celebración del
«acto solemne» en el que Leonor de Borbón, acompañada por su padre el Rey
Felipe VI comparecerá en el hemiciclo para asumir su papel de manera oficial.
Sin quererlo, los dieciocho años de la futura reina de España condicionan el
calendario electoral de Pedro Sánchez.
Y es que el cumpleaños de la
Princesa de Asturias coincidirá, temporalmente, con el fin del mandato del
actual Gobierno de coalición entre PSOE y Podemos –ya que las últimas
elecciones de las que nace el Ejecutivo, se celebraron el 10 de noviembre del
2019– de modo que, a salvo de un improbable adelanto electoral, los próximos
comicios deberían convocarse hacia final de año, lo que exige una disolución de
las Cámaras de, como mínimo, 54 días antes de la fecha elegida para la llamada
a urnas. Así las cosas, esto impediría que Leonor de Borbón preste el juramento
previsto en el artículo 61.2 de la Carta Magna, el día 31 de octubre.
Un acto político, jurídico y
simbólico
«Se tratará de un acto
trascendental en la vida pública de la Princesa de Asturias y de la nación por
sus dimensiones políticas, jurídicas y simbólicas», asegura Daniel Berzosa,
abogado y doctor en derecho constitucional por la Universidad de Bolonia.
«Políticas porque se reforzará la legitimidad de la posición dinástica de la
que goza Doña Leonor desde su nacimiento –prevista en el artículo 57.1 de la
Constitución– y su condición de Heredera de la Corona, esta adquirida de forma
automática, ipso iure que decimos los juristas, en virtud del artículo 57.2 de la
Carta Magna», añade el profesor.
No en vano, «tras la
proclamación de Su Majestad Don Felipe VI como Rey de España el 19 de junio de
2014» se producen, también, consecuencias jurídicas porque la normatividad de
la Constitución fijada a partir de su artículo 9.1, convierte el acotado, pero
amplio contenido de los deberes de la fórmula del juramento –desempeño fiel de
las funciones que Su Majestad le encomiende, acatamiento personal y de quienes
se le acerquen de la Constitución, respeto de los derechos individuales y de
ciertos sujetos públicos con base territorial, fidelidad al Rey,..– en
obligaciones preceptivas, no sólo morales o por sentido de responsabilidad,
para la Princesa Doña Leonor», explica Berzosa.
Y, simbólicas porque, «con
la fuerza de los juramentos públicos, el destino de la Heredera de la Corona
quedará unido, sin solución de continuidad, a la Constitución y sus normas,
principios y valores; y a los anhelos, preocupaciones y necesidades de la
nación, del pueblo español y de España, para lo que un día está llamada a ser
Reina», concluye el jurista.
La icónica fecha del 31 de
octubre
Así las cosas, se plantea la
necesidad de hablar de una «estabilidad institucional» que permita a Doña
Leonor cumplir con el trámite de jurar la Constitución más allá de la lectura
sobre la «garantía del equilibrio y la continuidad que ella misma representará,
a partir de entonces, en la Jefatura del Estado» español, anota Ramón Rodríguez
Arribas, vicepresidente de honor del Tribunal Constitucional.
Aunque no hay una obligación
legal como tal, es tradición, que el heredero al trono jure la Constitución el
mismo día de su cumpleaños
Rodríguez Arribas también
señala cómo la mayoría de edad de la princesa Leonor implicará la confección de
una agenda propia y su ingreso en las academias militares de cada uno de los
ejércitos, Tierra, Mar y Aire. Leonor «adquirirá más responsabilidades y sumará
más protagonismo en sus apariciones públicas de cara a su preparación» para el
día en que se convierta en reina -hasta adquirir su «estatus protocolario»-
dado que «la condición de Princesa de Asturias la tiene por el mero hecho de
ser la primogénita» de las hijas de Don Felipe y Doña Letizia.
Sea como fuere, «cabe
destacar cómo al mayoría de edad de Doña Leonor aportará una sensación de
normalidad en medio de la tensión permanente de la escena política y reforzará
el sentido de unidad del Estado» haciendo gala de la «ausencia de parcialidad»
que caracteriza a la Corona, apostilla el exvicepresidente del Constitucional.
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