David Marjaliza, presunto cerebro de la trama Púnica, aseguró ante el juez Eloy Velasco que pagaron "mítines, banderolas, bebidas, muchas cosas" a Tomás Gómez cuando era alcalde de Parla (Madrid) a cambio de la adjudicación de "seis o siete parcelas" para la construcción de viviendas. Así consta en la confesión de Marjaliza ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, trece horas de grabación a las que ha tenido acceso Efe y en las que relata que la trama pagaba comisiones a ayuntamientos por la adjudicación de parcelas para la construcción de viviendas protegidas.
"Me decían, ¿quieres viviendas en este suelo? Sí. Preséntate a este concurso. Nos presentábamos a veinte parcelas y nos adjudicaban cuatro. En el caso de Parla nos adjudicaron seis o siete por un total de 400 y pico viviendas", relata el cerebro de la trama. Asegura que el intermediario en esas negociaciones era su socio y exalcalde de Cartagena (Murcia) José Antonio Alonso Conesa, a quien la trama daba el dinero para las comisiones, y tiene claro que en el 98 % de las adjudicaciones de viviendas protegidas se pagaban comisiones.
Marjaliza, quien afirma desconocer al sucesor de Gómez en Parla, José María Fraile, también imputado, no sabe cuánto se pagó por esas adjudicaciones, pero insiste que fueron "muchas cosas", incluidos mítines "a los que fue Felipe González", banderolas y bebidas. Según su testimonio, en ese caso había una petición "de partido". En esas facturas ponía "banderolas del Partido Socialista", añade el empresario, quien reconoce que tuvieron que "ir corriendo a cambiar todas las facturas". "Yo, con una promotora, como podrá comprender no utilizo banderolas del Partido Socialista para nada. Entonces se cambiaron las facturas a 'eventos o no se qué'.
Tomás Gómez fue Secretario General del Partido Socialista de Madrid (PSM) desde 2007 hasta febrero de 2015, cuando la Ejecutiva Federal del PSOE acuerda su destitución y la creación de una comisión gestora. En el momento de su destitución la Fiscalía y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) investigaba el sobrecoste, en cifrado en 41 millones de euros, de los trabajos de construcción del tranvía de Parla.
Como norma general, la trama pagaba "paquetes" que podían ser de 200.000, de 300.000 o de 50.000 euros, casi siempre una vez realizada la adjudicación, aunque en algún caso, como en la localidad madrileña de Pinto, se pagó antes y luego no se les adjudicó el proyecto, de modo que se les devolvió el dinero. El de Parla es el caso que cita directamente el socio de Francisco Granados en la trama cuando el juez le pide que detalle los ayuntamientos con los que habían hecho negocios a cambio de comisiones, pero las grabaciones muestran que ese modus operandi se utilizó en muchos más municipios, en especial en Valdemoro (Madrid), localidad de la que fue alcalde Granados.
Mordidas del 20% para Granados
De hecho, Marjaliza acusó al exconsejero madrileño Francisco Granados de hacerse con el 20% de las operaciones inmobiliarias que su empresa desarrolló en Valdemoro cuando éste era alcalde, a través de una sociedad en la que figuraba la mujer de su jefe de gabinete Ignacio Palacios. El empresario explicó que cuando Granados llegó a la alcaldía él era un "promotor mediano" y como la política del suelo "depende de la potestad municipal empezamos una relación más fluida". Ambos se habían conocido, dijo, en Alianza Popular y luego siguieron caminos diferentes, uno en la política y otro como promotor, una amistad que retomaron cuando nombraron alcalde a Granados.
Fue entonces, prosiguió Marjaliza, cuando Granados le propuso aliarse con otro promotor mayor de la zona, Ramiro Cid Sicluna, para crear juntos una sociedad inmobiliaria en Valdemoro, cuyo nombre no llega a recordar porque después la vendió y alegó además llevar ocho meses "perdido", aludiendo a su estancia en prisión, de dónde salió unos meses después tras abonar 100.000 euros de fianza.
"Ahí empieza el tema", destacó Marjaliza, al relatar que finalmente la sociedad la constituyó con ese promotor y la mujer del jefe de gabinete de Granados, Ignacio Palacios, a la que correspondía un 20% de las ganancias, si bien ese dinero era realmente para el exconsejero madrileño. Marjaliza relató además cómo Granados les animó a él y a Cid Sicluna a juntarse "para ayudarnos recalificando suelo" y obtener así un porcentaje de las ganancias derivadas de las operaciones inmobiliarias.
Así, según su versión, desde 1999 hasta 2007 Granados se estuvo llevando entre 3.000 y 6.000 euros por cada vivienda que él promovía. "Si se adjudicaban los suelos a un determinado precio, tú lo pactabas y lo pagabas", prosiguió, a lo que siguieron una serie de preguntas y respuestas del juez: "¿Y cómo se pagaba?". "Con dinero". "¿En mano?". "Claro". "¿Contante y sonante?. "Claro". "¿Y se lo llevaba el señor Granados?". "Claro". Según Marjaliza, las comisiones se daban normalmente en mano a Palacios y en ocasiones a Granados.
El imputado dijo que era sencillo para el Ayuntamiento adjudicar las promociones a una determinada empresa porque los pliegos eran "tan amplios que es fácil que haya una decisión política a un lado u otro, y eso no hay técnico que pueda tumbarlo".
"Pero Granados no estaba en la mesa de negociación, ¿bastaba con una indicación política?", le preguntó entonces el juez, a lo que contestó: "Sí, con una indicación política bastaba, había tanta subjetividad que era muy fácil". De hecho, él ya sabía con antelación los terrenos rústicos que debía comprar porque se iban a recalificar a urbanizables, gracias a las reuniones que mantenía con Granados, quien le decía qué suelo adquirir.
Marjaliza hizo estas declaraciones durante tres días en junio de 2015 y unos meses después, en diciembre, Velasco le impuso una fianza para salir de prisión al entender que había colaborado de forma positiva con la investigación.
