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martes, 17 de mayo de 2016

En torno al federalismo identitario


Dedicamos no hace mucho una columna a comentar la idea de nación en la Constitución española. Advertíamos que nos ocupábamos del aspecto unitario del concepto, considerándola como titular del poder constituyente (o la capacidad del pueblo para decidir sobre su configuración política), que es la manifestación más obvia de la soberanía. En efecto es soberano quien decide libremente sobre su Constitución, quien puede darse y cambiar su Constitución. Añadíamos dos consideraciones complementarias : en primer lugar, subrayábamos que la unidad del Estado, como condición de su propia existencia y actividad, exigía la unidad de su causa, de manera que la unidad de la nación anticipaba la del Estado; y, apuntábamos además, que la soberanía del pueblo dada su referencia nacional, le imponía en su actuación constituyente la toma en cuenta de la tradición y el destino de la comunidad, esto es, lo que la nación había sido en el pasado y podría ser en el futuro.

Pero el momento unitario de la nación española no puede ignorar la condición constitutivamente plural de ésta, integrada en efecto por nacionalidades y regiones, por lo que el Preámbulo de la Norma Fundamental llama significativamente los pueblos de España. Este pluralismo de identidades, del mismo modo que la referencia a una nación única soberana explica la necesaria unidad del Estado, es la base a su vez de la condición compuesta de nuestro Estado. Nacionalidades y regiones, entonces, son el sustrato político, quizás sería mejor hablar de la base sociológica y cultural, de las Comunidades Autónomas. Si el Estado como organización política general es la correspondencia jurídico política de la Nación española, las Comunidades Autónomas suponen la cobertura en tal plano de las nacionalidades y regiones.

Desde el punto de vista jurídico lo que las nacionalidades y regiones tienen es autonomía, que es un poder diferente, cualitativamente diferente, de la soberanía. La autonomía, ha dicho el Tribunal Constitucional es un poder limitado, propio de las nacionalidades y regiones “para la gestión de sus propios intereses, diferente de la soberanía que corresponde al Estado en cuanto organización política de toda la Nación española”(STC 4/1981). La autonomía es, asimismo, un poder derivado, reconocido por la Constitución, que verdaderamente lo establece y limita.

La expresión y el instrumento de la autonomía de las nacionalidades y regiones es el Estatuto de autonomía que evidentemente no conduce a un poder originario constituyente, sino a una potestad, según sabemos, derivada, limitada y simplemente estatuyente. Muchas veces se insiste exclusivamente en la condición subordinada del Estatuto, reparando en su limitación y condición subordinada. Desde luego es lógico que la Constitución suponga un límite al Estatuto, como norma superior de todo el ordenamiento, del que forman parte principal los estatutos de autonomía. De ello se deduce asimismo la imposibilidad de amparo estatutario de actuaciones contrarias a la Constitución, como sería el ejercicio de la autodeterminación, que no podría presentarse como un derecho de autonomía, cuando es claramente la manifestación de la soberanía. También va de suyo el control del Estatuto por parte del Tribunal Constitucional, en el caso de que su reforma pudiese reputarse contraria a la Constitución.

Pero lo dicho no puede ignorar la dimensión cuasi constitucional del Estatuto, que hace posible la auto organización institucional de la Comunidad y su autogobierno efectivo. Así la región o nacionalidad, según su norma básica, dispone de una configuración institucional cuasi completa, capaz de verificar, en el ámbito de sus competencias y de acuerdo con la orientación política de su gobierno, una línea política propia, en el marco de una forma política parlamentarizada.

Lo que querría poner de manifiesto es que la descentralización en España que atribuye tan importantes instrumentos políticos a los componentes territoriales, como denota una caracterización correcta de los Estatutos de autonomía, no es un expediente de simple ordenación del poder, al que se trataría de hacer más eficaz mediante su distribución vertical. Pretendo, antes bien, resaltar, que el Estado autonómico es impensable sin reparar en su base política plural, esto es, sin las nacionalidades y regiones que la componen, a las que la Constitución reconoce un derecho a la autonomía, que en sus puntos esenciales recibe su configuración en el máximo nivel normativo, como se comprueba en la caracterización del Estatuto como norma institucional básica de las Comunidades Autónomas (art. 147 CE). Esto a mi juicio explica la virtualidad integradora de la Constitución, que no se limita a ordenar el poder sino a justificarlo, en este caso relacionando la organización territorial con el pluralismo constitutivo de España, esto es, con sus nacionalidades y regiones.

La explicitación de esta base sociológica y espiritual del Estado de las Autonomías no es común en el constitucionalismo federal, que suele limitarse a señalar el carácter compuesto de los Estados que forman la federación pero que no reconoce la base política a la que estos corresponden. Así por ejemplo en la Constitución suiza no se menciona a las nacionalidades, que solo son tratadas implícitamente de modo cultural-como comunidades de base lingüística principalmente- y que no tienen poder constituyente propio, del que, aunque debilitado en realidad, disponen en cambio los cantones, cuyo fundamento, como se sabe, no es su nacionalidad, que comparten con otros.

Si esto es así podríamos presentar el caso español como un supuesto de federalismo identitario, que sin reconocer la soberanía a sus integrantes, sí atribuye un significado político a las Comunidades que integran el Estado, que tienen claramente una proyección más allá de lo cultural, y a las que podemos llamar nacionalidades o, si se prefiere, naciones, eso sí, no soberanas.
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