La dimisión de la directora de Bellas Artes aviva el temor sobre los intentos de sacar piezas de las colecciones de los museos
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Los rumores comenzaron a difundirse desde el primer día. Miquel Iceta tomaba posesión de la cartera de Cultura y enseguida se divulgó por los pasillos una idea que ha quedado plasmada en la siguiente expresión, destinada a permanecer con nosotros durante una buena temporada en el futuro: «El federalismo de la cultura». El concepto, en teoría, venía a sumarse a otra intención proveniente del Gobierno: trasladar un número de instituciones y descentralizar.
La titular de Bellas Artes parece que no se ha doblegado a las presiones desde el Ministerio y habría tomado la decisión, en efecto, de regresar a la enseñanza. Desde Cultura se niega esta versión de plano, casi con rotundidad, y se insiste en que no existe ningún plan, con mayúscula o en minúscula, sobre «un federalismo de la cultura» ni ningún otro de semejante factura y que tampoco se están dando pasos en este sentido. Su preocupación corre ahora por otras aristas, informan. Se asegura, igualmente, que tampoco se han atendido a hipotéticas reclamaciones sobre obras arqueológicas que se conservan en Madrid por parte de las Comunidades Autonómicas, algo que afectaría, en principio, a la Ley Flavia Malacitana, los toros de Costix y, faltaría, claro, la Dama de Elche.
De momento, ante esta tormenta y las escasas explicaciones oficiales, el Partido Popular ha decidido tomar cartas en el asunto. En los próximos días va a presentar una serie de preguntas en sede parlamentaria para forzar al ministro de Cultura, Miquel Iceta, a que revele de verdad cuáles son sus verdaderas intenciones, qué quiere hacer con el patrimonio que salvaguardan los museos y si existe alguna clase de estrategia en este sentido. Todo apunta, comentan otras fuentes, a una posibilidad: que Cultura esté dispuesta a sacar un número de piezas de las colecciones de algunos museos como pago a ciertos socios por apoyar al Gobierno de Pedro Sánchez. Si esto fuera así, sería hacer política con el patrimonio que pertenece a los españoles y por encima de la opinión de los expertos encargados de velar por su conservación.
De hecho, la propia delegada del área de Cultura en el Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, ya lo ha insinuado nada más conocer la dimisión de Dolores Jiménez-Blanco. En unas declaraciones, ella ha acusado a Miquel Iceta de «pretender federalizar la cultura». «El ministro –ha dicho– pretende federalizar la cultura con decisiones como trasladar joyas arqueológicas depositadas en el Museo Arqueológico Nacional como la Ley Flavia Malacitana o la Dama de Elche por petición de algunas comunidades autónomas». Por cierto, esta última escultura, que siempre ha estado en el centro de estas controversias, es objeto de una solicitud por parte de Compromís para que se traslade de manera temporal con motivo de su aniversario.
Un camino sin fin
El miedo a que se produzcan traslados o se disgreguen colecciones, algo que, desde luego, sería una temeridad, ha hecho acto de presencia en algunas instituciones ante el silencio público que todavía se mantiene sobre este punto. Es un asunto delicado, porque si empezaran a atender las reclamaciones, como aseguran ciertos especialistas, ya no habría fin. Pero no solo para los museos nacionales. Eso no terminaría ahí. Después, muy pronto, también se sumarían los autonómicos a este debate, porque, en ese caso, ¿qué es lo que impediría al Valle del Boí exigir la devolución de las pinturas de Sant Climent de Taüll al Museo Nacional de Arte de Cataluña? Solo por sacar a colación un ejemplo bien conocido. Y, por encima de todo, ¿con qué motivos se les negaría? José María Luzón, que fue director del Museo Arqueológico Nacional y Museo del Prado, siempre temió que se abriera este debate de una manera tan drástica. En términos coloquiales, lo veía venir. «Estas presiones las conozco muy bien. Siempre había esperado a que arreciesen y me temo que voy a ver cosas que no imaginaba. Nadie va a destruir este patrimonio. El tema no es que las piezas vayan a correr peligro. Lo que corre peligro es la identidad de la nación española. Porque las corrientes van en otra dirección». Y él mismo lanza una pregunta al aire: «¿A qué quieren jugar? Es un camino que si se comienza puede generar innumerables problemas, porque las peticiones serían infinitas en todas direcciones. Cuando estuve de director en el Museo Arqueológico Nacional ya había solicitudes de este estilo. No se accedieron porque en realidad, el MAN, quedó interrumpido con el nacimiento de las autonomías. Desde entonces no recibe piezas. Hoy es una colección. ¿Por qué no se deja ya esa historia?». José María Luzón añade: «Si es por devolver cosas, a lo mejor ya no se para. Hay una escultura de itálica extremadamente importante en Oviedo. Sevilla la podría pedir. Y otra pieza de enorme relevancia para Murcia, en Cataluña. ¿Por qué no? Le puedo decir cientos de piezas en esta tesitura».
Luzón, con ironía, comenta un asunto que sí, en cambio, es relevante y que deberían abordar los políticos, pero este, en cambio, no lo hacen. «Si se quiere reforzar la identidad de las Comunidades hay otra vía más fácil. Hay un montón de piezas de arqueología sin encontrar. Se puede excavar. Cada Comunidad tiene verdaderos tesoros sin desenterrar. Sabemos dónde están y cómo recuperarlos. Pero en lugar de invertir ahí, lo que queremos es pelear por unas que ya son famosas. Hay otras esculturas ibéricas igual de importantes. Que inviertan y que las saquen. Sabemos dónde están».
UNA VIEJA AMENAZALa dimisión de la Directora General de Bellas Artes, Dolores Jiménez-Blanco, ha devuelto a los titulares de los medios de comunicación una vieja amenaza: las reclamaciones de las comunidades autónomas de algunos bienes de titularidad pública que conservan los museos nacionales desde hace décadas. A pesar del silencio de Jiménez-Blanco, hace apenas unos días el director del Museo Arqueológico Nacional, Andrés Carretero, reconocía en una entrevista en «El País» que los gobiernos regionales habían reclamado la Dama de Elche, la Ley Flavia Malacitana –cinco placas de bronce de época romana– o los toros de Costix; pero también señalaba que estos alcaldes o políticos de turno solo querían estas piezas por un interés electoral pues desde la ley de Patrimonio de 1985 no solo no entraba ninguna pieza de excavación en el Museo Arqueológico Nacional, sino que las excavaciones sufragadas por las comunidades autónomas –ahora responsables de esta actividad– habían sido mínimas.Convertir la Dama de Elche en una reivindicación histórica puede ser creída por algunos. Pero descontextualizarla de otras piezas puede provocar un daño, no solo a un museo, sino también a la cultura de todos. Quizá Jiménez- Blanco había pensado que estos argumentos habían sido comprendidos por los responsables de su ministerio, pero su dimisión demuestra que no ha sido así. Este nuevo federalismo cultural ignora además que, por ejemplo, el Arqueológico tiene depositadas unas 2.000 piezas en museos de toda España, por no hablar del Prado que supera las 3.500. Por cierto, habría que revisar muchos de estos préstamos. Y si la Dama de Elche vuelve a Elche. ¿Por qué el Guernica no llevarlo a Guernica? ¿O los Velázquez del Prado a Sevilla? Me temo que no acabaríamos nunca con las reclamaciones pero, sobre todo, desharíamos una cultura que ha costado demasiado preservar.
