Resumen de todas las encuestas para el 23J.

Resumen de todas las encuestas para el 23J. Feijóo mantiene su ventaja y podría gobernar con el apoyo de Vox

Consulte los gráficos y herramientas para realizar un repaso a todas las encuestas publicadas con el cálculo de la media de los sondeos electorales para contar con una visión agregada de cada partido

El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo ganaría las próximas elecciones generales, aunque dependería de Vox para poder gobernar, y Pedro Sánchez no tendría opciones para reeditar su Gobierno de coalición, de acuerdo con las encuestas más recientes y en línea con el último sondeo de IMOP-Insights para El Confidencial. De esta manera, el pacto del PP con la formación de Santiago Abascal en la Comunidad Valenciana no ha pasado factura a los populares, mientras que la integración de Podemos dentro de Sumar no ofrece el impulso necesario a la plataforma de Yolanda Díaz para mejorar sus números.

De esta manera, el barómetro de Sociométrica para El Español publicado este lunes muestra que el PP ganaría las elecciones con el 32,6% de los votos y 135 escaños, sus mejores datos desde 2019. Vox contaría con el 14,8% y 46 representantes. Así, la suma de ambas formaciones superaría con holgura la mayoría absoluta de 176 diputados. En tanto, el PSOE se quedaría en el 25,4% de los apoyos y 94 escaños, mientras que Sumar obtendría el 12,9% de los sufragios y 34 diputados.

Feijóo ganará, pero tendrá que pactar con Vox, y Sánchez se queda sin opciones

Itziar Reyero Unidad de Datos EC Diseño

Por su parte, el sondeo de Sigma Dos para El Mundo es el único que refleja un ligero retroceso para el PP después del pacto de la Comunidad Valenciana. Sin embargo, sigue otorgando la victoria a Feijóo, que obtendría el 34,1% de los votos y 141 escaños, mientras que Vox se haría con el 13,2% y 36 representantes. De esta manera, la suma de ambas formaciones alcanza los 177 diputados, uno más de los necesarios para contar con mayoría absoluta. El PSOE contarían con el 28,7% de los sufragios, lo que le permitiría superar el umbral de su resultado de 2019, pero aún quedaría muy lejos de los de Feijóo al quedarse en 105 diputados. En tanto, Sumar quedaría en cuarta posición con con el 12,8% de los apoyos y 30 dìputados.

La encuesta de 40dB para El País y Cadena SER apunta que el PP alcanzaría 136 escaños, mientras que el PSOE obtendría 106. Vox llegaría a los 38, por lo que, en la suma con los de Feijóo, el bloque de derechas rozaría la mayoría absoluta con 174 diputados. Mientras, los choques en el proceso de incorporación de Podemos a Sumar le pasan factura a Yolanda Díaz, que se queda en los 35 representantes, frente a los 41 que le otorgaba el anterior sondeo de finales de mayo.

Feijóo monitoriza los pactos de sus barones para evitar más coaliciones a la valenciana

Pilar Gómez

En tanto, el sondeo de NC Report para La Razón otorga una horquilla de 145-147 escaños a Núñez Feijóo, mientras que Pedro Sánchez se queda en entre 96 y 98 diputados. Vox sería la tercera fuerza política con entre 38 y 40 representantes y Sumar, con 30-32. De esta manera, incluso la parte más baja de las horquillas dan una mayoría absoluta de la suma de las derechas con un margen amplio.

Últimos sondeos

El resto de encuestas publicadas en días previos apuntan en la misma dirección. El barómetro de Hamalgama Métrica para Vozpópuli publicado el domingo muestra que el PP ganaría con 132 diputados, mientras que Vox se haría con 50. Así, Núñez Feijóo podría gobernar con el apoyo de los de Santiago Abascal. Mientras, el PSOE quedaría en 98 diputados y Sumar, en 31.

Según el último sondeo de GAD3 para el diario ABC, el PP se acercaría al 37% del voto y lograría entre 150 y 153 escaños, mientras que el PSOE se quedaría en los 101-104 escaños. Los populares lograrían la mayoría absoluta a través de un acuerdo con Vox. La formación de Santiago Abascal retrocede ante la fuerza de Núñez Feijóo y se quedaría en un 12,4% de los votos y entre 33 y 35 escaños, 2,5 puntos menos que en el mes de marzo. Asimismo, esta encuesta da a la coalición liderada por Díaz entre 27 y 29 escaños con el 11,2% de voto, 1,6 puntos por debajo de lo obtenido por Unidas Podemos en las anteriores generales.

No obstante, el barómetro de junio del CIS publicado este viernes es la única encuesta que da la victoria al PSOE. El organismo dirigido por José Félix Tezanos otorga a los socialistas el 31,2% de los votos, aunque deja al PP a medio punto, con el 30,7% de los apoyos. Se trata de la menor distancia entre los dos grandes partidos desde julio de 2022, la única ocasión en la que el sondeo público ha colocado al PP por encima del PSOE desde que Alberto Núñez Feijóo asumió el liderazgo del partido.

El goteo de encuestas para las elecciones generales ha sido constante y se ha intensificado con el adelanto electoral. Para contar con todo el contexto demoscópico, El Confidencial ha recopilado los sondeos publicados por las distintas casas encuestadoras desde las últimas elecciones generales hasta hoy. Además de mostrar los resultados de cada encuesta, aplicamos nuestra propia fórmula para calcular un promedio de sondeos, que ofrece una versión ponderada de las opciones de cada partido de cara a los próximos comicios.

En el siguiente gráfico interactivo puede explorar cada uno de los puntos y filtrar por partidos o casa encuestadora para ver las evoluciones en detalle o comparar los resultados con la media ponderada de todas las encuestas.

 

Susana Díaz admite que solo hay 3.500 enchufados en la Junta de Andalucía.

El Gobierno en funciones de la socialista Susana Díaz ha desvelado ahora los secretos que lleva años guardando sobre el sector público andaluz y la conocida como 'administración paralela', compuesta por la tupida red de empresas públicas, fundaciones y agencias que han servido a los socialistas para colocar afines y enchufados. Precisamente el PP y Ciudadanos pretenden poner en marcha una gran auditoría sobre este asunto en cuanto formen el gobierno que finiquitará los 36 años y medio del PSOE en el poder. Después de años de opacidad, la Oficina del Portavoz del Gobierno andaluz ha difundido un documento de 57 páginas en el que se analizan los puntos más polémicos sobre la gigantesca función pública andaluza. 

El informe revela que hay 270.101 empleados a sueldo de la Junta, entre ellos 43.641 adscritos a la Administración general, 96.451 docentes no universitarios, 95.184 en instituciones sanitarias, 7.521 de la administración de justicia y 27.304 en el sector instrumental o 'administración paralela' (el 10,1% del total). Finalmente, en el conglomerado de empresa pública y fundaciones hay más trabajadores de los que inicialmente se creía. Los sindicatos barajaban la cifra de 24.000 empleados y los presupuestos del año 2018 de la Junta de Andalucía recogían que había 23.899 empleados en nómina. Ahora, el Gobierno en funciones de Susana Díaz afirma que en realidad son 27.304, exactamente 3.405 más de los consignados en las cuentas públicas.El documento también detalla que hay 2.137 funcionarios en puestos de libre designación, también conocidos como 'a dedo', en la Administración general, 148 contratos de alta dirección en el sector público instrumental, 239 eventuales y 273 altos cargos. Sumados estos tres últimos resultan los 660 que cesarán de forma automática con el nuevo gobierno, como explicó Manuel Jiménez Barrios, vicepresidente de la Junta en funciones. Estas cifras han sido el secreto mejor guardado de los sucesivos gobiernos socialistas. El Sindicato Andaluz de Funcionarios tuvo que ir a los tribunales y litigar durante años para que le facilitaran el listado de efectivos reales que había en la Junta. Pretendía poner al descubierto a los posibles enchufados, los privilegios de los que disfrutan y otras situaciones anómalas, como por ejemplo los conocidos como empleados 'fantasma' con nómina de la administración andaluza, pero que nunca acudieron a su puesto. 

Trabajadores 'fantasma'. Ejemplos ya conocidos de trabajadores 'fantasma' son Luis Guerrero, miembro de la ejecutiva del PSOE de Málaga que durante tres años figuró y cobró como director del Centro Andaluz de Flamenco sin pisar el despacho, y el histórico ex alcalde socialista del municipio sevillano de Lebrija, Antonio Torres, que cobró durante 11 años 535.000 euros de una fundación de la Junta sin ir a trabajar. Fue en la polémica Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), ahora objeto de investigación judicial en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla por los desvíos de fondos públicos en clubes de alterne.Ahora, y a pocos días del desalojo del PSOE del Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta, Susana Díaz se anticipa y revela las verdaderas cifras sobre la "mastodóntica" -en palabras de Juan Marín, líder de Cs y futuro vicepresidente de la Junta- función pública andaluza que, sin duda, habrían dado munición contra ella y su equipo al nuevo gobierno del PP y Cs. La estrategia es clara y se asemeja a la seguida por el PSOE en los ERE o el pufo de la Faffe. 

Cuando afloren los datos más escandalosos, Díaz podrá decir que fue ella quien los puso sobre la mesa. "Yo denuncié primero", es el mantra que repite en los ERE y la Faffe. Con independencia de la estrategia que inicie Susana Díaz, el gobierno del cambio que impulsan el PP de Juan Manuel Moreno y la formación 'naranja' de Marín pretende poner orden en la función pública andaluza y terminar con los "chiringuitos" que han servido al PSOE para colocar afines y enchufados. Pero antes de eso tienen que saber a qué se enfrentan. El segundo punto de las medidas acordadas días atrás por el PP y Cs para los cien primeros días de gobierno recoge encargar "una auditoría integral" a la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre "todo el gasto" de la Junta, "incluidos sueldos, gastos corrientes y transferencias, tanto en la Administración como en el sector público instrumental, con el objetivo de reducir y reorientar el gasto superfluo". El punto 3 de las medidas del futuro bipartito de PP-Cs prevé aprobar un decreto ley para "centralizar la dirección, supervisión y evaluación" de todas las entidades "dispersas" de la 'administración paralela', con el doble objetivo de "eliminar" todos los entes que se consideren "innecesarios" o que se hayan visto "expuestos a la corrupción", así como para garantizar su "despolitización" 

Los casos de corrupción ya conocidos también se abordarán. Las medidas para los cien primeros días incluyen la presentación "conjunta", por parte del PP y Cs, en el Parlamento de Andalucía de la solicitud de creación de una comisión de investigación de la Faffe. "Igualmente estableceremos los mecanismos necesarios para garantizar la recuperación del dinero defraudado con los ERE", dice el punto 7 del acuerdo.Otra medida relacionada con la función pública es que el PP y Cs pretenden aprobar un proyecto de ley de "despolitización" de la Junta de Andalucía que garantice la "profesionalidad, imparcialidad, responsabilidad y honestidad" de todas las personas al servicio de las instituciones públicas andaluzas. Para ello, restringirán el sistema de libre designación, "generalizando el sistema de concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo en la Administración andaluza". También pretenden "definir" una figura de los directivos públicos, de carácter técnico, que serán elegidos siempre por concurso público, abierto y transparente por un período de seis años entre personas con experiencia y formación acreditadas para el desempeño del cargo y estarán sujetos a una evaluación continua de su desempeño. 

Ahora hay 148 directivos en el sector instrumental con contratos de alta dirección y sueldos fuera de convenio. En el documento difundido por el Gobierno de Susana Díaz se precisa el listado de entes de la 'administración paralela' y el número exacto de trabajadores que hay en cada una de ellos. La cifra más abultada es la de la Agencia de Medio Ambiente y Agua, donde hay 4.868 empleados. La Fundación Andalucía Emprende cuenta con 936; la RTVA, 1.458; y la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera, 1.538.Libre designación. El gobierno socialista en funciones justifica que haya 2.137 empleados públicos en puestos de libre designación, también conocidos como 'a dedo', que ocupan funcionarios de la confianza del político de turno. "No se ajusta a la realidad la imagen social que se pretende dar de que se trata de puestos ocupados de manera arbitraria o por personas ajenas al cuerpo de funcionarios", ya que "se procura la cobertura de estos puestos especiales" con los funcionarios "más preparados para cada uno de los perfiles", dice el documento, que destaca cómo este tipo de puestos se han ido reduciendo en los últimos años. En 2016 había 2.425. Se cubren por este sistema tanto puestos de coordinación como las subdirecciones (niveles 30), jefaturas de servicio y puestos de especial responsabilidad (niveles 28, 27 y 26), y también puestos de especial confianza, como los de secretaría de altos cargos (nivel 18). Sin embargo, hay puestos de libre designación hasta en los niveles más bajos del escalafón administrativo, ya que hay 18 puestos 'a dedo' en nivel 16 y 51 en el nivel 17.

Cesantías para 141 altos cargos

El ejercicio de transparencia que ha hecho el Gobierno en funciones de la socialista Susana Díaz, al difundir un informe de 57 páginas sobre la función pública y la extensa red de empresas públicas, fundaciones y otros entes, no es total porque falta por conocer a cuánto ascienden los contratos de alta dirección del sector instrumental o cuánto cobrarán los 141 altos cargos que tienen derecho a cesantías al dejar el cargo. Sin embargo, incluye algunas perlas que el PSOE ha ocultado celosamente durante años, a pesar de que la oposición y los sindicatos han reclamado esta información de forma reiterada y hasta en los tribunales. Estos son los datos más llamativos.

El documento incluye un apartado titulado «concepto de personas asimiladas a altos cargos», en el que detalla que hay 268, de los que 141 «tienen derecho a una asignación económica con motivo del cese» siempre que acrediten como mínimo un año en el «desempeño como personal alto cargo».

Tienen derecho a cesantías Susana Díaz y sus trece consejeros, otros 100 altos cargos adscritos a las viceconsejerías, secretarías generales y técnicas y direcciones generales, 19 de las agencias y 8 de las delegaciones del gobierno de la Junta en las provincias. No aclara qué cantidad percibirán al abandonar sus puestos. Las cesantías son incompatibles con cualquier otro sueldo. Los ex consejeros que sean diputados en el Parlamento andaluz, en teoría, tendrán que elegir entre el sueldo de parlamentario o las cesantías.

La Junta de Andalucía incluye en la Ley de Presupuestos de cada año un artículo para que las retribuciones íntegras anuales de los altos cargos sean inferiores a las de la presidenta de la Junta, con un sueldo de 65.184,20 euros anuales. Sin embargo, los directivos de Canal Sur disfrutan de «un régimen singular» y cobran más que la presidenta. El documento elaborado por la Junta no lo precisa, pero perciben sueldos de hasta 78.522 euros anuales.

El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) cuenta con una plantilla formada por 2.020 trabajadores. Esta agencia tuvo que absorber en 2011 al millar de empleados procedente de la polémica Faffe (Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo), entre los que había ex alcaldes socialistas y todo tipo de allegados al PSOE. En el documento elaborado por la Junta destacan las agencias con las plantillas más abultadas y también otros entes con 1, 2, 7 o 9 trabajadores, como la Consorcio Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada con un único empleado, la Fundación Andalucía Olímpica (1), Venture Invernaría (9), el parque tecnológico de Huelva (2) y la Fundación Doñana (7).

La Junta cuenta con una participación mayoritaria en 69 entes, entre los que hay 12 agencias administrativas, 3 agencias de régimen especial, 18 agencias empresariales, 21 sociedades mercantiles, 15 fundaciones y 12 consorcios. No obstante, el inventario de entes de la comunidad incluye otros 144 en los que el Gobierno andaluz tiene participación, pero minoritaria. Figuran en los listados porque existe obligación de suministro de información a efectos de control de déficit en el contexto del Sistema Europeo de Cuentas.