El Gobierno en funciones de la socialista Susana Díaz ha
desvelado ahora los secretos que lleva años guardando sobre el sector público
andaluz y la conocida como 'administración paralela', compuesta por la tupida
red de empresas públicas, fundaciones y agencias que han servido a los
socialistas para colocar afines y enchufados. Precisamente el PP y Ciudadanos
pretenden poner en marcha una gran auditoría sobre este asunto en cuanto formen
el gobierno que finiquitará los 36 años y medio del PSOE en el poder. Después
de años de opacidad, la Oficina del Portavoz del Gobierno andaluz ha difundido
un documento de 57 páginas en el que se analizan los puntos más polémicos sobre
la gigantesca función pública andaluza.
El informe revela que hay 270.101
empleados a sueldo de la Junta, entre ellos 43.641 adscritos a la
Administración general, 96.451 docentes no universitarios, 95.184 en
instituciones sanitarias, 7.521 de la administración de justicia y 27.304 en el
sector instrumental o 'administración paralela' (el 10,1% del total).
Finalmente, en el conglomerado de empresa pública y fundaciones hay más
trabajadores de los que inicialmente se creía. Los sindicatos barajaban la
cifra de 24.000 empleados y los presupuestos del año 2018 de la Junta de
Andalucía recogían que había 23.899 empleados en nómina. Ahora, el Gobierno en
funciones de Susana Díaz afirma que en realidad son 27.304, exactamente 3.405
más de los consignados en las cuentas públicas.El documento también detalla que
hay 2.137 funcionarios en puestos de libre designación, también conocidos como
'a dedo', en la Administración general, 148 contratos de alta dirección en el
sector público instrumental, 239 eventuales y 273 altos cargos. Sumados estos
tres últimos resultan los 660 que cesarán de forma automática con el nuevo
gobierno, como explicó Manuel Jiménez Barrios, vicepresidente de la Junta en
funciones. Estas cifras han sido el secreto mejor guardado de los sucesivos
gobiernos socialistas. El Sindicato Andaluz de Funcionarios tuvo que ir a los
tribunales y litigar durante años para que le facilitaran el listado de
efectivos reales que había en la Junta. Pretendía poner al descubierto a los
posibles enchufados, los privilegios de los que disfrutan y otras situaciones
anómalas, como por ejemplo los conocidos como empleados 'fantasma' con nómina
de la administración andaluza, pero que nunca acudieron a su puesto.
Trabajadores 'fantasma'. Ejemplos ya conocidos de trabajadores 'fantasma' son
Luis Guerrero, miembro de la ejecutiva del PSOE de Málaga que durante tres años
figuró y cobró como director del Centro Andaluz de Flamenco sin pisar el
despacho, y el histórico ex alcalde socialista del municipio sevillano de
Lebrija, Antonio Torres, que cobró durante 11 años 535.000 euros de una
fundación de la Junta sin ir a trabajar. Fue en la polémica Fundación Andaluza
Fondo de Formación y Empleo (Faffe), ahora objeto de investigación judicial en
el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla por los desvíos de fondos públicos en
clubes de alterne.Ahora, y a pocos días del desalojo del PSOE del Palacio de
San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta, Susana Díaz se anticipa y revela
las verdaderas cifras sobre la "mastodóntica" -en palabras de Juan
Marín, líder de Cs y futuro vicepresidente de la Junta- función pública andaluza
que, sin duda, habrían dado munición contra ella y su equipo al nuevo gobierno
del PP y Cs. La estrategia es clara y se asemeja a la seguida por el PSOE en
los ERE o el pufo de la Faffe.
Cuando afloren los datos más escandalosos, Díaz
podrá decir que fue ella quien los puso sobre la mesa. "Yo denuncié
primero", es el mantra que repite en los ERE y la Faffe. Con independencia
de la estrategia que inicie Susana Díaz, el gobierno del cambio que impulsan el
PP de Juan Manuel Moreno y la formación 'naranja' de Marín pretende poner orden
en la función pública andaluza y terminar con los "chiringuitos" que
han servido al PSOE para colocar afines y enchufados. Pero antes de eso tienen
que saber a qué se enfrentan. El segundo punto de las medidas acordadas días
atrás por el PP y Cs para los cien primeros días de gobierno recoge encargar
"una auditoría integral" a la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre
"todo el gasto" de la Junta, "incluidos sueldos, gastos
corrientes y transferencias, tanto en la Administración como en el sector
público instrumental, con el objetivo de reducir y reorientar el gasto
superfluo". El punto 3 de las medidas del futuro bipartito de PP-Cs prevé
aprobar un decreto ley para "centralizar la dirección, supervisión y
evaluación" de todas las entidades "dispersas" de la
'administración paralela', con el doble objetivo de "eliminar" todos
los entes que se consideren "innecesarios" o que se hayan visto
"expuestos a la corrupción", así como para garantizar su "despolitización"
Los casos de corrupción ya conocidos también se abordarán. Las medidas para los
cien primeros días incluyen la presentación "conjunta", por parte del
PP y Cs, en el Parlamento de Andalucía de la solicitud de creación de una
comisión de investigación de la Faffe. "Igualmente estableceremos los
mecanismos necesarios para garantizar la recuperación del dinero defraudado con
los ERE", dice el punto 7 del acuerdo.Otra medida relacionada con la
función pública es que el PP y Cs pretenden aprobar un proyecto de ley de
"despolitización" de la Junta de Andalucía que garantice la
"profesionalidad, imparcialidad, responsabilidad y honestidad" de
todas las personas al servicio de las instituciones públicas andaluzas. Para
ello, restringirán el sistema de libre designación, "generalizando el
sistema de concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo en la
Administración andaluza". También pretenden "definir" una figura
de los directivos públicos, de carácter técnico, que serán elegidos siempre por
concurso público, abierto y transparente por un período de seis años entre
personas con experiencia y formación acreditadas para el desempeño del cargo y
estarán sujetos a una evaluación continua de su desempeño.
Ahora hay 148
directivos en el sector instrumental con contratos de alta dirección y sueldos
fuera de convenio. En el documento difundido por el Gobierno de Susana Díaz se
precisa el listado de entes de la 'administración paralela' y el número exacto
de trabajadores que hay en cada una de ellos. La cifra más abultada es la de la
Agencia de Medio Ambiente y Agua, donde hay 4.868 empleados. La Fundación
Andalucía Emprende cuenta con 936; la RTVA, 1.458; y la Agencia de Gestión
Agraria y Pesquera, 1.538.Libre designación. El gobierno socialista en
funciones justifica que haya 2.137 empleados públicos en puestos de libre
designación, también conocidos como 'a dedo', que ocupan funcionarios de la
confianza del político de turno. "No se ajusta a la realidad la imagen
social que se pretende dar de que se trata de puestos ocupados de manera arbitraria
o por personas ajenas al cuerpo de funcionarios", ya que "se procura
la cobertura de estos puestos especiales" con los funcionarios "más
preparados para cada uno de los perfiles", dice el documento, que destaca
cómo este tipo de puestos se han ido reduciendo en los últimos años. En 2016
había 2.425. Se cubren por este sistema tanto puestos de coordinación como las
subdirecciones (niveles 30), jefaturas de servicio y puestos de especial
responsabilidad (niveles 28, 27 y 26), y también puestos de especial confianza,
como los de secretaría de altos cargos (nivel 18). Sin embargo, hay puestos de
libre designación hasta en los niveles más bajos del escalafón administrativo,
ya que hay 18 puestos 'a dedo' en nivel 16 y 51 en el nivel 17.
Cesantías para 141 altos cargos
El ejercicio de transparencia que ha hecho el Gobierno en
funciones de la socialista Susana Díaz, al difundir un informe de 57 páginas
sobre la función pública y la extensa red de empresas públicas, fundaciones y
otros entes, no es total porque falta por conocer a cuánto ascienden los
contratos de alta dirección del sector instrumental o cuánto cobrarán los 141
altos cargos que tienen derecho a cesantías al dejar el cargo. Sin embargo,
incluye algunas perlas que el PSOE ha ocultado celosamente durante años, a
pesar de que la oposición y los sindicatos han reclamado esta información de
forma reiterada y hasta en los tribunales. Estos son los datos más llamativos.
El documento incluye un apartado titulado «concepto de
personas asimiladas a altos cargos», en el que detalla que hay 268, de los que
141 «tienen derecho a una asignación económica con motivo del cese» siempre que
acrediten como mínimo un año en el «desempeño como personal alto cargo».
Tienen derecho a cesantías Susana Díaz y sus trece
consejeros, otros 100 altos cargos adscritos a las viceconsejerías, secretarías
generales y técnicas y direcciones generales, 19 de las agencias y 8 de las
delegaciones del gobierno de la Junta en las provincias. No aclara qué cantidad
percibirán al abandonar sus puestos. Las cesantías son incompatibles con
cualquier otro sueldo. Los ex consejeros que sean diputados en el Parlamento
andaluz, en teoría, tendrán que elegir entre el sueldo de parlamentario o las
cesantías.
La Junta de Andalucía incluye en la Ley de Presupuestos de
cada año un artículo para que las retribuciones íntegras anuales de los altos
cargos sean inferiores a las de la presidenta de la Junta, con un sueldo de
65.184,20 euros anuales. Sin embargo, los directivos de Canal Sur disfrutan de
«un régimen singular» y cobran más que la presidenta. El documento elaborado
por la Junta no lo precisa, pero perciben sueldos de hasta 78.522 euros
anuales.
El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) cuenta con una plantilla
formada por 2.020 trabajadores. Esta agencia tuvo que absorber en 2011 al
millar de empleados procedente de la polémica Faffe (Fundación Andaluza Fondo
de Formación y Empleo), entre los que había ex alcaldes socialistas y todo tipo
de allegados al PSOE. En el documento elaborado por la Junta destacan las
agencias con las plantillas más abultadas y también otros entes con 1, 2, 7 o 9
trabajadores, como la Consorcio Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada
con un único empleado, la Fundación Andalucía Olímpica (1), Venture Invernaría
(9), el parque tecnológico de Huelva (2) y la Fundación Doñana (7).
La Junta cuenta con una participación mayoritaria en 69
entes, entre los que hay 12 agencias administrativas, 3 agencias de régimen
especial, 18 agencias empresariales, 21 sociedades mercantiles, 15 fundaciones
y 12 consorcios. No obstante, el inventario de entes de la comunidad incluye
otros 144 en los que el Gobierno andaluz tiene participación, pero minoritaria.
Figuran en los listados porque existe obligación de suministro de información a
efectos de control de déficit en el contexto del Sistema Europeo de Cuentas.
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