Ante el golpe de Sánchez
La amnistía se quiere conceder a cambio de un puñado de votos que Sánchez necesita para ser investido antes del día 27 de este mes. Votos que dependen de un prófugo perseguido por graves delitos. Su condición, tras la amnistía, es un referéndum de autodeterminación, lleve el nombre que lleve
La
definición de Kelsen va a misa y no hay que repetirla: está en marcha
un golpe de Estado. Se diferencia del de Tejero y del catalán en que
esta vez el golpista es el Gobierno de la nación. Esta circunstancia
permite a Sánchez revestir la destrucción del sistema con un manto de
legalidad. De la ley a la ley se hizo la Transición y de la ley a la ley
se urde la destrucción de su legado, el tesoro de una democracia
liberal. En el nuevo salto de la ley a la ley se perderá un ingrediente
connatural a cualquier sistema de libertades: la legitimidad. Comprender
esta separación entre lo legal y lo legítimo es crucial.
El
principal instrumento del autogolpe es una ley de amnistía. La quiebra
democrática se producirá en el momento en que entre en vigor. Recordemos
los puntos principales que hacen tal ley inadmisible; cada uno por sí
solo es letal; juntos son una bomba antijurídica. Los principales puntos
concernientes a su inconstitucionalidad son los que siguen:
Está prohibido expresamente el indulto general, y la amnistía es un indulto general ampliado.
Se quiebra del principio de igualdad al dotar de impunidad a una parte de la clase política y a sus partidarios violentos.
Se
quiebra el principio de jerarquía normativa: una ley no puede pasar por
encima de la Constitución. Si una mayoría parlamentaria permitiera
soslayar la Constitución, el Título X, dedicado a su reforma, sería
papel mojado.
Se
quiebra la independencia del Poder Judicial y el principio de división
de poderes. El Parlamento simplemente no puede pasar por encima de las
resoluciones de los jueces y tribunales, y la ley de amnistía anularía
sentencias condenatorias firmes y obligaría a archivar procedimientos en
curso.
Se
quiebra el principio según el cual los poderes públicos están sometidos
a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
La
amnistía también viola el Tratado de la UE, que se fundamenta, entre
otros, en los valores de democracia e igualdad. Más allá de su
antijuridicidad, la amnistía se quiere conceder a cambio de un puñado de
votos que Sánchez necesita para ser investido antes del día 27 de este
mes, fecha en la que las Cortes quedarán disueltas si no hay
investidura. Ese puñado de votos dependen de un prófugo perseguido por
graves delitos. Su condición, tras la amnistía, es un referéndum de
autodeterminación, lleve el nombre que lleve. Tal escenario toparía con
dos graves objeciones: el derecho de autodeterminación no opera en
España; la unidad de España es el fundamento de la Constitución.
Puede
que finalmente no se apruebe la amnistía por las excesivas exigencias
de los golpistas catalanes. Pero si se aprueba, España no será una
democracia, legalidad y legitimidad se separarán, la razón abandonará al
Estado y pasará directamente y sin intermediarios al pueblo español, el
sujeto de soberanía. Lo que procederá a partir de entonces lo
reservamos para próximas entregas. Solo un adelanto: Sánchez no se
saldrá con la suya.
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