Nadia Calviño miente más que Pedro Sánchez. Se ha equivocado, intencionadamente, en todas sus previsiones.

 

El informe económico del Banco de España (BE) del último trimestre de este año es sencillamente demoledor para el Gobierno. La institución rebaja el crecimiento previsto para 2021 al 4,5% y el del año próximo al 5,4%. Es una diferencia sustancial frente a las previsiones del Ejecutivo, que preveía un aumento del PIB del 6,5% para este año y del 7% para el próximo.

 

No hablamos de unas décimas, las típicas diferencias tiquismiquis entre sesudos servicios de estudios, sino ante recortes esenciales. Estamos hablando de que la economía va a crecer casi un 30% menos de lo previsto por el Gobierno este año y casi otro 25% el año que viene.

 

Los presupuestos generales del Estado (PGE) se hacen en base a las previsiones macroeconómicas que elabora el Ministerio de Economía. Pues bien, esas estimaciones han saltado por los aires y la ministra Calviño no tendrá más remedio que rectificar y decirle a Bruselas que los cálculos que le entregó en octubre de este año ya no sirven.

 

El Banco de España justifica su revisión a la baja por diversos factores: los nuevos rebrotes del Coronavirus (la variante ómicron ya forma parte del análisis); la escasez de materias primas; los cuellos de botella en las cadenas de valor, y, sobre todo, por las tensiones inflacionistas provocadas por la subida de los precios de la energía.

 

La inflación no sólo no va amainar, sino que en 2022, según el boletín del BE, subirá al 3,7%. Y, ¡cuidado!, porque también advierte en este escrito del peligro de traslación de esas tensiones a los precios finales y al incremento de costes salariales. El año que viene es muy probable que aumente la conflictividad laboral como consecuencia de la pérdida de poder adquisitivo que van a sufrir la mayoría de los trabajadores. Un escenario complicado para un gobierno de izquierdas.

 

Según el Banco de España, la economía crecerá un 30% menos de lo previsto para este año y un 25% por debajo de lo que estima el Gobierno en 2022, si es que crece.

 

El problema que tiene el Presupuesto es que mientras los ingresos públicos van a ser sensiblemente más bajos por el menor crecimiento de la economía, los gastos van a ser los mismos. El Gobierno de Pedro Sánchez está a punto de sacar adelante en las cámaras un Presupuesto para 2022 que bate el récord histórico de gasto público. Obnubilado por la propaganda política y la llegada de fondos europeos, el presidente ha dado luz verde a unas cuentas que van a disparar el déficit público muy por encima de los previsto (un 8,4% sobre el PIB este año y un 5% el próximo).

 

Todo ello en un contexto en el que el Banco Central Europeo (BCE) acaba de acordar esta semana un recorte muy importante en la compra de deuda para el próximo año. En 2021 el BCE ha comprado cerca de 120.000 millones de deuda española. El próximo año muy esa cifra se rebajará a la mitad. Los costes financieros del Estado van a subir y también la deuda. Eso, en la antesala de una subida de tipos, que los expertos auguran para el último trimestre de 2022 (algo que ya ha acordado la Reserva Federal de EEUU).

 

Por ahora, el Gobierno vive en Disneylandia porque Bruselas está haciendo la vista gorda con el déficit y la deuda, en virtud de una política monetaria laxa motivada por el Covid. Pero esa permisividad (mucho más ahora tras el cambio de Gobierno en Alemania, cuya cartera de Finanzas está en manos del halcón liberal Christian Lindner) va a cambiar a partir de 2023.

 

Mientras aquí en España los medios han puesto el foco en la disputa por la política lingüística y el pacto con ERC (cuyo coste es ridículo: 15 millones de euros, según Rufián), la economía de verdad echa el freno. El margen para los regalos y la demagogia se ha reducido según pone de manifiesto un frío y serio informe de una institución independiente, como lo es el Banco de España.

 

Ahora entendemos por qué el Gobierno está tan preocupado por las instituciones que no controla. Pero, por suerte, aún tenemos a funcionarios como Hernández de Cos, que no llaman a Moncloa antes de emitir sus informes.