El Tribunal Europeo de
Derechos Humanos (TEDH) rechaza de pleno la demanda contra España interpuesta por 76
diputados secesionistas del Parlamento de Cataluña -encabezados por su ex
presidenta Carme Forcadell y el prófugo Puigdemont- por considerarla
"manifiestamente infundada". La decisión del Tribunal, la segunda en
la que se pronuncia sobre el procés, supone, por los términos en los que está
redactada, un sonoro revés para los golpistas que están siendo juzgados en el
Supremo, cuyas esperanzas han estado siempre depositadas en Estrasburgo. Otra
prueba del absoluto desprecio que los independentistas han manifestado siempre
hacia el Estado de derecho español.
En este caso, los
independentistas habían denunciado que el Tribunal Constitucional (TC) suspendiera
un pleno previsto para discutir los efectos del referéndum ilegal del 1 de
octubre de 2017, alegando que de esta forma se había violado el derecho de
reunión y la libertad de expresión de los parlamentarios autonómicos. Los siete
magistrados de Estrasburgo, sin embargo, han dado la razón al TC español
argumentando que la suspensión del pleno respondía a "un bien social
imperioso" y que fue "necesaria", como lo habría sido en
cualquier "sociedad democrática". La resolución añade que la
convocatoria del pleno supuso una "falta de respeto manifiesta" a la
decisión que el TC había tomado para proteger el orden constitucional. Por lo
tanto, concluye el Tribunal, no se debía admitir a trámite una demanda que
exigía la convocatoria de un pleno incompatible con los principios democráticos
y el ordenamiento legal. Y recuerda a los demandantes que, al día siguiente del
pleno suspendido, el ex presidente Puigdemont compareció ante el Parlamento y
declaró unilateralmente la independencia, contraviniendo la ley española y el
derecho internacional. Hay que felicitarse por la resolución de Estrasburgo
porque, más allá de su importancia en este caso concreto, sirve de advertencia
a los golpistas juzgados y a los fugados: la Justicia europea nunca aprobará la
desintegración territorial de un Estado de la UE.
Pero los separatistas
recibieron otra mala noticia judicial, esta vez desde la Fiscalía del
Tribunal Supremo. Después de tres meses y medio de vista oral, los cuatro
fiscales que participan en el juicio han anticipado que en las conclusiones
definitivas, que harán públicas en los próximos días, mantendrán contra la
mayor parte de los procesados las acusaciones por delito de rebelión, no de
sedición, así como las penas de cárcel que se pedían en el escrito provisional
elaborado antes del juicio. Por más intentos que han hecho los secesionistas
para evitar el juicio, incluida su pretensión de ampararse en el aforamiento,
nada evitará que se sometan al imperio de la ley.
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