El 14 de julio, la Oficina
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) presentó los
resultados del censo de cultivos de coca en Colombia para 2016. De 96.000
hectáreas en 2015, el país pasó a tener 146.000 hectáreas de cultivos, una
variación del 52 %.
Ya en marzo de este año, el
Departamento de Estado de Estados Unidos había advertido sobre un “dramático
aumento” en el cultivo y producción de coca en Colombia. Los análisis y
opiniones no se hicieron esperar. La oposición –a la que le fascina usar el
prefijo narco (narcodictadura, narcocultivo, narcoguerrilla, narcoterrorista,
etc.)– pegó el grito en el cielo y salió a decir que el aumento era producto
del acuerdo de paz con la “narcoguerrilla” de las Farc: el Programa Nacional
Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis) habría incentivado el
cultivo de la hoja de coca para que más campesinos pudieran acceder a sus
asignaciones (alrededor de 36 millones de pesos por familia).
Por su parte, el Gobierno,
en cabeza del vicepresidente Óscar Naranjo y del ministro del Posconflicto,
Rafael Pardo, salió a defender el programa y a matizar esa afirmación tan pobre
por lo simple. Adujeron otras razones más convincentes, que de alguna manera
dan cuenta de la complejidad del fenómeno: devaluación del peso frente al
dólar, caída del precio del oro, suspensión de la aspersión aérea con glifosato
y aumento del consumo de cocaína en Estados Unidos. Y presentaron la apuesta
del Gobierno: la erradicación manual de 50.000 hectáreas y la reducción de
otras 50.000 por medio de los programas de sustitución de cultivos de uso
ilícito.
La Fundación Ideas para la
Paz (FIP) publicó, a principios de julio, su informe trimestral haciendo un
balance sobre la ambiciosa apuesta del Gobierno. En este informe, la FIP hace
una serie de recomendaciones para que el Pnis no fracase. La recomendación más
importante, y que responde a la pregunta de fondo para la FIP, es una verdad de
Perogrullo: la necesidad de vincular el Pnis a la reforma rural integral. Y es
que desde mediados de los años 80, cuando Estados Unidos enfocó su lucha
antinarcóticos en Bolivia y Perú –en ese entonces, los mayores proveedores de
hoja de coca y de cocaína del hemisferio–, desplazando así el cultivo y la producción
hacia Colombia, el desarrollo rural y los cultivos de coca han estado
estrechamente vinculados.
No más pensar en el caso del
Guaviare y las marchas campesinas de inicios de 1987; léase bien, 1987: como no
hubo reforma agraria en Colombia, al Guaviare llegaron colonos de varios
departamentos a tumbar monte y a sembrar cacao, plátano, yuca y maíz. Pero, la
falta de carreteras les impidió vender sus cosechas, y estas se perdieron. A
esas ‘tierras de nadie’ llegaron la guerrilla y los narcotraficantes con sus
semillas de coca. Y con esta llegó la bonanza coquera hasta que se desplomaron
los precios por el exceso de oferta. Y vino la crisis. Empezaron así las
marchas campesinas organizadas por la Unión Patriótica. Y por fin llegó el
Gobierno, con su Plan Nacional de Rehabilitación. Por eso es evidente que la
integración de estos territorios a la Nación sea una deuda histórica por
atender.
Pero, hasta acá solo he
mencionado la etapa de la producción de la cadena productiva de la coca. Veamos
el lado del consumo: este no ha hecho sino crecer. Además de Estados Unidos,
que da cuenta de más del 40 % del consumo global de cocaína, los consumidores
han aumentado en Europa, donde se paga mucho más por un gramo de cocaína que en
Estados Unidos. Los consumidores latinoamericanos también van en aumento. Pero,
cada país se inserta en la cadena productiva de manera diferenciada. Sin
embargo, el Gobierno estadounidense ha llevado a cabo una lucha implacable
contra el tráfico de drogas sin considerar esas particularidades, por no
mencionar su histórica injerencia en estos países.
Y es que la lucha contra el
narcotráfico solo ha producido el desplazamiento de los cultivos de coca y de
las rutas de tráfico: el llamado ‘efecto globo’. Para el año 2000, Colombia
producía el 90 % de la producción mundial de coca. A partir de ese año
evidenciamos un declive que correspondió al desmantelamiento de los grandes
carteles de droga en los años 90. Los cultivos se movieron nuevamente a Perú y
Bolivia. Este desmantelamiento hizo también que los ‘cartelitos’ mexicanos
tomaran cuenta del negocio y de las rutas de tráfico. Precisamente, las
violentas disputas entre carteles mexicanos por el manejo de las rutas
corresponde a este desplazamiento. De nuevo, la intervención de Estados Unidos
en la lucha contra el narcotráfico en México desplazó las operaciones de los
narcotraficantes mexicanos a América Central. El negocio tiene pues un
sorprendente nivel de adaptación geográfica.
La conclusión es evidente:
no hay que dejar de aplaudir al Programa Nacional Integral de Sustitución de
Cultivos de Uso Ilícito (Pnis), pero se pone de presente que una política
integral de lucha contra las drogas no puede centrarse solo en la producción o
en el consumo, sino que debe atender toda la cadena productiva. Y, en esta
cadena, los campesinos cultivadores de coca y sus familias han sido los que
menos se han beneficiado del negocio, y sin embargo son los más estigmatizados.
Es claro entonces que quienes ahora piden a gritos retomar la fumigación área
no entienden la magnitud del problema.
Blog de Juan Pardo
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