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Aurelio
Nuño, el jefe de oficina de Los Pinos y brazo derecho del presidente Peña
Nieto. Reiteró en no pocas ocasiones que la crisis con violencia desbordada que
azota a México, se debe a la tragedia de
los 43 jóvenes desaparecidos en Iguala en digno de agradecer a este mequetrefe
que haya puesto sus neuronas a toda velocidad para recordarnos algo que, si
bien, sabíamos que habían matado a dichos estudiantes, no tanto, no tanto que
fuésemos responsables pasivos de la matanza. Quienes forman parte del equipo de Gobierno de
cualquier país del mundo suelen utilizar más el ingenio que la velocidad
somática a la hora de manipular para razonar una crisis de la que solo ellos
son responsables activos. A Peña Nieto y
a su equipo no puede achacárseles el cáncer que infectó al paciente, una
metástasis que avanzó a lo largo de décadas, sí son responsables de la terapia
que se ha seguido para combatirlo en los últimos dos años. O mejor dicho, la
ausencia de dicha terapia.
El
gobierno de Peña Nieto asumió que las reformas económicas serían la locomotora
que sacaría al país del túnel y a eso dedicó su esfuerzo los dos primeros años
de Gobierno. No hacía falta abocarse al espinoso tema de la inseguridad o la
corrupción, pues se asumió que de alguna forma el crecimiento económico y la
modernización irradiarían al resto del pueblo. El esquema falló porque, en
efecto, no dimensionaron que con las vías podridas no habría locomotora que
pudiera sacar al tren del atolladero. Ahora añadiría que la locomotora hace
buen rato que también está afectada por la podredumbre de la corrupción.
Alrededor de 60% de los mexicanos que trabajan lo hacen en la economía
informal: un indicador poderoso de que el aparato productivo, es decir la
locomotora, opera en buena medida al margen de la legalidad.
La
declaración de Nuño se agradece, insisto, pero deja dos resquemores. Primero,
si no se estarán quedando cortos de nuevo. Las medidas anunciadas, los diez
famosos puntos presentados por Peña Nieto hace unos días, no dejaron satisfecho
a nadie. Ofrecen la misma confianza que un mecánico dirigiéndose a las vías
podridas con un tarro de grasa para resolverlo. Sí, se quedaron cortos antes, y
se han quedado cortos de nuevo.
El
segundo es aún más grave. Muchos sospechamos que la tendencia a minimizar el problema
de la ausencia del Estado de derecho va más allá de un asunto de percepción. No
es sólo que equivoquen el impacto de las medidas como si fuesen un arquero que
simplemente debe corregir el ángulo para llegar a la distancia buscada.
Comienzo a preguntarme si las dificultades de percepción obedecen en realidad a
un problema de concepción. A una especie de miopía biográfica que hace que las
experiencias distantes resulten borrosas. No pueden calcular la distancia
simplemente porque no la conciben, no entra en su horizonte de visibilidad.
Enrique
Peña Nieto, Aurelio Nuño Mayer (titulado de Oxford, con apenas 37 años de edad)
y los que les rodean pertenecen desde hace varias generaciones a la porción de
la sociedad que camina sobre pastos verdes y suelo aplanado, ajeno a los dos
tercios que se afanan en el subsuelo, embarrados de hollín y lodo, en el que la
sobrevivencia exige ignorar o evitar las leyes, la mayoría de las cuales les
son hostiles o nocivas.
“No
vamos a ceder aunque la plaza pública pida sangre y espectáculo ni a saciar el
gusto de los articulistas. Serán las instituciones las que nos saquen de la
crisis, no las bravuconadas”, dijo Nuño y argumentó en la necesidad de
profundizar las reformas. Es decir, otra vez, el énfasis en la locomotora.
El
problema es que no hay una reforma de fondo para combatir la corrupción o la
impunidad. Es decir, las vías podridas. Tampoco se ve la voluntad política. Se
advierten “gestos” cada que el asunto de la inseguridad o los escándalos de
corrupción saltan a los diarios internacionales. Luego del movimiento
#Yosoy132, Peña Nieto prometió como presidente electo un Consejo Nacional
Anticorrupción, como parte de un plan de rendición de cuentas y transparencia.
Desde hace dos años el proyecto se encuentra estancado en el Congreso, pese a
que el PRI podría conseguir los votos para aprobarlo.
La
salida de capitales, la queja de los empresarios por la inseguridad, la caída
del turismo en varios polos, el 60% que reprueba la gestión presidencial, la
imagen de México en el extranjero; son argumentos que no exigen bravuconadas ni
saciar el gusto de articulistas. Requieren meterse de lleno en las
alcantarillas y reconstruir desde el subsuelo. Si se limitan al control de
daños, como hasta ahora, estamos expuestos a que el azar de la violencia
estalle en las calles con otro Ayotzinapa.
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