La intromisión de los políticos en la Universidad aseguran el fracaso y desarrollo de España.

Dentro del mal llamado período democrático español, se han aprobado dos leyes sobre la Universidad: 

La LEY 11.1983 ORGÁNICA DE REFORMA UNIVERSITARIA (LRU) (Ley Orgánica, 11.1983, de 25 de agosto. B.O.E. de 1 de septiembre), de 1983 y la Ley Orgánica 6.2001, de 21 de diciembre, de Universidades. LOU), del 2001, modificada a peor en  2007. El cambio estructural más trascendente, vino de fuera. Nacía en el 2003, con la integración del sistema universitario español en el espacio europeo de la educación superior, en desarrollo de la Declaración de Bolonia, firmada en 1999 por 29 países. Con estas reformas se ha avanzado mucho en aspectos como la democratización o la igualdad de oportunidades. Nos hemos estancado en otros, como el proceso de enseñanza y aprendizaje. Salvo excepciones, que las hay, el profesor continúa dando las clases como siempre y el alumno no acaba de ser el protagonista de su propia formación permanente. Las tutorías no funcionan, sea por el elevado número de alumnos o por el desinterés de estos o del profesor. Es el primer pilar del plan Bolonia que se está desmoronando.

Nunca se tiene en cuenta  la función docente. La dedicación del profesorado al alumno continúa infravalorada. El prestigio y reconocimiento académico siguen estando en la investigación. Ahí se encuentran la promoción profesional y los tan ansiados sexenios o dineros extras. Por eso, muchos profesores escapan del aula y de la cercanía a sus discípulos. Escucharlos, ayudarlos o corregir sus trabajos no resulta rentable. Lo más grave es que tienen el terreno abonado para hacerlo y con la mayor de las impunidades. A los docentes que se entregan a las clases y a la orientación de sus alumnos les queda, a lo sumo, el agradecimiento de estos.

El cambio más drástico del plan Bolonia ha sido la reestructuración de las titulaciones y la nueva planificación del curso escolar. La reducción de un año para obtener el primer título universitario, el grado, y la división del año académico en dos cuatrimestres está resultando un absoluto fracaso.

Trimestralmente  se imparten cinco o más asignaturas, pasando por el aula otros tantos profesores, a los que les resulta muy difícil coordinarse. Los conocimientos se fraccionan excesivamente y el tiempo se convierte en un gran problema. El reposo y la reflexión que necesita el aprendizaje brillan por su ausencia. Los alumnos no consiguen madurar, ni personal ni, por descontado, en el plano académico.

Y para como puntilla al mal, se programa un calendario de exámenes absurdo. Pruebas finales en enero y mayo, con posibilidad de recuperación en julio. Con este galimatías, tiene que resultar muy difícil, por no decir imposible, impartir una enseñanza universitaria con el rigor que le corresponde. Este no puede ser el precio que tengamos que pagar por integrarnos en el marco de la enseñanza superior europea.  Urge un cambio estructural en la política de gestión universitaria, antes de que el daño sea irreparable. El estancamiento del discente ya está asegurado para varias décadas.