El Gobierno está groggy, falsifica órdenes-directivas de la Justicia Europea, solo para mantener el monopolio de las farmacias.

¿Por qué el Gobierno falsifica y malinterpreta dolosamente las directivas de la CEE, solo para mantener activo el monopolio dictatorial en la adjudicación de nuevas farmacias?

El 16 de Septiembre de 1985, se publicó la Directiva 85/432) CEE del Consejo, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias, y administrativas para ciertas actividades farmacéuticas. Cuando se publicó dicha disposición, nuestro país no pertenecía a la Unión Europea. Fue en el año 86, cuando nuestro país entró como miembro de pleno derecho en la Unión Europea. La incorporación como miembro de pleno derecho del Reino de España, implicaba una serie de condiciones, entre otras, la asunción, asimilación y recepción del acervo del Derecho Comunitario. Dicho en plata. Asumir como propias las normas europeas, y en especial, las normas sobre mercado único, como esta de que hablamos ahora.  Por tanto, la Directiva 85/432/CEE pasó a formar parte de nuestro ordenamiento, en especial cuando fue traspuesta en 1990, en pleno Gobierno de Felipe González.

Bien, dicha directiva, en su artículo primero venía y viene a decir que los países en que a fecha de la publicación de esa directiva (16/09/85) existiera un examen-oposición, una prueba objetiva y selectiva para la adjudicación de farmacias de forma objetiva, podrían conservar dicho sistema sin atentar contra el Derecho Comunitario, pero que los países en que no existiera tal sistema de selección, sería suficiente el título de licenciado en farmacia para poder ejercer libremente la profesión. Aplicando el tenor literal y el espíritu de la norma, el Gobierno tendría que haber procedido a liberalizar el sector. Sin embargo, no fue eso lo que pasó. Lo que pasó fue que al traducir la directiva (los originales están escritos en inglés) cambió el sentido del término “oposición”. Y la norma, se tradujo del siguiente modo: “En los países en que a fecha de publicación de esta directiva existiera una oposición de los Estados al libre establecimiento profesional de los farmacéuticos de oficina, dicho estado podrá conservar el sistema restringido”. En la traducción falseada del texto, no se entiende oposición como examen, sino oposición en el sentido de oponerse. 

Ciertamente, en España, en 1985, no existía examen de oposición para ejercer la profesión. Pero sí existía la oposición del Estado al libre establecimiento profesional. Por tanto, al amparo de este ardid, de esta falsedad evidente, España no modificó su régimen restrictivo de planificación farmacéutica, que dicho sea de paso, trae causa de la más áspera legislación franquista de post-guerra. 

Ya con el gobierno de Zapatero, se publicó la DIRECTIVA 2005/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, de 7 de Septiembre de 2.005. Esta norma, se publicó para homologar ciertos títulos universitarios y establecer el régimen común de ejercicio de determinadas profesiones tituladas. Entre otras, la de farmacéutico. Por tanto, volvió a recordar el principio general establecido en la directiva antes comentada. Y lo hizo, repitió lo que decía la Directiva 85/432/CEE pero con otras palabras. Más claras, si cabe. Pese a lo cual, el Gobierno español, en la traducción de esta directiva, volvió a cometer “el mismo error de traducción”, pese a que como decimos, el original expresaba el mismo principio pero con otras palabras, más claras todavía.

Sede del TJCE en Luxemburgo

Fue en este mismo año 2005 cuando la UE mandó una carta de emplazamiento al Gobierno Español para que rectificara su sistema farmacéutico por no ser adecuado al Derecho Comunitario. La respuesta a esa misiva, que se produjo, no es de acceso público. ¿Por qué? 

Bien, hasta aquí, dos directivas que son erróneamente traducidas por dos gobiernos distintos (pero del mismo signo político, es decir, del PSOE), justo en la frase que establece la libertad de ejercicio profesional. ¿Casual o causal? Pero no queda aquí la cosa. 

Dos farmacéuticos asturianos, conscientes de la inadecuación del decreto asturiano que establecía la adjudicación de nuevas farmacias, recurren al TJCE para pedir su anulación. Los colegios de farmacéuticos y el Gobierno de España, apoyan la adecuación a Derecho del referido decreto asturiano. Cuando el TJCE emite sentencia vinculante al respecto, se basa en ambas directivas para deponer su resolución. Pero, curiosamente, también el TJCE utiliza las versiones erróneamente traducidas cuando lo normal es que utilice la versión original, que es la única que establece el Derecho. Y es aquí que tenemos que el TJCE, en base a la traducción “errónea” de esas directivas, emite sentencia validando parcialmente la planificación restrictiva española (en este caso, asturiana). Es decir,  el TJCE encuentra apoyatura jurídica para validar este liberticidio, precisamente en una norma que correctamente traducida, establece taxativamente la imposibilidad de validar esa restricción. Sería algo parecido a que un tribunal penal dictara una sentencia de muerte para el reo, en base a la norma que prohíbe la pena capital. 

Este asunto, estimado lector, tiene mucha más enjundia de lo que a primera vista pudiera parecer. No se trata sólo del efecto que el referido “error de traducción” (vamos a llamarlo así, aun cuando ese error haya sido cometido por dos gobiernos distintos-aunque del mismo signo, PSOE-, en dos textos legales-Directivas- con distinta literalidad, y también por el más alto Tribunal de Europa, en momentos distintos), haya tenido en la vida de decenas de miles de licenciados en Farmacia a quienes se ha robado literalmente su derecho profesional. Se trata también del hecho en sí mismo considerado. Se trata de que los mismos poderes públicos que piden al pueblo respeto a la ley, sean los primeros no ya en saltársela, sino en falsearla, y para más escarnio, para favorecer el interés de los farmacéuticos ya establecidos, único sector a quien no interesa la liberalización de la profesión. ¿En manos de quienes estamos? ¿A qué quedan reducidos los derechos de los ciudadanos europeos cuando los propios gobiernos nacionales los ocultan, maquillan, manosean y los hacen desaparecer de las colecciones legislativas? ¿Dónde están estos derechos cuando ni los más altos tribunales los aplican, haciendo un vergonzoso seguidismo de una de las partes en conflicto? Pero a efectos políticos internos, la pregunta que dejamos por ahora en el aire es… ¿por qué dos gobiernos de signo político SOCIALISTA,  coinciden en favorecer el interés de un grupo económico perfectamente definido, hasta el punto de “errar” en la traducción de dos textos distintos que establecen de forma distinta, que no se puede seguir amparando el oligopolio mercantil de ese grupo que no es otro que el formado por los farmacéuticos de oficina, que además, controlan la casi totalidad del mercado mayorista de medicamentos en España? 

Sin duda este asunto traerá cola. Por lo pronto, la asociación de farmacéuticos por la libre apertura de farmacias, PLAFARMA, (www.plafarma.org) ya ha presentado la correspondiente denuncia ante las autoridades europeas, con fecha 9 de junio. Seguiremos informando.