La Comisión Europea ha decidido abrir el procedimiento sancionador contra España y Portugal por no haber cumplido, aún, los objetivos de reducción del déficit excesivo. No estamos ante una decisión final. Es el Ecofin el que debe confirmar probablemente el próximo 12 de julio si da o no el visto bueno al criterio de la Comisión. Pero, precisamente por ello, es buen momento para reflexionar sobre las razones por las que las autoridades europeas deberían reconsiderar su posición.
Hay que empezar por el principio, porque es bueno recordar la situación en la que se encontraba nuestro país hace sólo cinco años, con una economía en recesión, perdiendo 1.430 puestos de trabajo al día, con una balanza comercial en negativo,un déficit del 9% en el PIB y un sistema financiero terriblemente dañado con una urgente necesidad de ser reestructurado.
En términos crudos, ningún otro Gobierno de entre los países grandes de Europa tuvo que lidiar con todas estas dificultades al mismo tiempo. En sólo cuatro años, el Ejecutivo fue capaz de impulsar una intensa agenda de reformas estructuralesque tuvo tres ejes fundamentales: la reforma del mercado de trabajo, la reforma del sector financiero y la reforma fiscal.
España comenzó a corregir su déficit excesivo ya en 2009, con plazo para llevarlo a cabo primero en 2012 y luego en 2013. Fue el propio Consejo Europeo el que entendió que nuestro país ya estaba realizando grandes esfuerzos para corregir los desequilibrios, pero que los plazos no eran realistas ya que todavía vivíamos una situación de importante crisis económica. La extensión del plazo se situó entonces a finales de este año 2016.
Hasta el momento, las instituciones europeas siempre han reconocido el esfuerzo realizado por nuestro país en estos años de crisis económica, reduciendo el déficit público en más de cuatro puntos. Y lo han hecho sabiendo que ningún otro país ha realizado un trabajo similar ni ha demostrado la misma voluntad política por cumplir con Bruselas.
En abril de este año, y siguiendo recomendaciones de la Comisión Europea, España presentó una actualización del Plan de Estabilidad 2016-2019 en el que fijábamos los objetivos del déficit para los próximos años, y en el que se contemplaba una reducción progresiva. El Plan asegura que estaremos por debajo del 3%, que es lo que marca la Comisión, el próximo año. La realidad demuestra, por tanto, que España tiene muy presentes sus deberes europeos.
El Gobierno ha hecho una profunda labor durante estos cuatro años para conseguir que la economía nacional recuperase el rumbo. Una labor que ha tenido como principal baluarte el esfuerzo y el empuje de toda la sociedad española. Si hoy encaramos el futuro con mayor optimismo, es gracias a ellos.
Entre 2013 y 2015 se crearon en nuestro país un millón de puestos de trabajo. Y las cifras que hemos conocido esta semana han situado las cifras de desempleo en su nivel más bajo desde el inicio de la crisis.
La reforma fiscal y la lucha contra la evasión fiscal han conseguido aumentar nuestra recaudación. Se está recuperando el poder adquisitivo de los consumidores y la inversión de las empresas. Como consecuencia, a finales de este año la economía española habrá recuperado los niveles de renta previos a la crisis.
También se ha corregido el desequilibro exterior, con una balanza por cuenta corriente en superávit por tercer año consecutivo, y se ha logrado disminuir elendeudamiento del sector privado. Todo ello con la ayuda de un sector bancario saneado, solvente y con capacidad de financiar la actividad de nuestra economía.
No obstante, siempre hemos sido conscientes de que queda mucho por hacer, y de que hay que mantener las reformas y los esfuerzos. Así se lo comunicó Mariano Rajoy al presidente Juncker el pasado mayo, explicando que una vez formado el nuevo Gobierno España volvería a estar en condiciones de tomar nuevas medidas para rebajar el déficit. Porque en Europa nadie debería olvidar que España lleva casi siete meses con un Gobierno en funciones que ha visto limitada su capacidad para tomar decisiones sobre la conducción del déficit, pero también sobre otros asuntos que requerían acciones inmediatas. La limitada capacidad de maniobra política de un Gobierno en funciones es un hecho que no debería pasarse por alto.
Conviene recordar que hoy hay otros cinco países además de España con este procedimiento abierto: Francia, Croacia, Portugal, Grecia y Reino Unido. El caso más importante es el de nuestros vecinos franceses, a los que a Comisión Europea ha ampliado el plazo hasta tres veces. Incluso a Hungría, país que en 2012 estuvo a punto de ser multado, se le concedieron varios meses para corregir el rumbo. También el actual superávit exportador de Alemania supone un riesgo para la Eurozona. La Comisión ha reconocido que sus progresos siguen siendo limitados y que deben hacer más, pero en ninguno de estos casos se ha ido más allá de unas recomendaciones.
Tampoco es justo el paralelismo que en ocasiones se pretende hacer entre España y Portugal. Porque mientras el Gobierno de uno está haciendo lo posible por reducir su déficit, el otro está incumpliendo su palabra a través de políticas expansionistas de gasto, que nada tienen que ver con las reformas estructurales llevadas a cabo aquí. Además, Portugal tenía que haber cumplido el año pasado y no lo hizo en el plazo acordado. España no ha cumplido todavía con la senda de ajuste, pero desde luego no ha incumplido el plazo máximo para lograr sus objetivos, ya que está marcado a finales de este año, y no antes.
En cualquier caso, sancionar ahora a España y Portugal cuando antes se hizo la vista gorda con Francia y con otros países con circunstancias que también suponen cierto riesgo, significaría enviar un mensaje peligroso. Daríamos a entender que a los países tradicionalmente más poderosos de la Unión se les pueden aliviar ciertas responsabilidades, mientras que los medianos y pequeños no sólo no se les reconocen sus esfuerzos, sino que además son duramente castigados.
En medio de toda esta vorágine, hemos escuchado decir al comisario Oettingerque imponer sanciones a España es la única forma de mantener la credibilidad porque cualquier otra decisión no podría explicarse a los ciudadanos. En mi opinión, es justo lo contrario. Lo que no se puede explicar es cómo va a ser España, el país que estando al borde de la quiebra fue capaz de evitar un rescate, el país que más crece de la zona euro, y el país que más esfuerzos ha hecho por corregir su déficit, el primero en ser sancionado en toda la historia de la Unión Europea. Más aún cuando las voces que con más dureza exigen el cumplimiento del pacto de estabilidad salen del mismo país que en 2003 fue el primero en romperlo. Desde luego sería un mensaje desalentador para todos los países de la Eurozona.
Italia apoya que no se produzcan tales multas, porque entiende que se han hecho lo posible para evitar este castigo que pretende ser ejemplarizante. Francia tampoco las quiere, precisamente porque esta decisión sentaría un precedente nada bueno para ellos, ni para el resto de países con situaciones similares. Pero no sólo ellos, sino que hay un número importante de miembros del Consejo Europeo que piensa que sancionar a España no sería justo, ni política, ni económicamente.
Todos ellos comparten la certeza de que una decisión de esta magnitud podría contribuir a crear más inestabilidad económica y social en la Unión Europea, máxime en este momento convulso y de incertidumbre en el que crecen el euroescepticismo, el populismo, el nacionalismo, y en el que todavía tenemos que hacer frente a las graves consecuencias del Brexit.
No estamos pidiendo que se ignoren las normas, que por supuesto existen para ser cumplidas. Y tampoco se trata de si Bruselas debe ser demasiado rigurosa o demasiado flexible con nuestro país. De lo que se trata es de aplicar el sentido común en el ejercicio de las reglas fiscales europeas. Es razonable considerar las normas en el marco de la actual coyuntura política y económica, porque ni todos los escenarios están previstos sobre el papel, ni tampoco todas sus consecuencias.
España no merece que la sancionen, pero Europa tampoco merece que sancionen a España. Nuestro país ha estabilizado en los últimos años su situación y, puesto que somos una de las principales economías europeas, con ello hemos ayudado a estabilizar la situación en Europa. Pero si finalmente las sanciones se confirmasen, solo cabe esperar dos cosas:
La primera de ellas es que su cuantía sea equilibrada -incluso reducida a cero- y que queden en suspenso hasta que el Gobierno pueda realizar las alegaciones oportunas. La segunda de ellas es que, una vez establecido este precedente, la Comisión demuestre la misma diligencia si tiene que actuar contra otros Estados miembros, aplicando las sanciones con la misma rigidez y prontitud independientemente de si estos países son Francia, Italia o Alemania.
De producirse lo contrario, no se estarían sancionando unos resultados económicos o la falta de ellos, sino el esfuerzo y la voluntad política de todo un país y de sus ciudadanos.
Esteban González Pons es eurodiputado del Partido Popular.
