Señala que Cristina de Borbón «se limitaba a rubricar sin pedir explicaciones» y considera que ha quedado acreditada «de forma arrolladora» su tesis exculpatoria. El tribunal podría dictar sentencia a partir de finales de año
El juicio expectáculo del linchamiento a la Infamta Cristina ha terminado con más sombras que gozos. Pau Molins, uno de los abogados que representa a la infanta Cristina, ha pedido al tribunal la «merecida absolución de doña Cristina de Borbón» y que «restablezca por fin la Justicia para que nadie pueda dudar en el futuro de su inocencia». Minutos antes de que el juicio quedara visto para sentencia, el abogado ha pedido a las juezas una sentencia absolutoria que transmita a la sociedad el mensaje contundente de que la Justicia «se aplica en condiciones de igualdad para todos, sin favorecer pero tampoco sin perjudicar a nadie por razón de su linaje, de su estatus social o de lo que se diga en los juicios paralelos».
Durante la exposición de su informe final, su abogado aseguró que su patrocinada, como socia de la mercantil Aizoon, «se limitaba a rubricar muy ocasionalmente aquello que se le solicitaba», desvinculándola de la gestión diaria de la empresa que comparte junto a su marido, Iñaki Urdangarin, al que señala como «único administrador de hecho y derecho» en la sociedad.
El letrado, que ha tomado la palabra pasadas las 11.15 horas, ha subrayado que durante el juicio del caso Nóos, que finaliza este miércoles, ha quedado acreditada «de forma arrolladora» la tesis exculpatoria de la defensa de la exduquesa de Palma, para quien pide su libre absolución.
Molins ha iniciado su intervención aseverando que, después de que la letrada que representa al «autodenominado sindicato de funcionarios públicos» Manos Limpias dedicase «una hora y 35 minutos hablando de la infanta, no puedo dejar de contestar ni una sola de las graves acusaciones contra Cristina de Borbón».
El abogado ha recordado que Aizoon fue constituida en el 2003 por iniciativa de Urdangarin, quien propuso a la Infanta que constara como socia. El objeto: la prestación de servicios de consultoría y asesoramiento así como la compraventa de bienes inmuebles.
Molins ha subrayado así que «no es cierto» que la mercantil fuese constituida únicamente para canalizar los ingresos profesionales de Urdangarin, negando que fuese una empresa pantalla sin actividad real. «Urdangarin era el único administrador de hecho y de derecho, tenía el dominio absoluto y exclusivo y dejó completamente al margen su esposa» y la infanta confiaba «por delegación» en su marido y «para nada participaba en su gestión».
Ha negado que fuera una sociedad pantalla, como alega Manos Limpias, y ha recordado que en el 2007 Aizoon ingresó 30.576 euros por esa segunda actividad inmobiliaria y 27.330 euros en el 2008, y ha recordado que la Agencia Tributaria ha considerado legítimos todos los gastos de la compañía que tuvieron relación con los arrendamientos. «No es cierto que se constituyese exclusivamente para canalizar los ingresos de Urdangarin y que fuera una sociedad pantalla sin actividad real», ha recalcado.
Atribuyen a Urdangarin los gastos y contratos de Aizoon
La defensa de la infanta Cristina ha atribuido a Iñaki Urdangarin todos los gastos con fondos de Aizoon, incluidos los de la tarjeta a nombre de su esposa, y los contratos de empleados domésticos por parte de la empresa común. El abogado de la exduquesa de Palma ha subrayado que la decena de compras con la tarjeta a nombre de Cristina de Borbón por escasos importes en un lapso de 7 años no fueron realizadas por la hermana del rey.
Ha recordado que durante la vista, en la que se ha juzgado a la infanta por su colaboración en dos presuntos delitos fiscales, ha quedado de manifiesto que Cristina de Borbón tenía una tarjeta de Aizoon a su nombre por «un ofrecimiento comercial del banco», pero nunca estuvo en su poder.
La secretaria de Urdangarin, Julita Cuquerella, admitió que ella hizo algunos de los gastos que Manos Limpias atribuye a la infanta porque la tarjeta del antiguo duque de Palma estaba caducada. «No existe ninguna prueba de que doña Cristina utilizara esta tarjeta», ha enfatizado Molins, el último letrado en realizar su informe en el juicio, que hoy quedará visto para sentencia.
Respecto a la contratación de empleados domésticos a cargo de Aizoon, el abogado ha señalado que es lógico que la esposa de Urdangarin «interviniera en alguna entrevista de selección», pero fue él quien tramitó los contratos a nombre de la empresa familiar. «Ninguna prueba existe de que doña Cristina conociera que el servicio doméstico era pagado a través de la sociedad, pues de esos trámites siempre se ocupó su marido», ha recalcado.
El tribunal podría dictar sentencia a partir de finales de año
El tribunal que se ha encargado de juzgar el caso Nóos podría dictar sentencia a finales de año, previsiblemente a partir de octubre o noviembre, según estiman partes personadas en el procedimiento judicial. Las magistradas, no obstante, han eludido pronunciarse al respecto.
La presidenta del tribunal, Samantha Romero, ha dado por concluida la vista oral a las 12.59 horas después de que ninguno de los acusados haya hecho uso del derecho a la última palabra. «Nada que decir», ha dicho, en su caso, la Infanta Cristina.
En concreto, la exduquesa de Palma se enfrenta a una petición de ocho años de cárcel por parte del sindicato Manos Limpias, que la considera cooperadora necesaria de los dos delitos fiscales en que habría incurrido su marido, Iñaki Urdangarin, en los años 2007 y 2008.
Es precisamente Urdangarin el acusado sobre el que pesan las solicitudes más elevadas de prisión: la Fiscalía Anticorrupción reclama 19 años y medio de cárcel para él mientras que Manos Limpias eleva esta petición hasta los 26 años y medio.
Al exresponsable del Instituto Nóos Diego Torres también se le solicitan altas condenas: 16 y medio por parte del Ministerio Público y 22 y medio por parte del sindicato. La mujer del empresario, Ana María Tejeiro, también acusada, se enfrenta a dos años por parte de la Fiscalía y hasta 19 y medio por parte de Manos Limpias.
Las acusaciones atribuyen a ambos exsocios haber puesto en marcha y liderado una estructura empresarial mediante la que se apoderaron de hasta 6,2 millones de euros de las Administraciones de Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid. Para ello, urdieron «una maraña de facturación ficticia» a fin de desviar los fondos públicos y tributar menos a Hacienda.
Hasta seis acusaciones han estado personadas en el juicio: la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado, la de la Comunidad Autónoma balear, el sindicato Manos Limpias y el PSPV del Ayuntamiento de Valencia son las cinco acusaciones que dirigen acciones penales, mientras que la Abogacía de la Generalitat Valenciana únicamente ha ejercitado acciones civiles ante los presuntos perjuicios causados a sus arcas públicas.
