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El Gobierno celebra como una victoria su nueva rendición y humillación ante Puigdemont

Pedro Sánchez mira el panel de votaciones en el Senado

Pedro Sánchez mira el panel de votaciones en el SenadoEFE

El Ejecutivo salva dos de sus tres decretos ley gracias a un pacto muy caro con Junts. El agónico pleno certifica que Sánchez preside un Gobierno intervenido por un prófugo de la Justicia

La realidad política superó a la política ficción en el pleno del Congreso de este miércoles, celebrado excepcionalmente en el Senado por obras en el hemiciclo de la Cámara Baja. Un acuerdo agónico entre el PSOE y Junts –otro más– permitió a Pedro Sánchez evitar el desmoronamiento de los tres primeros decretos ley de la legislatura, lo que habría supuesto un mazazo de imprevisibles consecuencias.
No obstante, derrota del Gobierno sí hubo, aunque parcial: cayó un decreto ley de los tres y se salvaron el llamado decreto ómnibus y el de medidas anticrisis. Un mal menor para lo que podría haber sido. «Bien está lo que bien acaba», señaló el presidente a la salida. Además, el PSOE endosó el fracaso sin ningún disimulo a Yolanda Díaz y a su guerra con Podemos. El partido de Ione Belarra –y de Pablo Iglesias– ajustó cuentas con la líder de Sumar tras su ruptura nada amistosa y derribó el decreto ley de la reforma del subsidio de desempleo.
El precio que Sánchez pagó a Junts para que no participara en ninguna de las tres votaciones y favorecer así la convalidación de los decretos ley fue altísimo. Lo de menos es ya el coste para la credibilidad de un Gobierno que, hasta horas antes, negaba la posibilidad de retirar del decreto ómnibus el artículo que pone en riesgo la amnistía, según los de Carles Puigdemont. Por arte de magia, este miércoles accedió a eliminarlo durante la tramitación parlamentaria del decretazo, ya como proyecto de ley.
 
Entre las cesiones del PSOE al partido independentista figura el traspaso a Cataluña de las competencias en materia de inmigración. Pactado con una formación que, hace un mes, culpó a los inmigrantes de los malos resultados de Cataluña en el informe PISA. También figura algo que el PP lleva meses pidiendo al Gobierno: la supresión temporal del IVA del aceite de oliva. De hecho, ésta fue una de las condiciones que los populares pusieron al Ejecutivo cuando el ministro Félix Bolaños tanteó a Cuca Gamarra a principios de semana para conocer su disposición a apoyar, al menos, el decreto anticrisis. La respuesta del Gobierno fue no. A eso y a todo lo demás.
La portavoz de Junts, Míriam Nogueras

La portavoz de Junts, Míriam NoguerasEFE

La rapidez con la que el PSOE ha concedido a Junts lo que lleva meses negándole al PP viene a confirmar, según los populares, la teoría de Alberto Núñez Feijóo: Sánchez nunca ha pretendido negociar nada con el principal partido de la oposición. El propio Feijóo compareció al final del pleno para mostrar su incredulidad. «España no se merece este esperpento de desgobierno», lamentó.

Un Gobierno intervenido

El angustioso pleno que vivieron el PSOE y Sumar este miércoles fue la demostración práctica de que no hay geometría variable posible en esta legislatura. Lo que hay es un Gobierno con 147 escaños y al que le falta 29 para la mayoría absoluta, cuyas decisiones están intervenidas por un prófugo de la Justicia afincado en Bruselas. Sánchez no podrá liberarse de los grilletes de Junts ni siquiera gobernando por decreto ley. Ya no digamos cuando tenga que negociar la aprobación de proyectos de ley, de esos que hay que llevar al Congreso para su tramitación, con enmiendas de los grupos parlamentarios.

El error del Gobierno, que a punto estuvo de costarle una derrota muy grave este miércoles, ha sido iniciar esta legislatura como si nada hubiera cambiado respecto a la anterior. Entonces, el Consejo de Ministros aprobaba decretos ley sin consultar más que con él mismo y ERC, el PNV y Bildu se enfadaban por el «trágala» de Sánchez, pero solo un poco: el presidente casi siempre conseguía camelárselos.

Ni Junts se parece a ERC ni es lo mismo tener a Podemos dentro del Gobierno que fuera

Sin embargo, en esta legislatura han cambiado muchas cosas. En primer lugar, Junts se ha convertido en un socio inevitable. Y Junts ni se parece ni quiere parecerse lo más mínimo a ERC. Ya dijo su portavoz, Míriam Nogueras, durante el debate de este miércoles: «Recuerden que estamos aquí por Cataluña, no por ustedes ni por el Reino».
En segundo lugar, Podemos ha salido del Consejo de Ministros y no ha tardado en demostrar que si quiere hacer daño puede hacerlo. Mucho. No obstante, su guerra no es contra el Gobierno en general, sino contra Yolanda Díaz en particular. Y en tercer lugar, el Ejecutivo tiene enfrente un poderoso bloque de oposición que suma 171 escaños, así que la barrera está muy alta.
Aunque los socialistas trataron de disimularlo, durante la jornada vivieron muchos nervios. No obstante, nunca perdieron la fe, a la fuerza ahorcan. Ahora se entiende mejor por qué el martes la ministra portavoz y el nuevo ministro de Economía pusieron tanto empeño en no molestar a Puigdemont ni desautorizar su propuesta de multar a las empresas que no quieran volver a Cataluña: en paralelo estaban negociando una reforma en la Ley de Sociedades (lo que han pactado finalmente) para incentivar a las empresas que se marcharon durante el procés y ahora decidan volver.
Por la mañana de este miércoles casi nadie estuvo pendiente del debate de los tres decretos ley porque lo importante estaba pasando fuera: el PSOE y Junts cruzaban llamadas y conversaciones lejos de los focos, en un ambiente de máximo secretismo.
Nadie sabía lo que estaba pasando, y de hecho durante horas circuló el rumor de que los siete diputados de Puigdemont habían votado en contra de los tres decretos ley. Fue un comentario críptico del ministro Bolaños a seis minutos del cierre de la votación telemática lo que empezó a cambiarlo todo: «Nos sobran seis minutos», afirmó con una sonrisa en la boca. Horas después se supo que hablaba en serio: les sobraban esos seis minutos, aunque a los socialistas les faltan relajantes para el ritmo cardiaco si la legislatura sigue a este ritmo, como parece.

 

Pedro Sánchez y Angela Merkel, con “papeles para todos” pretende ASEGURAR EL VOTO EN LAS MUNICIPALES.



Pedro Sánchez y sus aliados en el “golpe de Estado” saben con todo lujo de detalles que aunque maquillen las encuestas, en las urnas van a ser ridiculizados, por la verdad, o sea, el PP. Aunque no hay que dejar de prestar atención el apoyo que la Santa Madre de los Refugiados, Angela Merkel haya prometido a los catalanes su inclusión en la UE.   

Por tanto, antes de que el PP llegue al Gobierno, solo tienen una defensa, decretazos y dedazos populistas y vuelta a la misma herencia de Felipe González y el ahora ujier de Maduro, Zapatero. El plan de los socialistas pasa por aprovechar la reforma constitucional ¿? para colar toda una transformación en el tratamiento a los integrantes.

De este modo, no sólo pretenden que se garantice con rango constitucional el acortar los plazos de concesión de los papales a los inmigrantes que entran de forma ilegal en España, sino que también busca que se incorpore un mecanismo de habilitación para su voto en las elecciones municipales.

El PSOE ya ha solicitado el apoyo a esta reforma a buena parte de sus socios de moción de censura -los que le respaldaron para llegar al poder echando al PP-. Y el acuerdo es mayoritario en esta dirección. Básicamente porque están convencidos de que se trata de una bolsa de potenciales votantes que no acabarán engordando el voto de la derecha sino de sus formaciones de izquierda o antisistema.

Una de la fórmulas jurídicas que se pretenden utilizar con este fin es la de sustituir la actual redacción constitucional para introducir un sujeto portador de derechos: “Las personas”, de manera que no solo sean  los españoles quienes puedan ver garantizados determinados derechos, servicios, prestaciones y una reformulación del derecho a la igualdad ante la ley y a la no discriminación que pretende incluir, precisamente, la no discriminación en el voto local.

Con este motivo, además, se quieren incorporar nuevas causas de prohibición de la discriminación. De manera que la reforma suponga un salto adicional en el acceso de los inmigrantes a una protección jurídica amplia.

Y es que el plan final del PSOE es facilitar el derecho al voto de los inmigrantes en futuras elecciones municipales y hacerlo de tal manera que el PP no pueda revertir fácilmente este cambio. Para ello, quiere usar el texto de la Carta Magna. Y, si lo consigue, eliminar a través suyo o de una remisión a la normativa sobre migración el requisito de reciprocidad en el voto y haciendo mucho más asequibles y rápidos los trámites para ser residente.

Los plazos de la reforma hacen, prácticamente, imposible que un cambio de esta magnitud se apruebe antes de la primavera del año que viene (26 de Mayo) –cuando se celebran las próximas elecciones municipales–. Pero sí servirá al PSOE para amortizar a medio y largo plazo la campaña mediática de apoyo a la entrada de inmigrantes en España. El "efecto llamada".

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