El Ejecutivo salva dos de sus tres decretos ley gracias a un pacto muy caro con Junts. El agónico pleno certifica que Sánchez preside un Gobierno intervenido por un prófugo de la Justicia
La
realidad política superó a la política ficción en el pleno del Congreso
de este miércoles, celebrado excepcionalmente en el Senado por obras en
el hemiciclo de la Cámara Baja. Un acuerdo agónico entre el PSOE y
Junts –otro más– permitió a Pedro Sánchez evitar el
desmoronamiento de los tres primeros decretos ley de la legislatura, lo
que habría supuesto un mazazo de imprevisibles consecuencias.
No
obstante, derrota del Gobierno sí hubo, aunque parcial: cayó un decreto
ley de los tres y se salvaron el llamado decreto ómnibus y el de
medidas anticrisis. Un mal menor para lo que podría haber sido. «Bien
está lo que bien acaba», señaló el presidente a la salida. Además, el
PSOE endosó el fracaso sin ningún disimulo a Yolanda Díaz y a su guerra con Podemos. El partido de Ione Belarra –y de Pablo Iglesias–
ajustó cuentas con la líder de Sumar tras su ruptura nada amistosa y
derribó el decreto ley de la reforma del subsidio de desempleo.
El precio que Sánchez pagó
a Junts para que no participara en ninguna de las tres votaciones y
favorecer así la convalidación de los decretos ley fue altísimo. Lo de
menos es ya el coste para la credibilidad de un Gobierno que, hasta
horas antes, negaba la posibilidad de retirar del decreto ómnibus el
artículo que pone en riesgo la amnistía, según los de Carles Puigdemont.
Por arte de magia, este miércoles accedió a eliminarlo durante la
tramitación parlamentaria del decretazo, ya como proyecto de ley.
Entre
las cesiones del PSOE al partido independentista figura el traspaso a
Cataluña de las competencias en materia de inmigración. Pactado con una
formación que, hace un mes, culpó a los inmigrantes de los malos
resultados de Cataluña en el informe PISA. También figura algo que el PP
lleva meses pidiendo al Gobierno: la supresión temporal del IVA del
aceite de oliva. De hecho, ésta fue una de las condiciones que los
populares pusieron al Ejecutivo cuando el ministro Félix Bolaños tanteó a Cuca Gamarra a
principios de semana para conocer su disposición a apoyar, al menos, el
decreto anticrisis. La respuesta del Gobierno fue no. A eso y a todo lo
demás.
La
rapidez con la que el PSOE ha concedido a Junts lo que lleva meses
negándole al PP viene a confirmar, según los populares, la teoría de Alberto Núñez Feijóo: Sánchez nunca ha pretendido negociar nada con el principal partido de la oposición. El propio Feijóo compareció al final del pleno para mostrar su incredulidad. «España no se merece este esperpento de desgobierno», lamentó.
Un Gobierno intervenido
El
angustioso pleno que vivieron el PSOE y Sumar este miércoles fue la
demostración práctica de que no hay geometría variable posible en esta
legislatura. Lo que hay es un Gobierno con 147 escaños y al que le falta
29 para la mayoría absoluta, cuyas decisiones están intervenidas por un
prófugo de la Justicia afincado en Bruselas. Sánchez no podrá
liberarse de los grilletes de Junts ni siquiera gobernando por decreto
ley. Ya no digamos cuando tenga que negociar la aprobación de proyectos
de ley, de esos que hay que llevar al Congreso para su tramitación, con
enmiendas de los grupos parlamentarios.
El
error del Gobierno, que a punto estuvo de costarle una derrota muy
grave este miércoles, ha sido iniciar esta legislatura como si nada
hubiera cambiado respecto a la anterior. Entonces, el Consejo de
Ministros aprobaba decretos ley sin consultar más que con él mismo y
ERC, el PNV y Bildu se enfadaban por el «trágala» de Sánchez, pero solo un poco: el presidente casi siempre conseguía camelárselos.
Ni Junts se parece a ERC ni es lo mismo tener a Podemos dentro del Gobierno que fuera
Sin
embargo, en esta legislatura han cambiado muchas cosas. En primer
lugar, Junts se ha convertido en un socio inevitable. Y Junts ni se
parece ni quiere parecerse lo más mínimo a ERC. Ya dijo su portavoz, Míriam Nogueras, durante el debate de este miércoles: «Recuerden que estamos aquí por Cataluña, no por ustedes ni por el Reino».
En
segundo lugar, Podemos ha salido del Consejo de Ministros y no ha
tardado en demostrar que si quiere hacer daño puede hacerlo. Mucho. No
obstante, su guerra no es contra el Gobierno en general, sino contra Yolanda Díaz en
particular. Y en tercer lugar, el Ejecutivo tiene enfrente un poderoso
bloque de oposición que suma 171 escaños, así que la barrera está muy
alta.
Aunque
los socialistas trataron de disimularlo, durante la jornada vivieron
muchos nervios. No obstante, nunca perdieron la fe, a la fuerza ahorcan.
Ahora se entiende mejor por qué el martes la ministra portavoz y el
nuevo ministro de Economía pusieron tanto empeño en no molestar a Puigdemont ni
desautorizar su propuesta de multar a las empresas que no quieran
volver a Cataluña: en paralelo estaban negociando una reforma en la Ley
de Sociedades (lo que han pactado finalmente) para incentivar a las
empresas que se marcharon durante el procés y ahora decidan volver.
Por
la mañana de este miércoles casi nadie estuvo pendiente del debate de
los tres decretos ley porque lo importante estaba pasando fuera: el PSOE
y Junts cruzaban llamadas y conversaciones lejos de los focos, en un
ambiente de máximo secretismo.
Nadie sabía lo que estaba pasando, y de hecho durante horas circuló el rumor de que los siete diputados de Puigdemont habían votado en contra de los tres decretos ley. Fue un comentario críptico del ministro Bolaños a
seis minutos del cierre de la votación telemática lo que empezó a
cambiarlo todo: «Nos sobran seis minutos», afirmó con una sonrisa en la
boca. Horas después se supo que hablaba en serio: les sobraban esos seis
minutos, aunque a los socialistas les faltan relajantes para el ritmo
cardiaco si la legislatura sigue a este ritmo, como parece.
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