Que unos lazos color mierda hayan sido un problema agónico
para el sistema democrático español es síntoma más que evidente de que la
democracia, en España, tiene daño y vicios ocultos. Además, Quim Torra amenaza con una querella a la JEC.
Que su mantenimiento o retirada de los edificios públicos se
ha convertido en la prueba del algodón sobre la neutralidad que demanda
cualquier orden electoral aunque se vote en cajas de cartón. ¿Alguien pensaba
que Torra acataría, sumisamente y sin rechistar, el ultimátum de la Junta
Electoral Central? ¿Realmente alguien pensaba que la orden de retirar los lazos
amolaría al siniestro personaje o que perjudicaría las expectativas electorales
del independentismo? El secesionismo catalán ha convertido el lazo amarillo,
utilizado históricamente en diversas reivindicaciones, en símbolo por la
liberación de sus presos. Uso legítimo y amparado por la libertad de expresión,
salvo cuando lo hacen suyo instituciones del Estado que a todos nos deberían
representar. En este caso entra en colisión con la legalidad y, por tanto, la
Justicia debe actuar. Cosa que no hizo, al menos hasta que fueron convocadas
las elecciones del 28-A. La Justicia en España casi siempre llega tarde y a
destiempo. Si durante el procés hubiese actuado con premura, por ejemplo el
primer día en que alguien desobedeció al Tribunal Constitucional, otro gallo
nos habría cantado. Probablemente habría actualmente unos cuantos políticos
inhabilitados, pero no tendríamos juicio en el Supremo, ni bizantinas
discusiones sobre golpismo, rebelión o naturaleza de la declaración unilateral
de independencia. Ni cabezas de listas electorales en la cárcel. Ni políticos
presos, ni presos políticos. Ni lazos amarillos. Ni lazos blancos. Ni la
Justicia cortó por lo sano entonces, ni después consideró oportuno pronunciarse
sobre el gran lazo amarillo que desde hace meses preside la sede de la
Generalitat. Da igual, a los efectos de mi razonamiento, el porqué de su
inacción: por no estimarlo constitutivo de delito o por tolerancia en un asunto
de escasa enjundia. Lo cierto es que ni fiscales, ni jueces se pronunciaron
sobre los lazos amarillos.
Posteriormente vino
Ciudadanos, interesado electoralmente en avivar las llamas de la hoguera
catalana, y planteó la cuestión ante la Junta Electoral. Adviértase que este
organismo no tiene por finalidad perseguir delitos, sino garantizar la limpieza
de las elecciones y la neutralidad de las instituciones públicas en el proceso.
El propósito de su ultimátum sería el de quitarle al secesionismo un arma de
propaganda. Al igual que en su día le prohibió al partido en el Gobierno cortar
cintas e inaugurar obras. Pero la decisión de la Junta tiene el efecto
contrario al pretendido: multiplica el impacto propagandístico de los lazos,
crea barullo y sitúa la pelota donde le conviene a Torra. Y así andamos, al
compás de quienes desean convertir las del 28-A en las elecciones de los lazos
amarillos, blancos y el puterío berberecho de un terco y sucio catalán.
