El Consejo de Ministros de este martes previsiblemente aprobará impugnar la iniciativa legislativa popular que la Mesa de la Cámara catalana admitió a trámite con los votos de Junts y la CUP y la abstención de ERC | El Gobierno se suma al gesto del PSC y no oculta que quiere mandar un “mensaje político” a las dos formaciones separatistas en pleno proceso electoral
Se trata, evidentemente, de un “mensaje político” del Gobierno a sus socios de ERC y Junts. Y es nítido: no cabe el referéndum, no cabe la declaración de independencia. Ese es el aviso que quiere lanzar Pedro Sánchez: previsiblemente, mañana martes el Consejo de Ministros aprobará impugnar ante el Tribunal Constitucional la iniciativa legislativa popular (ILP) para declarar la secesión de Cataluña y que admitió a trámite la Mesa del Parlament con el apoyo de Junts y de la CUP y la abstención de ERC.
El Ejecutivo central, por tanto, se suma al recurso que también presentó la semana pasada el PSC, en una clara muestra de coordinación de estrategias en pleno periodo electoral. La impugnación, adelantada este lunes por El Mundo y confirmada por este diario, tendrá el aval del Consejo de Estado, el órgano consultivo del Gobierno que desde este mes preside la exvicepresidenta Carmen Calvo.
El pasado 20 de febrero, la Mesa del Parlament de Catalunya admitió a trámite una iniciativa legislativa popular presentada por el partido Solidaritat Catalana per la Independència, una formación que no tiene escaño en la Cámara autonómica. La ILP [aquí en PDF] declara Cataluña como nación y reconoce la soberanía del pueblo de Cataluña, a quien corresponde la declaración de la independencia.
Junts y la CUP respaldaron que se admitiera a trámite, los dos representantes del PSC votaron en contra, en línea con lo aconsejado por los letrados, y los republicanos se abstuvieron. Entonces, ERC adujo que no quería alimentar “callejones sin salida”, ni “jugar con las expectativas de la gente”, y advirtió entonces de que una ILP, como queda expreso en la ley que las regula, no puede operar sobre ámbitos que están fuera de su competencia, y la declaración de independencia obviamente desborda ese marco. Pero si no se opuso fue porque consideraba positivo, dijo, “escuchar todas las propuestas”. La proposición se publicó en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya y, por ahora, no había dado más pasos.
La iniciativa entró en la Cámara autonómica justo cuando el PSOE estaba aún negociando con sus socios la ley de amnistía, cuyo dictamen final aprobó la Comisión de Justicia el 7 de marzo y el pleno del Congreso, para su remisión el Senado, el pasado día 14. Cuando se admitió a trámite, el Ejecutivo no le concedió demasiada importancia, alegando que no iba a ninguna parte, porque era manifiestamente inconstitucional.
Pero Cataluña camina ya hacia las urnas del 12 de mayo y los socialistas, por partida doble —tanto el PSC como ahora el Gobierno—, quieren dejar muy claro que el camino no es ese. Ni el del referéndum ni el de la declaración unilateral de independencia. El PSC de Salvador Illa acudió en amparo el pasado jueves al TC, en un escrito en el que alegó que la admisión a trámite contaba con el parecer manifiestamente contrario de los letrados del Parlament. Recordaron los socialistas que la iniciativa desborda el ámbito de actuación de la Generalitat y plantea una cuestión reservada en su tratamiento al procedimiento de reforma constitucional. Es decir, que la Mesa tendría que haber rechazado la tramitación de la proposición por ser contraria a Derecho y por su inconstitucionalidad “palmaria y evidente”. Los socialistas pidieron la declaración de nulidad de cualquier actuación posterior relacionada con esta ILP.
El Parlament está disuelto por la convocatoria de las elecciones del 12 de mayo, y por tanto todas sus iniciativas en tramitación decaen. Todas menos, precisamente, las ILP, que sí se arrastran de una legislatura a otra. De ahí que para el PSC fuera importante cortar en seco el camino del texto independentista.
Fuentes del Gobierno señalaron que la previsión es que el Consejo de Ministros autorice mañana martes al presidente, Pedro Sánchez, a interponer el recurso ante el TC. La comisión permanente del Consejo de Estado —esto es, su núcleo duro— se reúne este lunes y previsiblemente dará su respaldo a la intención del Ejecutivo.
El Gobierno, por tanto, desea remarcar que el anhelo de autodeterminación no cabe en la Constitución ni en el Estatut y será frenado con nitidez. Este domingo, en una entrevista en El Periódico de Catalunya, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, subrayó que su formación ya se encontraba “hablando del referéndum con el PSOE”, algo a lo que los socialistas siempre se han negado. Los independentistas, han repetido, pueden poner encima de la mesa el plebiscito las veces que quieran, pero el Ejecutivo no cruzará esa frontera. Las mesas con ERC y Junts han quedado suspendidas por el anticipo electoral del 12-M decidido por el president Pere Aragonès.
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