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Interior (Marlaska) oculta los gastos de cada ministro en escoltas en sus “”viajes privados””.
Pero triplica
al resto de todos los ministros de la UE.
Por ejemplo, Carmen Calvo
iba y sigue yendo todos los fines de
semana a países como Canadá, su último y enésimo marido es el jefe de sus
escoltas. Calviñó, la que más viaja, solo en un fin de semana en Suiza pagó o le
pagaron 275.000 € de hospedaje de escoltas…...
El Ministerio del Interior
ha negado la transparencia información sobre los costes de cada miembro del
Gobierno en escoltas en sus viajes privados alegando que se trata de
información que tiene «carácter reservado». De esta forma, el Consejo de Transparencia
ha instado al departamento de Marlaska a informar de este gasto desde enero de
2020 hasta la actualidad, desglosados por servicios prestados y miembro del
Ejecutivo afectado, ya que asegura que esa información no es reservada.
Además, según la resolución
dictada por el órgano encargado de velar por el cumplimiento de la Ley de
Transparencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el departamento que
dirige Fernando Grande-Marlaska deberá enviar a la persona que le pidió estos
datos el número total de solicitudes de escoltas cursadas en el mismo periodo,
especificando las que fueron concedidas. Asimismo, tendrá que remitir a la
ciudadana interesada una copia de la normativa existente en relación a la
posibilidad de que los miembros del Gobierno soliciten y obtengan servicios de
escoltas en sus viajes privados.
La persona que solicitó
estos datos presentó su solicitud de información el pasado mes de diciembre,
pero Interior no le contestó en el plazo estipulado y reclamó ante el Consejo
de Transparencia y Buen Gobierno.
El Ministerio del Interior
le contestó poco después pero denegándole el acceso a esa información alegando
que tiene «carácter reservado» y que su «divulgación a personas no autorizadas»
puede «generar riesgos o perjuicios graves para la seguridad y defensa del
Estado, para la seguridad de las personas objeto de protección y para los
agentes encargados de la misma».
En concreto, según el
ministerio, no cabe conceder acceso a la información relativa a los planes de
seguridad de instituciones y organismos públicos, y a los planes de protección
de todas aquellas personas sometidas a la misma, así como a todos aquellos
documentos necesarios para el planeamiento, preparación o ejecución de los
documentos, acuerdos o convenios a los que se haya atribuido la calificación de
reservado.
Transparencia constata que
el acuerdo del Consejo de Ministros de 1986 que regula la clasificación de
materias con arreglo a la Ley de Secretos Oficiales otorga «con carácter
genérico», la clasificación de reservado a las plantillas de personal y de
medios y de equipo de las unidades y a los planes de seguridad de instituciones
y organismos públicos así como de las Unidades, Centros u Organismos de las
Fuerzas Armadas y de los Centros de Producción de material de guerra.
No se puede extender a todo
También da esa calificación
a los planes de protección de todas aquellas personas sometidas a la misma,
específicamente los de las autoridades y de los miembros de las Fuerzas
Armadas. Pero, según Transparencia, ese carácter reservado no abarca también de
modo genérico «a todos los planes de protección de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad».
A su juicio, tampoco pueden
entenderse como ‘secretos o reservados’ los documentos necesarios para la
preparación o ejecución de los planes de protección, puesto que considera
«evidente» que no están «vinculados a la actuación de las Fuerzas Armadas» ni a
la «seguridad y la defensa del Estado».
Además, Transparencia
sostiene que no «cabe objetivamente apreciar que el acceso a la documentación y
a los datos solicitados pueda poner en riesgo la seguridad de las personas
objeto de protección o la de los agentes encargados de la misma».
«Tampoco se advierte que el
conocimiento público del coste de los servicios de escolta prestados para
desplazamientos privados de los ministros desde enero de 2020 hasta la
actualidad desglosados por servicios prestados y miembro del Gobierno afectado
pueda poner en peligro la seguridad de las personas afectadas», argumenta
Transparencia que recuerda que siempre se pueden omitir ciertos datos si se
estima pertinente en este sentido.
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