martes, 8 de mayo de 2018

Zapatero y su Ministra, Beatriz Corredor -candidata del PSOE-alcaldía de Madrid- delegaron contratos a Acuamed por valor de más 2.500 millones sin justificar los anteriores.



Era un secreto a voces que el PSOE estaba cometiendo actos de alta traición con saqueo a las arcas comunitarias valencianas,  del mismo modo que siguen saqueando Andalucía. Acuamed,  Agua de las Cuencas Mediterráneas SA, heredó una deuda superior a 2.500 millones de euros del Gobierno de Zapatero y, en este caso, el PP muy astuto y sabiendo que tarde o temprano sería una bomba de relojería, el reloj ha detonado en su justa medida del tiempo.  

Últimamente se veía muy “juntos” a Zapatero con Pedro Sánchez decantados por las famosas desaladoras, esas visitas a Alicante, Murcia y a Almería…. Cristina Narbona hacía de cenicienta, pero con cara de pocos amigos. Igual sigue los pasos de Puigdemont, ya que en agujero que ha dejado la corrupción socialista puede sobrepasar los 2.500 millones de euros.   

La Titular de juzgado Nº 24 de Madrid, María de las Mercedes Pérez Barrios ha citado a declarar en calidad de investigados para el próximo jueves (día 10) a Rosario G. V. y Sandra S. F, respectivamente presidenta y secretaria de la Mesa de Contratación, y a José María A. G., interventor. Estas citaciones se producen en el marco de la investigación relativa al concurso de publicidad del Plan de Vivienda 2009-2010 (siendo Ministra la actual candidata del PSOE a la alcaldía de Madrid y registradora de Majadahonda, solo su parque móvil supera el millón de euros)  todos están imputados por presuntos delitos de prevaricación y/o malversación. La magistrada, pretende esclarecer, además de verificar si la adjudicación de ese concurso a un empresario próximo al PSOE se ajustó o no a la legalidad y, en ese caso, de dónde procedieron las órdenes para acordar esa designación; y, además, si ese dinero fue a parar a las arcas del PSPV y de su socio de Gobierno en la Generalitat valenciana Compromis. Para que nos vayamos haciendo una pequeña idea, hay más de 150 imputados, No incluidos Zapatero y tres de sus ministros de los que se encargara el Tribunal supremo.  

La magistrada, María de las Mercedes Pérez Barrios incoó diligencias previas para investigar lo relativo a los contratos en 2009 adjudicados por el Ministerio de Vivienda cuando al frente de la misma se encontraba Beatriz Corredor, a la empresa de comunicación de Crespo Gomar por un importe total de 126.208 euros; mientras que, por su parte, Carmen Huerta ha adoptado la misma decisión respecto al contrato adjudicado a la misma por el Ministerio de Sanidad en 2006 por un total de 184.138 euros.

Tanto la jueza como su compañera Carmen Huerta investigan los contratos suscritos por dos ministerios gobernados entonces por el PSOE con la empresa de comunicación de Crespo Gomar, la cual, supuestamente, habría facturado unos servicios al Partido Socialista del País Valenciano y su socio de Gobierno, Compromis, durante la campaña electoral del año 2007, «de cuyo pago se habrían hecho cargo otras empresas y no los destinatarios de los servicios mediante la confección de facturas falsas, coincidentes en sus cuantías con las presentadas por Crespo Gomar». Esta última magistrada también abrió diligencias respecto al contrato adjudicado a la misma por el Ministerio de Sanidad en 2006 por un total de 184.138 euros.

Las dos magistradas admitieron la inhibición planteada por el Juzgado de instrucción 21 de Valencia, el cual investigaba una presunta financiación irregular del PSPV y Bloc, partido mayoritario de Compromís, en 2007, a través de la empresa de comunicación Crespo Gomar.

La exCUP, Anna Gabriel, desde Suiza, lanza un SOS “Necesito dinero de los españoles para subsistir” El independentismo es una falacia torpe e ideada por bribones.
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