Después de 20.000 millones € "malgastados" en el butifarrèndum de la catalán, el CE anula cualquier acto o acuerdo en pro del independentismo


De nuevo, el Consejo de Europa derriba el butifarrendum de la Generalitat

El Código de Buenas Prácticas Sobre Referendos (El Consejo de Europa tumba el butifarrèndum de la Generalitat


El Código fue adoptado, a requerimiento del Consejo de Europa, por el Consejo para Elecciones Democráticas en su 19ª reunión (Venecia, 16 de diciembre de 2006) y la Comisión de Venecia en su 70ª sesión plenaria (Venecia, 16-17 de marzo de 2007). Su objetivo es establecer “buenas prácticas” y “lineamientos para la celebración de referendos” en Europa.


El presidente fanático Puigdemont dice "referéndum o referéndum". Vemos que dice el Código de buenas prácticas europeo sobre los referéndums


Tiene que ser legal: “El uso de los referendos debe cumplir con el sistema legal en su totalidad, y especialmente con las normas procedimentales. En particular, los referendos no pueden celebrarse si la Constitución o una ley conforme a ésta no los estipula, por ejemplo, cuando el texto sometido a referéndum es una cuestión de competencia exclusiva del Parlamento” (Sección III, 1).

En Cataluña la resolución 263/XI se sitúa expresamente por encima de la ley, Artur Mas dice que “el Tribunal Constitucional no puede anular la voluntad de los catalanes”, la Generalitat apoya la quema de la Constitución en la televisión pública TV3, los socios de gobierno piden “quemar el Tribunal Constitucional”, y los partidos nacionalistas (incluido el PSC) montan manifestaciones contra la ley suprema encabezadas por el lema “Desobediència”. Tot molt legal.

Tiene que respetar el estado de derecho: “No deben ser contrarios a las leyes internacionales o a los principios normativos del Consejo de Europa (democracia, derechos humanos y estado de derecho)” (Sección III, 3). 
En Cataluña la resolución 263/XI (BOP nº200) del Parlament habla de “desconexión con la legalidad del Estado español”, “mecanismo unilateral”, y “leyes no susceptibles de control, suspensión o impugnación por ningún otro poder”. Todo muy respetuoso con el estado de derecho.

Tiene que haber información objetiva y neutral: “Las autoridades deben proporcionar información objetiva. Esto implica que debe estar disponible para los electores (…) la misma cantidad de material de campaña, tanto a favor como en contra de la propuesta (…) Se deben imponer sanciones en el caso de infracciones al deber de neutralidad y a la libertad de los votantes a formarse una opinión” (Sección I, 3.1.d y f).

En Cataluña las autoridades de la Generalitat publican encuestas tendenciosas del CEO, y financian con millones de euros a la ANC, AMI, Òmnium, a 95 medios digitales, 226 publicaciones impresas, 19 emisoras de radio y 21 emisoras de TV, sin contar la CCRTV. Tot molt objectiu i neutral.
Debe organizarse por un órgano imparcial: “Un órgano imparcial debe estar a cargo de la organización del referéndum” (Sección II, 3.1.a).

En Cataluña el encargado es el Pacto por el Referéndum, impulsado por la Generalitat separatista y dirigido por 8 separatistas confesos. Todo muy imparcial

Está prohibido a las autoridades usar fondos públicos para hacer campaña: “Debe prohibirse el uso de fondos públicos por parte de las autoridades con fines de campaña”

La Generalitat se ha gastado 20.000€ millones en divulgar el separatismo durante los últimos 36 años. A modo de ejemplo, el Grupo Godó recibe 15€ millones de subvenciones al año (Anna Gabriel dixit); TV3 nos ha costado más de 4.000€ millones desde 2007. Cada año la Generalitat le regala 225€ millones de nuestro dinero. Todo con fondos públicos.

Las personas deben cumplir la ley: “Bajo el principio del estado de derecho, las personas no están exentas del cumplimiento de la ley. Esto aplica tanto a los aspectos procesales como a la sustancia delos textos sometidos a votación, los cuales deben cumplir con la ley superior. Los referendos legislativos deben, por lo tanto, cumplir con la Constitución; en las entidades federativas o regionales deben cumplir con la ley central del Estado” (Memorándum, nº32).

Carme Forcadell (presidenta del Parlament) está acusada de prevaricación y desobediencia, igual que Artur Mas (presidente) e Irene Rigau (consejera). Quico homs y varios concejales y alcaldes están también procesados por saltarse la ley. Todos muy legales. 

Debe haber información de las consecuencias: “Para la emisión de un voto informado, es esencial que los electores estén informados de los efectos de sus votos” (Memorándum, nº53).

En Cataluña no existe debate serio sobre las consecuencias reales de la secesión. ¿Alguien se las ha explicado sin mentir, más allá de este vídeo de Borrell desvelando las mentiras de Junqueras, o de este otro donde la catedrática Freixes hace lo mismo con Quico Homs? Todo muy informativo.
O sea: si no es legal y no respeta el estado de derecho; si los políticos no cumplen la ley; si no hay información objetiva e igualdad en las campañas; si no está organizado por un órgano imparcial; si las autoridades financian la campaña; y si no hay información sobre las consecuencias, el referéndum está viciado y es una mala práctica la del Butifarrèndum
) rechaza el referéndum que planea la Generalitat.


El Código fue adoptado, a requerimiento del Consejo de Europa, por el Consejo para Elecciones Democráticas en su 19ª reunión (Venecia, 16 de diciembre de 2006) y la Comisión de Venecia en su 70ª sesión plenaria (Venecia, 16-17 de marzo de 2007). Su objetivo es establecer “buenas prácticas” y “lineamientos para la celebración de referendos” en Europa.


El presidente fanático Puigdemont dice "referéndum o referéndum". Vemos que dice el Código de buenas prácticas europeo sobre los referéndums


Tiene que ser legal: “El uso de los referendos debe cumplir con el sistema legal en su totalidad, y especialmente con las normas procedimentales. En particular, los referendos no pueden celebrarse si la Constitución o una ley conforme a ésta no los estipula, por ejemplo, cuando el texto sometido a referéndum es una cuestión de competencia exclusiva del Parlamento” (Sección III, 1).

En Cataluña la resolución 263/XI se sitúa expresamente por encima de la ley, Artur Mas dice que “el Tribunal Constitucional no puede anular la voluntad de los catalanes”, la Generalitat apoya la quema de la Constitución en la televisión pública TV3, los socios de gobierno piden “quemar el Tribunal Constitucional”, y los partidos nacionalistas (incluido el PSC) montan manifestaciones contra la ley suprema encabezadas por el lema “Desobediència”. Tot molt legal.

Tiene que respetar el estado de derecho: “No deben ser contrarios a las leyes internacionales o a los principios normativos del Consejo de Europa (democracia, derechos humanos y estado de derecho)” (Sección III, 3).
En Cataluña la resolución 263/XI (BOP nº200) del Parlament habla de “desconexión con la legalidad del Estado español”, “mecanismo unilateral”, y “leyes no susceptibles de control, suspensión o impugnación por ningún otro poder”. Todo muy respetuoso con el estado de derecho.

Tiene que haber información objetiva y neutral: “Las autoridades deben proporcionar información objetiva. Esto implica que debe estar disponible para los electores (…) la misma cantidad de material de campaña, tanto a favor como en contra de la propuesta (…) Se deben imponer sanciones en el caso de infracciones al deber de neutralidad y a la libertad de los votantes a formarse una opinión” (Sección I, 3.1.d y f).

En Cataluña las autoridades de la Generalitat publican encuestas tendenciosas del CEO, y financian con millones de euros a la ANC, AMI, Òmnium, a 95 medios digitales, 226 publicaciones impresas, 19 emisoras de radio y 21 emisoras de TV, sin contar la CCRTV. Tot molt objectiu i neutral.
Debe organizarse por un órgano imparcial: “Un órgano imparcial debe estar a cargo de la organización del referéndum” (Sección II, 3.1.a).

En Cataluña el encargado es el Pacto por el Referéndum, impulsado por la Generalitat separatista y dirigido por 8 separatistas confesos. Todo muy imparcial


Está prohibido a las autoridades usar fondos públicos para hacer campaña: “Debe prohibirse el uso de fondos públicos por parte de las autoridades con fines de campaña”


La Generalitat se ha gastado 20.000€ millones en divulgar el separatismo durante los últimos 36 años. A modo de ejemplo, el Grupo Godó recibe 15€ millones de subvenciones al año (Anna Gabriel dice); TV3 nos ha costado más de 4.000€ millones desde 2007. Cada año la Generalitat le regala 225€ millones de nuestro dinero. Todo con fondos públicos.

Las personas deben cumplir la ley: “Bajo el principio del estado de derecho, las personas no están exentas del cumplimiento de la ley. Esto aplica tanto a los aspectos procesales como a la sustancia delos textos sometidos a votación, los cuales deben cumplir con la ley superior. Los referendos legislativos deben, por lo tanto, cumplir con la Constitución; en las entidades federativas o regionales deben cumplir con la ley central del Estado” (Memorándum, nº32).

Carme Forcadell (presidenta del Parlament) está acusada de prevaricación y desobediencia, igual que Artur Mas (presidente) e Irene Rigau (consejera). Quico homs y varios concejales y alcaldes están también procesados por saltarse la ley. Todos muy legales.

Debe haber información de las consecuencias: “Para la emisión de un voto informado, es esencial que los electores estén informados de los efectos de sus votos” (Memorándum, nº53).

En Cataluña no existe debate serio sobre las consecuencias reales de la secesión. ¿Alguien se las ha explicado sin mentir, más allá de este vídeo de Borrell desvelando las mentiras de Junqueras, o de este otro donde la catedrática Freixes hace lo mismo con Quico Homs? Todo muy informativo.

O sea: si no es legal y no respeta el estado de derecho; si los políticos no cumplen la ley; si no hay información objetiva e igualdad en las campañas; si no está organizado por un órgano imparcial; si las autoridades financian la campaña; y si no hay información sobre las consecuencias, el referéndum está viciado y es una mala práctica la del Butifarrèndum

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