Después de 20.000 millones € "malgastados" en el butifarrèndum de la catalán, el CE anula cualquier acto o acuerdo en pro del independentismo
De nuevo, el Consejo de Europa derriba el butifarrendum de la Generalitat
El Código de Buenas
Prácticas Sobre Referendos (El Consejo de Europa tumba el butifarrèndum de la Generalitat
El Código fue adoptado, a requerimiento del Consejo de Europa, por el Consejo para Elecciones Democráticas en su 19ª reunión (Venecia, 16 de diciembre de 2006) y la Comisión de Venecia en su 70ª sesión plenaria (Venecia, 16-17 de marzo de 2007). Su objetivo es establecer “buenas prácticas” y “lineamientos para la celebración de referendos” en Europa.
El presidente fanático Puigdemont dice "referéndum o referéndum". Vemos que dice el Código de buenas prácticas europeo sobre los referéndums
Tiene que ser legal: “El uso de los referendos debe cumplir con el sistema legal en su totalidad, y especialmente con las normas procedimentales. En particular, los referendos no pueden celebrarse si la Constitución o una ley conforme a ésta no los estipula, por ejemplo, cuando el texto sometido a referéndum es una cuestión de competencia exclusiva del Parlamento” (Sección III, 1).
En Cataluña la resolución 263/XI se sitúa expresamente por encima de la ley, Artur Mas dice que “el Tribunal Constitucional no puede anular la voluntad de los catalanes”, la Generalitat apoya la quema de la Constitución en la televisión pública TV3, los socios de gobierno piden “quemar el Tribunal Constitucional”, y los partidos nacionalistas (incluido el PSC) montan manifestaciones contra la ley suprema encabezadas por el lema “Desobediència”. Tot molt legal.
Tiene que respetar el estado de derecho: “No deben ser contrarios a las leyes internacionales o a los principios normativos del Consejo de Europa (democracia, derechos humanos y estado de derecho)” (Sección III, 3).
En Cataluña la resolución 263/XI (BOP nº200) del Parlament habla de “desconexión con la legalidad del Estado español”, “mecanismo unilateral”, y “leyes no susceptibles de control, suspensión o impugnación por ningún otro poder”. Todo muy respetuoso con el estado de derecho.
Tiene que haber información objetiva y neutral: “Las autoridades deben proporcionar información objetiva. Esto implica que debe estar disponible para los electores (…) la misma cantidad de material de campaña, tanto a favor como en contra de la propuesta (…) Se deben imponer sanciones en el caso de infracciones al deber de neutralidad y a la libertad de los votantes a formarse una opinión” (Sección I, 3.1.d y f).
En Cataluña las autoridades de la Generalitat publican encuestas tendenciosas del CEO, y financian con millones de euros a la ANC, AMI, Òmnium, a 95 medios digitales, 226 publicaciones impresas, 19 emisoras de radio y 21 emisoras de TV, sin contar la CCRTV. Tot molt objectiu i neutral.
Debe organizarse por un órgano imparcial: “Un órgano imparcial debe estar a cargo de la organización del referéndum” (Sección II, 3.1.a).
En Cataluña el encargado es el Pacto por el Referéndum, impulsado por la Generalitat separatista y dirigido por 8 separatistas confesos. Todo muy imparcial
Está prohibido a las autoridades usar fondos públicos para hacer campaña: “Debe prohibirse el uso de fondos públicos por parte de las autoridades con fines de campaña”
La Generalitat se ha gastado 20.000€ millones en divulgar el separatismo durante los últimos 36 años. A modo de ejemplo, el Grupo Godó recibe 15€ millones de subvenciones al año (Anna Gabriel dixit); TV3 nos ha costado más de 4.000€ millones desde 2007. Cada año la Generalitat le regala 225€ millones de nuestro dinero. Todo con fondos públicos.
Las personas deben cumplir la ley: “Bajo el principio del estado de derecho, las personas no están exentas del cumplimiento de la ley. Esto aplica tanto a los aspectos procesales como a la sustancia delos textos sometidos a votación, los cuales deben cumplir con la ley superior. Los referendos legislativos deben, por lo tanto, cumplir con la Constitución; en las entidades federativas o regionales deben cumplir con la ley central del Estado” (Memorándum, nº32).
Carme Forcadell (presidenta del Parlament) está acusada de prevaricación y desobediencia, igual que Artur Mas (presidente) e Irene Rigau (consejera). Quico homs y varios concejales y alcaldes están también procesados por saltarse la ley. Todos muy legales.
Debe haber información de las consecuencias: “Para la emisión de un voto informado, es esencial que los electores estén informados de los efectos de sus votos” (Memorándum, nº53).
En Cataluña no existe debate serio sobre las consecuencias reales de la secesión. ¿Alguien se las ha explicado sin mentir, más allá de este vídeo de Borrell desvelando las mentiras de Junqueras, o de este otro donde la catedrática Freixes hace lo mismo con Quico Homs? Todo muy informativo.
O sea: si no es legal y no respeta el estado de derecho; si los políticos no cumplen la ley; si no hay información objetiva e igualdad en las campañas; si no está organizado por un órgano imparcial; si las autoridades financian la campaña; y si no hay información sobre las consecuencias, el referéndum está viciado y es una mala práctica la del Butifarrèndum
) rechaza el referéndum que
planea la Generalitat.
El Código fue adoptado, a
requerimiento del Consejo de Europa, por el Consejo para Elecciones
Democráticas en su 19ª reunión (Venecia, 16 de diciembre de 2006) y la Comisión
de Venecia en su 70ª sesión plenaria (Venecia, 16-17 de marzo de 2007). Su
objetivo es establecer “buenas prácticas” y “lineamientos para la celebración
de referendos” en Europa.
El presidente fanático
Puigdemont dice "referéndum o referéndum". Vemos que dice el Código
de buenas prácticas europeo sobre los referéndums
Tiene que ser legal: “El uso
de los referendos debe cumplir con el sistema legal en su totalidad, y
especialmente con las normas procedimentales. En particular, los referendos no
pueden celebrarse si la Constitución o una ley conforme a ésta no los estipula,
por ejemplo, cuando el texto sometido a referéndum es una cuestión de
competencia exclusiva del Parlamento” (Sección III, 1).
En Cataluña la resolución
263/XI se sitúa expresamente por encima de la ley, Artur Mas dice que “el
Tribunal Constitucional no puede anular la voluntad de los catalanes”, la
Generalitat apoya la quema de la Constitución en la televisión pública TV3, los
socios de gobierno piden “quemar el Tribunal Constitucional”, y los partidos
nacionalistas (incluido el PSC) montan manifestaciones contra la ley suprema
encabezadas por el lema “Desobediència”. Tot molt legal.
Tiene que respetar el estado
de derecho: “No deben ser contrarios a las leyes internacionales o a los
principios normativos del Consejo de Europa (democracia, derechos humanos y
estado de derecho)” (Sección III, 3).
En Cataluña la resolución
263/XI (BOP nº200) del Parlament habla de “desconexión con la legalidad del
Estado español”, “mecanismo unilateral”, y “leyes no susceptibles de control,
suspensión o impugnación por ningún otro poder”. Todo muy respetuoso con el
estado de derecho.
Tiene que haber información
objetiva y neutral: “Las autoridades deben proporcionar información objetiva.
Esto implica que debe estar disponible para los electores (…) la misma cantidad
de material de campaña, tanto a favor como en contra de la propuesta (…) Se
deben imponer sanciones en el caso de infracciones al deber de neutralidad y a
la libertad de los votantes a formarse una opinión” (Sección I, 3.1.d y f).
En Cataluña las autoridades
de la Generalitat publican encuestas tendenciosas del CEO, y financian con
millones de euros a la ANC, AMI, Òmnium, a 95 medios digitales, 226
publicaciones impresas, 19 emisoras de radio y 21 emisoras de TV, sin contar la
CCRTV. Tot molt objectiu i neutral.
Debe organizarse por un
órgano imparcial: “Un órgano imparcial debe estar a cargo de la organización
del referéndum” (Sección II, 3.1.a).
En Cataluña el encargado es
el Pacto
por el Referéndum, impulsado por la Generalitat separatista y dirigido por 8
separatistas confesos. Todo muy imparcial
Está prohibido a las
autoridades usar fondos públicos para hacer campaña: “Debe prohibirse el uso de
fondos públicos por parte de las autoridades con fines de campaña”
La
Generalitat se ha gastado 20.000€ millones en divulgar el separatismo durante
los últimos 36 años. A modo de ejemplo, el Grupo Godó recibe 15€ millones de
subvenciones al año (Anna Gabriel dice); TV3 nos ha costado más de 4.000€
millones desde 2007. Cada año la Generalitat le regala 225€ millones de nuestro
dinero. Todo con fondos públicos.
Las personas deben cumplir
la ley: “Bajo el principio del estado de derecho, las personas no están exentas
del cumplimiento de la ley. Esto aplica tanto a los aspectos procesales como a
la sustancia delos textos sometidos a votación, los cuales deben cumplir con la
ley superior. Los referendos legislativos deben, por lo tanto, cumplir con la
Constitución; en las entidades federativas o regionales deben cumplir con la
ley central del Estado” (Memorándum, nº32).
Carme Forcadell (presidenta
del Parlament) está acusada de prevaricación y desobediencia, igual que Artur
Mas (presidente) e Irene Rigau (consejera). Quico homs y varios concejales y
alcaldes están también procesados por saltarse la ley. Todos
muy legales.
Debe haber información de
las consecuencias: “Para la emisión de un voto informado, es esencial que los
electores estén informados de los efectos de sus votos” (Memorándum, nº53).
En Cataluña no existe debate
serio sobre las consecuencias reales de la secesión. ¿Alguien se las ha
explicado sin mentir, más allá de este vídeo de Borrell desvelando las mentiras
de Junqueras, o de este otro donde la catedrática Freixes hace lo mismo con
Quico Homs? Todo muy informativo.
O sea: si no es legal y no
respeta el estado de derecho; si los políticos no cumplen la ley; si no hay
información objetiva e igualdad en las campañas; si no está organizado por un
órgano imparcial; si las autoridades financian la campaña; y si no hay
información sobre las consecuencias, el referéndum está viciado y es una mala
práctica la del Butifarrèndum
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